La audiencia contra la candidata a la gubernatura por el PAN, se suspendió a fin de que todas las partes cuenten con la información necesaria para llevarla a cabo El Tribunal Superior de Justicia del Estado, suspendió la audiencia de formulación de cargos en contra de María Eugenia Campos Galván a petición del representante del Ayuntamiento de Chihuahua, Rafael Alejandro Corral Valverde quien solicitó la carpeta de investigación y tiempo para analizar dicha información.
uez de control, Edgar Oswaldo Torres Sandoval concedió un plazo de 30 días para que se reanudara la audiencia inicial, bajo la causa penal 3022/2020, a fin de que todas las partes cuenten con la información necesaria para llevar a cabo la audiencia inicial, que se suspendió este martes 16 de marzo.
Al momento María Eugenia Campos, cuenta con cuatro abogados particulares quienes le llevan la defensa del caso que le sigue la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y acordaron reanudar las actividades para el día 16 de abril, para poder celebrar una nueva audiencia en contra de la también candidata a la gubernatura.
Según la carpeta que mantiene la Fiscalía Anticorrupción, la investigación consta de por lo menos 18 tomos de 300 fojas cada tomo, por lo cual concentra más de 5 mil fojas que deberá analizar el representante del municipio para dar paso al proceso penal.
Hasta el momento ninguna de las dos causas penales que le siguen a María Eugenia Campos, ha podido iniciar a través de una audiencia, ya que se han tramitado por lo menos siete amparos ante juzgados federales y se han aplazado en por lo menos seis ocasiones a petición de los abogados y ahora por el representante del ayuntamiento.
Francisco Molina Ruiz, abogado de Maru Campos informó que el juez de control le ordenó al Ministerio Público entregar las copias certificadas del expediente completo a la presentación del Municipio luego de la audiencia que pospusieron por un mes. «Aquí llamaría mucho la atención que el procedimiento lo haya iniciado la autoridad investigadora sin ni siquiera tener la denuncia del propio Municipio, porque, esta denuncia comprende supuestos delitos que deberían de haber importado desde un principio, no hasta ahorita la participación del Municipio”, declaró. Sin embargo el abogado aseguró que no existe razón para dudar de dicho procedimiento, ya que fue público y se hizo en las condiciones de la Ley de Adquisiciones y el licitante que participó juntos con otros, sin ser una asignación directa. También indicó que el Ministerio Público vio que dos personas acudieron ante esa representación social a renunciar a una serie de afirmaciones que habían realizado. Añadió que remediarán el defecto de esa omisión y espera que la carpeta esté debidamente integrada en la carpeta de investigación para que el Municipio manifieste si de verdad existe alguna situación que haya generado perjuicio.