La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, dijo que «la gran tarea que tenemos por delante es impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria»
POR AGENCIA REFORMA
Madrid, España.- La crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus podría dejar a más de 80 millones de personas en situación de extrema pobreza al cierre de 2020 en América Latina y el Caribe, según ha advertido este martes la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en un informe.
«Producto de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, la población en condiciones de pobreza extrema en América Latina y el Caribe podría llegar a 83,4 millones de personas en 2020, lo que implicaría un alza significativa en los niveles de hambre, debido a la dificultad que enfrentarán dichas personas para acceder a los alimentos», han indicado los dos organismos de la ONU en un comunicado.
La FAO y la CEPAL calculan que el subcontinente americano «podría ver la mayor caída del PIB regional en un siglo (-5,3%), lo que traerá en 2020 un aumento de la pobreza extrema de 16 millones de personas con respecto al año anterior, sumando 83,4 millones en total». En concreto, han augurado que «el impacto sobre el hambre será muy significativo», puesto que, según datos de 2016-2018, ya hay 53,7 millones de personas en inseguridad alimentaria.
«Los efectos de la crisis ya son visibles en los sistemas alimentarios», han indicado, explicando que el aumento del desemplo y la consecuente reducción de ingresos, sumados a que «los precios internos de los alimentos están subiendo más que el precio de otros productos de la canasta básica» (cesta de la compra), ha propiciado que «millones de personas no están pudiendo adquirir suficientes alimentos y muchas otras están teniendo que optar por alimentos más baratos y de menor calidad nutricional».
A LAS PUERTAS DE «UN RETROCESO HISTÓRICO»
Así las cosas, «la gran tarea que tenemos por delante es impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria», ha dicho la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.
En la misma línea se ha expresado el representante regional de la FAO, Julio Berdegué. «En América Latina podemos tener un retroceso histórico en la lucha contra el hambre. Podemos perder lo que hemos logrado en quince años en tan sólo un par de meses. Millones de personas pueden caer en el hambre. Esa es la gravedad del problema actual», ha dicho.
Bárcena ha propuesto «complementar el Ingreso Básico de Emergencia (IBE) con la entrega de un Bono contra el Hambre (BCH)» que, de acuerdo con el informe, «podría materializarse en la forma de transferencias monetarias, canastas o cupones de alimentos a toda la población en situación de pobreza extrema por un período de seis meses, equivalente al 70% de la línea de pobreza extrema regional –47 dólares de 2010–«.
El Bono contra el Hambre tendría un coste para el PIB regional del 0,06%, si se entrega únicamente a la población en pobreza extrema mayor de 65 años, o del 0,45%, si se da cobertura a toda la población en pobreza extrema». La CEPAL y la FAO han recomendado la segunda opción, que cifran en 23.500 millones de dólares.
También han planteado «un incremento de al menos un 20% de la cartera promedio de créditos de los últimos tres años» para los productos del sistema alimentario, unos 5.500 millones de dólares en créditos en condiciones favorables financiados por «una línea especial de la banca multilateral y de las bancas de desarrollo».
«Para las unidades agrícolas familiares más rezagadas», han abogado por «un kit básico de inversión –250 dólares– con un coste de 1.700 millones de dólares en la escala regional».
Estas medidas forman parte del decálogo elaborado por la FAO y la CEPAL en su informe ‘Cómo evitar que la crisis del COVID-19 se transforme en una crisis alimentaria: Acciones urgentes contra el hambre en América Latina y el Caribe’.
Sus otras sugerencias son «reforzar los programas de alimentación escolar», «apoyar las iniciativas de asistencia alimentaria de las organizaciones de la sociedad civil», «asegurar la financiación, la asistencia técnica y el acceso a insumos y mano de obra a los agricultores y pescadores artesanales», «impedir que los mercados mayoristas y minoristas y las agroindustrias se cierren o disminuyan sus operaciones» y «expandir y garantizar el funcionamiento de los programas de apoyo a la producción de autoconsumo».
Ya en términos generales, han abogado por «continuar con las políticas que han mantenido abierto el comercio mundial de alimentos, en particular evitando medidas proteccionistas que aumenten el precio de los alimentos».
América y particularmente América Latina y el Caribe se han convertido en el nuevo foco de la pandemia a nivel mundial. De acuerdo con cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la región cuenta ya cerca de cuatro millones de casos de coronavirus, incluidas más de 200.000 muertes.