Dieciséis ejecutados en un fin de semana en la ciudad no es poca cosa, y mucho menos si se considera que aquí se encontraba la gobernadora Maru Campos reunida con el gabinete de Seguridad, pero aún así, los sicarios siguieron “trabajando” sin que nada ni nadie los importunara.
La racha violenta del cierre del mes de octubre comenzó el viernes, con 4 difuntos a lo largo del día. El sábado fueron 7 los asesinados y comenzó con la ejecución de una mujer en la madrugada, a la que abandonaron en la calle, semidesnuda y con un pañuelo rojo en la boca.
El domingo terminó con 5 personas muertas en diferentes sectores de la ciudad, para sumar 16 en total. Por todos estos crímenes solo hubo un detenido, lo que viene a confirmar las escandalosas estadísticas de impunidad que se mantienen en la frontera, ante la indiferencia de los titulares de las corporaciones de los tres niveles de gobierno, que solamente en las inútiles mesas de seguridad lucen, y esto por las mentiras que presentan como resultados de su trabajo.
El mes de octubre terminó con el estado a 174 en octubre, que si bien no es de los más altos del año, sí se mantiene en el término medio que supera el centenar de ejecuciones por mes, que desde el punto de vista en que se mire, es un indicador de miedo que nos habla de 4 muertos por día.
Quizá por esa razón la gobernadora regresó el sábado de plena carretera, cuando ya se iban a Chihuahua, al fiscal Javier Fierro Duarte, a Gilberto Loya de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y a Arturo Zuany, de la Agencia Estatal de Investigación.
Los jefes policiacos habían estado con la gobernadora en eventos en Riberas del Bravo y al terminar se iban a Chihuahua, cuando los llamaron para que se regresaran porque se requería su presencia en el foro de seguridad pública.
Craso error, olvidar el propósito central de su visita a la frontera, precisamente en momentos en que los malandros andaban desatados matando gente en diferentes sectores de la ciudad.
Probablemente Maru les leyó la cartilla o, cuando menos, César Jáuregui les pegó un coscorrón, para que les caiga el veinte de que a Juárez vienen a trabajar, no en calidad de turistas.
Por lo pronto, el anuncio que hizo la gobernadora de que en Juárez estará el centro de mando de la SSPE con el programa Centinela, parece que no inmutó a los malandros, o ni se dieron por enterados, ya que el sábado y el domingo siguieron cumpliendo con sus contratos de muerte, sin problema alguno.
Los mismos agentes de la Policía Estatal ponen en tela de duda la materialización de esos anuncios, por la simple y sencilla razón de que no existe aún la infraestructura ni el equipamiento, y cuando el Gobierno no tiene recursos para terminar el año y comenzará el 2022 con muchas carencias.
Entonces, para qué adelantar lo que no van a poder realizar ni a mediano plazo, pues solo les da más confianza e información estratégica a los grupos criminales, que no dejan de monitorear todos los movimientos de la autoridad, en la calle y en las propias oficinas.
Mientras que el caos por las obras del nuevo sistema de transporte amenaza con alargarse hasta el próximo año, por las transas que se cometieron en la administración pasada, los concesionarios del transporte público de pasajeros hacen y deshacen a su antojo en las rutas que atienden, con un servicio cada vez más deficiente y peligroso, sin que las autoridades responsables del ramo se den por enteradas.
El regreso al semáforo epidemiológico verde en la entidad, representó para los transportistas de la ciudad un aumento en el volumen del pasaje que todos los días mueven en las diferentes rutas, pero también una pesadilla para los pasajeros que, ante la falta de opciones, se ven obligados a soportar el peligroso servicio de choferes groseros y desaseados, que siguen operando en unidades con más de 10 años de antigüedad, que no son sanitizadas y que no respetan los cupos máximos.
Las mismas deficiencias que arrastra el transporte de pasajeros desde hace dos décadas, cuando menos, se repiten con la nueva administración, que está enfocada en resolver el rezago de obras heredado en las principales avenidas de la ciudad, y ha dejado a su suerte a miles de pasajeros que se transportan en los viejos camiones en condiciones de alto riesgo.
De acuerdo con el Inegi, se calcula que el 14 por ciento de la población de Juárez se mueve utilizando el transporte público de pasajeros. Esto significa que, en tiempos normales, con todos los niveles de educación en clases presenciales, mil 600 camiones chatarra mueven a poco mas de 200 mil usuarios diariamente.
En los meses críticos de la pandemia, los concesionarios se vieron obligados a reducir cupos y número de camiones en circulación, porque bajó la demanda de pasajeros, pero ni así mejoraron el servicio.
Al regresar al semáforo verde, los ruteros vuelven a su rutina habitual, con los mismos vicios y costumbres, con las mismas deficiencias y peligros, y todo en perjuicio del pasajero.
Aunque existe una Ley de Transporte Público creada en marzo del 2020, hasta ahora es letra muerta, porque no la respetan los concesionarios, ni la aplican los inspectores de transporte que se supone fueron habilitados para eso.
Por otro lado, de qué sirve contar con un Consejo Consultivo de Transporte, cuyos integrantes ignoran la realidad y penurias que viven miles de usuarios del servicio en cualquiera de las rutas.
No estaría mal que la gobernadora les ordenara darse un baño de pueblo, incluyendo al director de Transporte del Estado, Eduardo Fernández Sigala, para que hagan un recorrido a bordo de las rutas de la ciudad y vean las condiciones en que se entrega el servicio, en unidades en pésimas condiciones físicas y mecánicas, con choferes malacarientos y maleducados, por decirles de una manera decente.
Mientras los señores burócratas no salgan de la zona de confort de sus oficinas, los concesionarios y sus trabajadores del volante seguirán haciendo de las suyas, en espera de que, en cualquier momento, les autoricen el aumento de pasaje de 8 a 11 pesos, como si el servicio lo valiera.
