CRIMEN SEXENAL PENDIENTE
POR ERNESTO AVILÉS MERCADO*
Cuando se habla de la efectividad de un gobernante, que en el cumplimiento de su responsabilidad ha sabido sortear problemas, generar confianza entre la ciudadanía y sobre todo responder con acciones a las expectativas sociales, se puede concluir que su administración no ha sido mala.
En el caso del presidente AMLO, su gobierno ha sido de grandes contrastes, de claroscuros y de opiniones encontradas, que han construido, a lo largo de estos últimos 6 años, una radicalización de posturas sociales, donde se ha entendido que la democracia no es un gobierno para todos, sino un gobierno para las mayorías únicamente.
En esta semana que termina, se cumplieron los primeros 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, sin que se tengan más datos sobre la localización de sus restos; coincide con la terminación del periodo de gobierno de López Obrador, quien al inicio de su administración se había comprometido con los padres de estos jóvenes, de hacer todo lo que estuviera a su alcance para dar con el paradero de los cuerpos, ya que todo apunta que fueron asesinados, además de investigar hasta sus últimas consecuencias para castigar a los responsables.
Sin embargo, a decir de los propios afectados, esta intención del presidente, estuvo marcada por la cerrazón de los militares para abrir sus cuarteles, dejando que solamente se culparan a los grupos criminales, además de las deficiencias de la primera investigación encabezada por Murillo Karam, quien aún se encuentra detenido.
En materia de Salud, una de las principales fallas fué la mala estrategia que se tuvo frente a la pandemia que cobró la vida de más de 630 mil personas, muchas de ellas por una falta de planeación adecuada, por parte del Gobierno Federal.
La falta de recursos para las instituciones IMSS, ISSSTE y a los Estados para que atendieran con sus propias estructuras médicas a la población, generó también que el número de fallecimientos se incrementará en cada entidad de la República.
La canalización de los recursos del gobierno federal para la construcción de las obras emblemáticas del gobierno de la IV T, tanto la refinería Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles y la creación de toda la infraestructura del tren Maya, que en su construcción se aumentaron 4 veces su valor estimado inicialmente, terminó por gastarse todos los recursos que le correspondían a los Estados, provocando que el ayuno de obras en las entidades haya sido una constante.
En materia de seguridad, la política implementada por el gobierno de López Obrador, generó un crecimiento exponencial en la diversidad de estrategias de las bandas criminales para allegarse recursos económicos, ya que anteriormente era la producción y comercialización de drogas como la mariguana y la heroína, y más recientemente la producción de fentanilo, pero además el cobro de piso, las extorsiones y las cuotas de producción a comercios, la tala ilegal de madera, así como las cuotas para permitir que trabajen los centros mineros.
En contraste, los incrementos en los salarios mínimos, por encima de la inflación, ha permitido a los trabajadores contar con más capacidad adquisitiva, los apoyos a las personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y jóvenes construyendo el futuro, le permitió al gobierno federal mantener votos cautivos a través de estos apoyos, con un costo extraordinario que generó también que la deuda que tiene el gobierno federal esté por encima de los 3 billones de pesos.
Las condiciones en las que tomará el control del país, la presidente electa Claudia Scheiumban, no son, ni por mucho, las más adecuadas para el inicio de su gobierno, sin embargo, existe una gran confianza en que las acciones que inicie vayan encaminadas a buscar la unidad de la sociedad, generar la confianza de los inversionistas, así como el mejoramiento de las instituciones …ojalá.
FISCALIA Y SEGURIDAD PÚBLICA
En los saldos del gobierno federal para Chihuahua no se contó con acciones de combate a la delincuencia organizada; por el contrario, se presentó un gran empoderamiento de las bandas que operan en la entidad, por la permisividad que se les ofreció.
El huachicol hasta el tope, grupos delictivos haciendo lo que quieren, homicidios diariamente, desplazamientos de grupos sociales en la sierra para dejar paso a la delincuencia organizada, cortes ilegales de madera a pie de carretera o lugares accesibles sin estudios dasonómicos, venta y traslado de madera ilegal, extorsión a productores, comerciantes y distribuidores, las mineras pagando cuotas como impuestos, tanto en dinero como en recursos, con un silencio a gritos de las mineras, pero de oídos sordos para las autoridades.
No hay registro de empresarios gasolineros que hayan sido acusados por la compra de huachicol, es un robo al país, a las ganancias del Estado, que se queda -una parte- en las bolsas de los empresarios y la otra en las autoridades corruptas.
Estos nuevos empresarios se promueven para convertirse en líderes de organismos de tradición empresarial, contando a veces con la complicidad de todos los agremiados, que temerosos, aun teniendo conocimiento de lo ilícito de la procedencia del capital, prefieren no decir nada y convertirse en cómplices.
El CNPP está redactado para atender delitos individuales y relativamente de poca monta, pero no para el crimen organizado, las detenciones que podrían encajar plenamente con delincuencia organizada, son procesados con el código nacional, pero no con la Ley adecuada, como la Ley Federal para Delincuencia Organizada, que es un Elefante Blanco Reumatico que no ha caminado.
Sobre la Guardia Nacional, un curso de tres meses no cambia la formación castrense, por naturaleza de respuesta letal.
Es importante su ayuda y colaboración, pero que no lleven el mando, porque no saben, en guerras sí, pero en materia de prevención y seguridad pública no.
Con la jurisdicción militar obligatoria para cualquier conflicto se genera impunidad y de eso desde el crimen de Jessica Silva en Delicias, donde los militares que dispararon en su contra -se asegura -, se encuentran en completa libertad.
Patético el secretario Gilberto Loya reclamando a la juez de control, cuando dejaron las carpetas listas para que los soltaran; sus policías se creen muy listos, pero necesitan de la dirección de un ministerio público que los coordine.
Nunca se habían visto audiencias privadas para soltar a detenidos.
Ni tampoco el otorgamiento de criterios de oportunidad a personajes con antecedentes de delincuencia organizada
En Justicia Alternativa a las víctimas se les paga en abonos y correteados, sin ningún tipo de interés, los vuelven a revictimizar cada vez que los citan.
El jefe de la policía Estatal, tiene más poder que el fiscal, porque anda en las calles y sabe de los movimientos, cuando lo correcto, es que la policía dependa del fiscal
La rotación de Ministerios Públicos empantanan el camino de las carpetas.
Tres coordinadoras en Zona Centro son excelentes: Patrimoniales, Robos y Daños, a pesar de no contar con el apoyo integral de sus policías, que investigan cuando tienen tiempo, mientras que otros, como en la FEM, tienen que esperar los vehículos de la misma fiscal, el del trabajo y el personal, para realizar su actividad de investigación, porque el único vehículo que tenían, se los quitó
Los cientos de vehículos decomisados, que nadie reclama, que tienen años en los corralones, deberían de rematarlos o subastarlos para poder comprar nuevos para los investigadores.
*ABOGADO LITIGANTE, MIEMBRO DE LA FECHCA Y DE LA AECHIH
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