Se abre la Cloaca de Corrupción en el departamento de Educación Superior de gobierno del Estado
Eduardo Arredondo Delgado
El extitular de la secretaria de Educación y Deporte, Carlos González Herrera de forma comodina, irresponsable y hasta cruel omitió otro caso más de corrupción, discriminación y tráfico de influencias en perjuicio de una funcionaria, quien lleva quince años ininterrumpidos de servicio.
El hecho que causó conmoción y malestar dentro de la comunidad del magisterio, se registró ahora en el Departamento de Educación Superior de Gobierno del Estado que hasta el día de hoy encabeza, Braulio Cañas Martínez.
Sin ningún escrúpulo y carente de toda ética, Cañas Martínez intentó desplazar y despedir sin fundamento a la funcionaria, Margarita Ávila Anchondo, acusándola de plagio (robo de propiedad intelectual). Con alevosía y ventaja tramó el siniestro plan sin escatimar recursos (¿públicos?) cuando la funcionaria se encontraba tomando un permiso laboral y “casualmente “a días de concluir la administración Corralista.
Aun y cuando Cañas Martínez ejerció su poder e influencia, su intento fracasó. Casi de inmediato, la situación fue desmentida categóricamente luego que la funcionaria y personal del sindicato de la Sección No 42 presentaran las pruebas correspondientes en tiempo y forma.
De acuerdo a una larga investigación, Cañas Martínez engolosinado por el poder efímero que le concedió Liliana Rojero, ex subsecretaria de Educación y Deporte favorece intereses personales y protege a funcionarias que rompen todo protocolo laboral y que siguen extrañamente laborando en la oficina de la calle Bogotá a pesar de ciertas irregularidades. Tal es el caso de Alejandra López Rubio, una secretaria que llegó al departamento de Educación Superior bajo circunstancias poco claras y puesta previamente a disposición (por una conducta errática aseguran testigos). Rompiendo las normas establecidas, López Rubio ostenta dos trabajos en el mismo horario y Carmen Isela Bustamante Ochoa, otra trabajadora de la oficina, de idéntica forma, amónala en cuanto a los protocolos profesionales se refiere, no puede cumplir con ambos horarios, el de la Escuela Secundaria ESFER y el de la Bogotá. Hasta ahora la directora del Colegio, ESFER, Lucía Monserrat García Serrato, no se ha pronunciado ante esta alteración laboral que según maestros de esa escuela es “Intolerable”.
Sin embargo las dos funcionarias han sido “toleradas” por estas y otras faltas administrativas y en cambio a otros funcionarios que no son conocidos u favorecidos por el jefe en turno, se les ha minimizado y cuando ha sido necesario les ha caído todo “el peso de la ley” sin compasión, ya sea en la impuntualidad (retardos) llegadas de horario de entrada, salida y hasta permisos solicitados.
Un grupo de personas de la oficina, cuyas identidades fueron reservadas por temor a represalias, cansados por los abusos de autoridad se reunieron para mostrar su solidaridad con Ávila Anchondo y continuar apoyándola en el proceso de Aclaración del Caso.
Los afectados señalaron que es necesario se haga una investigación a fondo, y pidieron a la nueva administración resuelva cada una de las injusticias que ha padecido el personal. De sufrir posibles agresiones los quejosos responsabilizaron a Cañas Martínez como autor intelectual junto a sus acólitos.
Una fuente dijo que hay favoritismo, incluso en los respectivos cursos que mes tras mes se llevan a cabo como parte de las capacitaciones a los trabajadores. No todos son afortunados de ser los “elegidos” para recibirlos, si el jefe no quiere. Desprotegidos, unos crecen y otros pierden derechos.
Es decir son premiados los que se convierten en alfombra de Cañas Martínez. Esta situación incómoda, inaceptable propició una laceración en su economía y crecimiento profesional.
Otro punto donde la corrupción medra a expensas del compadrazgo son los despidos injustificados. Como lo que vivió Carolina Durán Hernández, otrora funcionaria del administrativo, quien durante más de veinte años en su quehacer profesional no pudo acceder a una plaza y después sufriendo una compleja enfermedad generada por la Pandemia requirió de una necesaria incapacidad que no fue bien vista en la oficina de la Bogotá y meses después sin ningún miramiento o justificación alguna fue despedida pese a la debilidad de sus salud. A las semanas de su destitución, misteriosamente esta plaza fue transferida a una persona cercana a Cañas Martínez, es decir Carmen Isela Bustamante, conocida como la “comadre”, quien en menos de seis meses ya poseía la plaza y según compañeros su desempeño laboral era dudoso y poco confiable. Se presumía que esta plaza era un premio a la “comadre” incomoda.
Por otro lado desde el edificio de enfrente, se filtró que Braulio Cañas Martínez tampoco cumple a cabalidad su horario laboral, ausentándose continuamente sin dar explicaciones, según testigos presenciales. Quizás por un acuerdo clandestino con el rector, Luis Fierro, porque tiene otros compromisos laborales que cumplir en la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH, al mismo tiempo según expuso un alumno de su clase.
Estos síntomas de enajenación por el poder, favores en lo oscurito y despidos injustificados, discriminación, son solo algunas piezas de una casi inacabable cauda de corrupción en esta y otras oficinas de la Secretaria de Educación y Deporte. No fue extirpado el tumor de la incompetencia y deshonestidad debido a la irresponsabilidad y opacidad tanto de Carlos González Herrera como Liliana Rojero, esta última quien al modo de “Caballito de Batalla”, bajo las órdenes del entonces gobernador, Javier Corral y Gustavo Madero se dedicó de tiempo completo a mortificar, inventar y a exhibir supuestos malos manejos de la otrora alcaldesa, María Eugenia Campos, hoy convertida en gobernadora electa, para desgracia del clan Corral.
Según trascendió, personal de la oficina y del sindicato de la Sección No 42 está en espera de conocer al nuevo secretario de Educación y Deporte (se presume será Javier González Mocken) para exponerle estas y otras manifestaciones de favoritismo, corrupción y discriminación, que deben ser erradicadas de forma inmediata.
Al momento del cierre, Carlos González ni Liliana Rojero han hecho pronunciamiento alguno, luego de buscar conocer su opinión en el penoso caso. Quizás ambos están en búsqueda de una nueva oportunidad laboral.
