El Economista
Washington. Funcionarios de Donald Trump defendieron ayer domingo 23 de marzo, su uso de poderes de guerra extraordinarios para deportar a decenas de migrantes, a pesar de que un juez bloqueó la medida y Venezuela negó las afirmaciones estadounidenses de que los expulsados eran miembros de pandillas.
«Es una guerra moderna, y vamos a seguir luchando contra eso y proteger a los ciudadanos estadounidenses», dijo la fiscal general Pam Bondi en la cadena Fox News.
Bondi señaló que la decisión de deportar a El Salvador a 137 migrantes venezolanos el pasado fin de semana estaba justificada porque eran miembros de la temida banda Tren de Aragua y suponían un riesgo para la seguridad.
David Super, profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown, señaló a Reuters que Trump “está haciendo un movimiento muy agresivo para expandir los poderes presidenciales a expensas de las otras dos ramas del Goberno”, en referencia al legislativo y judicial.
El juez James Boasberg dijo el viernes que continuaría investigando si el Gobierno violó su orden de bloquear temporalmente el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para las deportaciones, después de que no logró que los dos vuelos que transportaban a los venezolanos volvieran a territorio estadounidense.
“Jueces activistas”
Pero el «zar» fronterizo Tom Homan declaró a ABC News que a los venezolanos se les había concedido el debido proceso, de acuerdo con las leyes vigentes.
Homan dijo que no desafiaría la orden de Boasberg, pero reiteró: «vamos a seguir deteniendo las amenazas a la seguridad pública y las amenazas a la seguridad nacional», dijo Homan. «Seguiremos persiguiendo a lo peor de lo peor».
Bondi criticó a los jueces por interferir con la agenda del Gobierno federal.
«Estamos en los tribunales todos los días, peleando contra estos jueces activistas. No vamos a parar. Muchos de ellos deberían ser recusados de estos casos», señaló. «Serán recusados de estos casos.
Jessica Silbey, profesora de Derecho de la Universidad de Boston declaró a El País que “cuando las personas elegidas para defender el Estado de derecho desafían abiertamente el significado de las leyes, estamos en una crisis constitucional”.
