HABLANDO Y ESCRIBIENDO
CORRUPCIÓN, OPACIDAD Y REFORMAS
POR ERNESTO AVILÉS MERCADO*
Con respeto y admiración a la integridad de la jueza Sylvia Padilla
Mal empieza la semana para los que ahorcan el lunes, o el martes…
El aseguramiento judicial de dos inmuebles, por parte de la Fiscalía Anticorrupción, uno de ellos donde vivía el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, un día después de haber solicitado licencia para separarse de su cargo y buscar la reelección, mediante un operativo extraordinario con más de 30 elementos policiacos fuertemente armados, ha sido la respuesta institucional para 11 denuncias presentadas por enriquecimiento ilícito.
Como es del conocimiento público, el embargo precautorio obsequiado por un juez de control, permitió que dos menores de edad y una mujer adulta, fueran expulsados violentamente del domicilio que ocupaba Cruz Pérez Cuellar, cuando el alcalde con licencia iba en trayecto a la ciudad de Parral.
Daniel Simón Pando Morales, es el propietario de los dos inmuebles asegurados, y a decir del fiscal anticorrupción Abelardo Valenzuela, el valor de las casas no corresponde a los ingresos reportados por esta persona que durante 6 años había sido funcionario público municipal.
No hagas cosas buenas que parezcan malas, aunque el argumento legal dado a conocer por el fiscal Abelardo Valenzuela, se encuentra sustentado en derecho, la situación política es la que más ha llamado la atención del aseguramiento de los inmuebles.
Las denuncias presentadas por organizaciones de la sociedad civil e investigaciones periodísticas, aportaron el indicio suficiente para presumir la probable comisión de un delito, sin embargo, muchos nos preguntamos sobre el resultado de las denuncias presentadas con anterioridad, en contra del ex gobernador Javier Corral, que a lo largo y ancho del país, se pasea con total impunidad, sin que se le haya girado siquiera un citatorio para que declare sobre el actuar de su secretario de finanzas que está declarado prófugo de la justicia, o el ex secretario de salud, a quien, hasta donde se sabe, se le ha ofrecido un criterio de oportunidad para que aporte más elementos en contra de quien o quienes eran sus superiores jerárquicos.
Es claro que la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción, no responde a cuestiones políticas, pero es indudable que las consecuencias tendrán un efecto en el presente proceso electoral, ya que no hay que olvidar que fue la misma forma en la que Javier Corral actuó en contra de la hoy Gobernadora Maru Campos, quien aprovechó espléndidamente su calidad de víctima para encabezar la preferencia electoral que la llevaría a la gubernatura del Estado.
Este proceso electoral es determinante para mantener la gobernabilidad en el Estado, ya que en caso de que se pierda el control del Congreso, los legisladores mantendrían una postura de rechazo permanente al actuar de la gobernadora, exactamente igual a lo que pasó con Javier Corral en la última parte de su gobierno.
El miedo no anda en Burro y la Fiscalía Anticorrupción, de plano no ha encontrado alguna irregularidad en el expediente de Javier Corral o no lo quieren tocar ni con el pétalo de una rosa, porque se presume que en caso de repetir MORENA en la presidencia de la República, Corral será sin duda el homólogo de Abelardo Valenzuela, sólo que a nivel nacional y con los dientes muy afilados…..Se confirma aquello de que los carniceros de hoy, serán las reses del mañana
REFORMAS INCONSTITUCIONALES
Toda reforma debe atender las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Mexicano y el principio de progresividad; las reformas a las leyes de Amparo y Amnistía, comprometen el acceso a la justicia, la protección de los derechos humanos, el combate a la impunidad y el abuso de poder.
La reforma a la ley de amparo, prácticamente nos regresa al siglo XIX, porque pretenden echar abajo toda una línea jurisprudencial derivada de las reformas del 2011, cuando el amparo ha servido para evitar despojos, dotar de medicamentos, educación, salud y beneficios sociales importantes, mediante la suspensión, que ahora también se restringe.
Los legisladores morenistas, no han tomado en cuenta la opinión de juristas, colegios y barras de abogados y han aprobado reformas que impidan que los jueces de amparo, puedan impedir mediante la solicitud de una persona, que su esfera de derechos, que esta siendo afectada por el primer acto de una ley, pueda detenerse, hasta en tanto no se resuelva sobre su constitucionalidad.
La suspensión puede concederse solamente para quien promueva el amparo y evidentemente, este juicio solamente podrá ser costeado por quien pueda pagarlo.
Sobre el fondo de pensiones para el Bienestar, la cantidad de 44 mil MDP, no será suficiente para alcanzar lo que aseguran se busca alcanzar, como sería el que los pensionados reciban el 100% del monto con el que se jubilaron, ya que ni siquiera aparece este término en la reforma.
Sobre la aprobación de la reforma para la Ley de Amnistía, el congreso le otorga al presidente un cheque en blanco para que el ejecutivo federal pueda indultar o dejar en libertad a quien haya sido sentenciado, quien esté en proceso de juicio o que se le siga un procedimiento penal, sin que se comente absolutamente nada sobre los derechos de las víctimas.
*ABOGADO LITIGANTE, MIEMBRO DE LA FECHCA Y DE LA AECHIH
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