HABLANDO Y ESCRIBIENDO
DE LA JUSTICIA EN ESTADOS UNIDOS
POR ERNESTO AVILES MERCADO
Genaro García Luna, el que un día fuera uno de los hombres más importantes de México, el encargado de dirigir la lucha contra el narcotráfico durante el Gobierno de Felipe Calderón fue declarado en la ciudad de Brooklyn Nueva York culpable de todos los cargos por los que se le juzgaba.
Un jurado integrado por ciudadanos estadounidenses, escucho las declaraciones de los testigos de cargo, la totalidad de ellos, personas convictas que cumplen condenas en cárceles del vecino país y que aprovecharon el ofrecimiento de la fiscalía para atestiguar en contra de Garcia Luna y de esa forma alcanzar un beneficio de reducción en su condena.
Una de las formas que permite la justicia americana, es la de ser juzgado por un grupo de personas que sin contar con formación de juristas o tener conocimientos de procedimientos legales, se dan cuenta por medio de sus sentidos del desarrollo del proceso, escuchan las preguntas y respuestas del fiscal y la defensa, y advierten las posturas de los testigos ante los interrogatorios.
La función del juez, que, si es un perito en derecho, es la conducción del proceso, mantener el orden y establecer se desahogue, únicamente lo que les permitirá a los integrantes del jurado, resolver la causa penal por la que se está juzgando.
El caso de Genaro García Luna llama la atención del porque no fue juzgado aquí en México por parte del gobierno actual; porque tuvo que esperar que fuera un gobierno extranjero, quien lo llevara ante la justicia de aquel país, cuando siempre se tuvo la certeza de su responsabilidad aquí en México.
En contraste, la progresividad de los derechos humanos y la integración que tiene nuestro país a los tratados internacionales obliga a las autoridades jurisdiccionales a resolver todos los asuntos en base a lo que se establece en nuestra norma interna, pero cuando esta norma, ofrece menos beneficios para los procesados que la que se establecen en los tratados y jurisprudencias de la CIDH, se estará a estas últimas.
Un ejemplo claro de esto se tuvo con la liberación del menor que ataco a su novia con una navaja en el municipio de Camargo o en el más reciente, donde una persona acusada de asaltar a una institución bancaria por medio de un arma de fuego, no le fuera impuesta la medida cautelar de prisión preventiva, por contar con arraigo en la ciudad.
En estos dos casos, los juzgadores actuaron apegados a Derecho, porque existen acuerdos firmados por nuestro país, primero en materia de menores de edad, donde la medida cautelar de prisión preventiva, no procede en las circunstancias en las que fue solicitada por el ministerio público, mientras que en el caso del asalto bancario, tampoco el Ministerio Publico justifico la necesidad de imponerle esta medida.
La reciente sentencia emitida en contra de nuestro país por parte de la CIDH, obliga a los Ministerios públicos a justificar la solicitud de esta medida; es decir, ya no es solamente pedir que se le dicte prisión preventiva, solamente porque se encuentra dentro del catálogo del articulo 19 constitucional, sino que se debe de justificar que no hay otra medida para asegurar la presencia del imputado a juicio, que no obstaculizara el desarrollo del proceso, y que además, no representa un peligro para las víctimas y testigos.
En estas circunstancias, la función de la fiscalía es cada vez más importante, de una mayor responsabilidad social, de una necesidad de capacitación permanente, de una profesionalización cada vez más completa, pero sobre todo, de una mayor justicia en materia de remuneración económica y de prestaciones, porque cada día son más las responsabilidades y el salario permanece congelado desde hace años.
Ojalá, la fiscalía y el gobierno del Estado tome en cuenta estas circunstancias y actúe en consecuencia, ojalá.
INFORME DE LA MAGISTRADA PRESIDENTA
El mejor evento que se haya tenido en las últimas semanas en el Centro de Convenciones, sin duda fue el encabezado por la titular del Poder Judicial, Myriam Hernández Acosta.
Contando con la presencia de la gobernadora Maru Campos, de los personajes más representativos de nuestra sociedad, empresarios, comerciantes, lideres religiosos, colegios de abogados y particularmente los colaboradores del poder judicial de todo el Estado, escucharon atentamente el informe que dio cuenta de todo lo realizado, desde la pandemia a la fecha, sin retoque ni maquillaje, con datos duros y llamando las cosas por su nombre.
Después de un quinquenio de total oscurantismo, donde la pretensión política del gobernador Javier Corral, puso en predicamento las actividades de administración de justicia, al impulsar a un personaje enemigo del Poder Judicial que se había destacado por su permanente ataque a la institución y a quienes trabajan en el.
Muchas cosas se pueden disculpar a Javier Corral, menos el que haya pretendido tomar por asalto al Poder Judicial, mismo que hoy está representado por Myriam Hernández Acosta y la evaluación que se haga de su administración, sin duda robustecerá su valoración en la historia por ser la primera mujer en el Poder Judicial con 197 años de haberse creado.
*ABOGADO POSTULANTE E INTEGRANTE DE LA FECHCA Y LA AECHIH
—
