Orlando Chávez / David Piñón
Chihuahua— El paro en el Hospital General de Chihuahua, un Centro de Salud y las jurisdicciones sanitarias de Creel y Parral, se sumaron a una oleada de protestas que desde el comienzo de la pandemia han hecho empleados del Sector Salud, por falta de insumos, despidos, malos tratos en general y discriminación en los pagos del bono de riesgo.
Las protestas han sido encabezadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, el Sindicato de Médicos, Enfermeros y Empleados del Instituto Chihuahuense de la Salud, trabajadores de Pensiones Civiles del Estado y colegios de médicos que en medio de la emergencia sanitaria han denunciado la incapacidad de la autoridad para actuar en una contingencia como la actual.
Sobre la protesta de ayer, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, Pablo Serna Molina, expresó que se realizó con el fin de exigir la destitución del director del Hospítal General de Chihuahua, Carlos Beníntez; así como de la directora de la Jurisdicción Sanitaria de Creel, Susana Guadalupe Barrón y la administradora de la Jurisdicción Sanitaria de Parral, María Elena Martínez Coronado.
En todos los casos, dijo, existen quejas fundadas y motivadas de los trabajadores, por ser sometidos a maltratos, el mal uso de los recursos destinados a los hospitales y un deficiente manejo de la pandemia, que ha llegado a su punto más crítico en estos días.
Preciso que todo ello se hizo del conocimiento del secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera, quien reconoció que los trabajadores ejercían su derecho de defender las condiciones laborales y se comprometió a revisar sus demandas.
El dirigente sindical explicó que el paro es una “Asamblea Permanente de Brazos Caídos”, protesta con la que van a continuar los trabajadores el tiempo que sea necesario. Aseguró que esto no implica dejar de prestar el servicio de emergencias en el Hospital General de Chihuahua ni en el Centro de Salud de Creel, así como tampoco dejar de atender a los pacientes que estén internados; sólo, dijo, no recibirán más pacientes a consulta o a otros servicios que no sean una urgencia.
Por ese motivo fue que desde ayer cerraron las puertas del nosocomio en la capital, sin dejar de prestar el servicio por el área de emergencias de la parte trasera, además de que suspendieron las consultas en el Centro de Salud de Creel, donde también se encuentra la Jurisdicción Sanitaria.
En el caso de la ciudad de Parral no fueron afectadas instalaciones médicas, sólo oficinas administrativas.
Agravios a los “héroes” en plena pandemia
Desde el comienzo de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, el personal médico del sistema de salud estatal y de otras institucionales ha sido agraviado, lo que ha motivado protestas constantes que se han ido agravando conforme avanza la pandemia.
Tras decretarse la emergencia sanitaria en marzo, comenzaron las primeras protestas de los trabajadores a mediados de abril, pues luego de que se definieron los “Hospitales Covid”, del Central Universitario surgieron quejas en el sentido de que más de 470 colaboradores, entre médicos, enfermeros y administrativos, debían trabajar en condiciones precarias, sin equipo de protección. Sus quejas y reclamos no fueron atendidos de forma inmediata.
A finales de abril, conforme arreciaban los casos de contagios, el mismo personal de salud, a condición de mantener sus datos bajo reserva por temor a represalias laborales, denunciaron que había una manipulación de cifras y registros de contagios, así como en los decesos, debido a que se reportaban menos casos o no se profundizaba en el manejo de los mismos.
Ello, según las quejas, ponía en riesgo no sólo al personal médico, sino a la sociedad, al no llevarse registros claros.
Asimismo, Sergio Enrique Modesto, presidente del Colegio de Médicos Generales de Chihuahua, dio a conocer que para finales de abril habían muerto tres médicos en la capital del estado y otros estaban en condiciones graves.
Dichos decesos no fueron reconocidos por la Secretaría de Salud hasta una semana después, lo que dio mayor sustento a las denuncias de la manipulación de cifras.
Por las mismas fechas, la agrupación Médicos, Enfermeros y Empleados del Estado de Chihuahua (Meech), dirigida por Elvira Quiñonez, denunció que había una “cifra negra” de trabajadores de Salud que habían sido enviados a sus casas con síntomas de Covid-19; además, que el personal debía laborar hasta 10 horas diarias y tenía que reutilizar equipo de protección que era desechable.
