El reciente escándalo en torno a los permisos del fraccionamiento Monte Xenit nos confronta con una realidad preocupante: la transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales en la gobernanza, especialmente en el sector inmobiliario. La diputada local Brenda Ríos ha señalado, con razón, la falta de claridad en estos procesos, lo que abre la puerta a la sospecha y a la crítica legítima.
Sin embargo, esta situación también nos invita a reflexionar sobre el papel que juegan tanto las autoridades como los desarrolladores. La respuesta contundente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) es un recordatorio de que las acusaciones deben estar respaldadas por pruebas concretas. La defensa de estos actores económicos no solo busca proteger su reputación, sino también subrayar su importancia en la economía local, generando empleo y promoviendo el desarrollo.
Este intercambio de acusaciones y defensas no es nuevo en la política mexicana. A menudo, la corrupción se convierte en un tema de campaña, utilizado para deslegitimar a oponentes sin un análisis profundo. Es fundamental que las críticas no se utilicen como herramientas políticas, sino que se basen en hechos verificables y en el interés genuino de mejorar la gestión pública.
Por otro lado, la colaboración entre el sector público y privado es esencial para lograr un desarrollo urbano sostenible y ético. Ambos deben trabajar de la mano, promoviendo la transparencia y la confianza entre la ciudadanía. Las decisiones sobre el uso del suelo y los permisos de desarrollo no deben ser solo una cuestión de negocios, sino una responsabilidad compartida que impacta la vida de los habitantes.
En este sentido, la llamada a la acción de Ríos es una oportunidad para establecer un diálogo constructivo. La exigencia de transparencia es válida y necesaria, pero también debe ir acompañada de un compromiso por parte de los actores involucrados para abordar cualquier irregularidad de manera seria y responsable.
En última instancia, la lucha contra la corrupción no es solo una cuestión de señalar errores, sino de construir un sistema más justo y accesible para todos. La ciudadanía merece saber que su entorno se está desarrollando de manera transparente y ética, y es responsabilidad de todos garantizar que así sea.