HABLANDO Y ESCRIBIENDO
DE LOS CERESOS, COMO FUENTE DE INGRESOS FRESCOS
POR ERNESTO AVILÉS MERCADO
Uno de los más graves problemas que tenemos como sociedad en Chihuahua, es el relacionado con la presencia de bandas delictivas, que operan a lo largo y ancho de la entidad, con puntos específicos de mando coordinación y operatividad, establecidos en los CERESOS, que no han sido desmantelados por parte de la Fiscalía General del Estado.
Estos operan desde los centros de reclusión, desde donde se generan las ordenes tanto para el tráfico y comercialización de drogas, como para otras acciones delictivas, que tienen que ver, con extorsiones, hasta con asesinato de personas y otras actividades generadoras de violencia.
Para un numero importante de personas que son detenidas y que tienen que ver con delincuencia organizada, el permanecer recluidos dentro de los CERESOS, les ha permitido continuar operando a través de redes de distribución, las cuáles son coordinadas a través de teléfonos, incluso satelitales, mediante sobornos y acciones de corrupción, sin que la autoridad, haya sido capaz de evitar estas operaciones.
A pesar de que más de 90% de las personas que son ingresadas a un centro de reclusión, manifiesta su adicción a diferentes drogas, no existen programas que tengan como propósito el deshabituarlos a su consumo; la carencia de programas orientados a la reincorporación de estas personas a la vida productiva, una vez que hayan cumplido su condena, no satisfacen los propósitos para los que fueron creados, ya que la permanencia en reclusión con personajes de mando dentro de la cadena delictiva, que operan con total impunidad dentro de estos centros de reclusión, les permite reclutarlos y adiestrados en las cárceles para que operen como integrantes de bandas delictivas, una vez que hayan alcanzado su libertad.
La organización de las Naciones Unidas a través de la oficina contra las drogas y el delito, ha establecido desde el 2013, la guia de introducciòn a la prevencion de la reincidencia y la reintegración social de los delincuentes, mediante la implementación de acciones y programas que el Estado Mexicano, se ha comprometido a establecer en todos y cada uno de los centros de reclusión; sin embargo, en la mayoría de los CERESOS, particularmente en Chihuahua, no existen, ni siquiera figuran entre los planes o proyectos a realizar.
Para nadie es un secreto, que la vida para un interno de bajos recursos económicos, es un calvario, porque todo cuesta y nada es gratuito, por lo que quienes reciben apoyos económicos externos, como en el caso del crimen organizado, son los que aprovechan para operar con total impunidad desde el interior, además de gozar de todos los beneficios que el dinero les puede representar.
Es un secreto a voces que las concesiones de tarjetas de teléfono, de la comida, del alcohol y drogas que se distribuyen en el interior, representan ganancias directas por encima de los dos millones de pesos por semana, cantidad que es repartida entre la superioridad, pero mínimamente la mitad; es decir, un millón, se canaliza a la oficina de quien esta al frente de la institución.
Miguel Sarre, uno de los más reconocidos catedráticos y conocedores de la realidad que se vive en los CERESOS del país, además de haber sido integrante del grupo de redactores de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, destaca que cuando existe una total tranquilidad en un centro de reclusión, representa que esta siendo gobernado por los grupos delincuenciales que se encuentran recluídos; por supuesto el grupo mayoritario, es que tiene las mayores canongías y privilegios, caso contrario, cuando se presentan brotes de motin, es cuando la autoridad esta tomando el control del centro.
La Fiscalía General del Estado, es una gran institución que debe permanecer ajena a las circunstancias políticas de los gobernantes; no debe ser utilizada por los mandatarios en turno, para llevar a cabo acciones al margen de la ley, pero sobre todo, no debe ser encabezada por quienes busquen aprovecharla para satisfacer sus propósitos de proyección personal o como trampolín político.
La falsa creencia de que importar personajes con antecedentes de carrera policial en organismos nacionales, constituyen la mejor estrategia para enfrentar con éxito a la delincuencia local, es una falacia que se comprueba con la percepción social y se demuestra con las cifras reales.
No puede haber fiscal general del Estado con más de 150 mil pesos mensuales de sueldo, cuando los agentes del ministerio público en promedio, reciben 14 mil cada mes; mucho menos que el salario de un policía investigador, ni tampoco lo que recibe un defensor público.
Ojalá y las cifras dadas a conocer el día del informe, por parte del fiscal Cesar Peniche, fueran reales y que todo fuera verdad, porque una mentira contada muchas veces dentro del palacio de Gobierno, no siempre corresponde a la verdad….