Represalias contra profesionales tras denuncias
Al comienzo del mes de mayo, de nuevo Elvira Quiñónez en representación de la Meech denunció que la falta de control en los hospitales fue lo que detonó los contagios del virus entre el personal médico. Para entonces crecían las cifras de contagios y decesos entre la población, pero las infecciones de coronavirus entre los profesionales de la salud crecieron un 200 por ciento.
Posteriormente, al comienzo de la segunda semana de mayo el personal de Enfermería de Pensiones Civiles del Estado (PCE) protestó debido a que los enfermeros y auxiliares del área de Urgencias no fueron considerados para el pago del bono extraordinario ofrecido por el gobernador Javier Corral a los empleados del Sector Salud. Dicho “Bono Covid”, como se conoció al incentivo ofrecido por el mandatario estatal, sería para todo el personal médico, según el anuncio oficial, pero luego la Secretaría de Salud dio a conocer que sólo se pagaría a una parte del sector, no a todos los que laboraran en los hospitales, debido a que no todos atenderían casos de coronavirus.
Por otra parte, el médico José Ángel Salayandía Valenzuela, quien tenía 15 años de servicio, fue despedido por la Secretaría de Salud tras haber exigido equipo de protección a todo el personal de un centro de salud donde laboraba.
Tras esas quejas, a principios de junio de este año fue dado de baja de la dependencia.
“Al Estado no le importa su gente, ni protegerla, no le importa que se contagien, por eso tenemos más de 500 contagiados y varias muertes”, dijo el doctor Salayandía tras haber sido corrido como represalia por pedir insumos.
También a principios del mes, dos enfermeras, María Banda y Nubia Miramontes, fueron despedidas de sus cargos en la Secretaría de Salud, debido a que se mostraron en desacuerdo con sus superiores por órdenes injustificadas.
A principios de julio, el centro de salud del que había sido despedido el doctor Salayandía, comenzó a registrar los primeros contagios entre el personal.
También en ese mes, la doctora Elvira Quiñónez, presidenta de la Meech, fue despedida del Hospital del IMSS en Delicias, debido a las constantes exigencias que había hecho para que les mejoraran las condiciones de trabajo ante el riesgo de contraer Covid-19. Ella procedió por la vía laboral contra el organismo.
La muerte del secretario y la nueva afrenta a los médicos
El entonces secretario de Salud, Jesús Enrique Grajeda, se contagió de coronavirus y tras varios días hospitalizado falleció. Su deceso se habría de sumar a la lista de agravios de las autoridades contra los profesionales de la salud, que eran tratados como “héroes” en los boletines oficiales, pero no en la realidad.
“El personal de salud que se encuentra en la primera línea de batalla frente al Covid-19 está cansado y sin insumos, necesitamos ayudarlos, seguir atendiéndolos y como sociedad tomar la conciencia de que esto no ha terminado y tardará mucho en terminar”, señaló el doctor Jesús Enrique Grajeda Martínez, hijo del extinto secretario de Salud, el 27 de julio, en un homenaje póstumo a su padre celebrado en el patio central del Palacio de Gobierno.
Por las mismas fechas, Aimé Horcasitas, de la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería, advirtió que los empleados del sector salud estaban en riesgo de sufrir un colapso ante el cansancio físico y mental que ha representado la pandemia en Chihuahua. En ese contexto, fue designado a finales de julio el economista Eduardo Fernández como secretario de Salud, para suplir el doctor Grajeda; esa decisión del gobernador Corral provocó la protesta al comienzo de agosto de cientos de médicos, quienes le exigieron cumplir su promesa de campaña de designar a un secretario médico.
El reclamo también fue ignorado. Posteriormente vinieron cambios en la Secretaría de Salud y por la crisis sanitaria fue llamado a regresar a sus labores el personal vulnerable que había sido incapacitado; las incapacidades fueron otorgadas por compadrazgos, según otros funcionarios de Salud, declaraciones que generaron un nuevo conflicto con los organismos gremiales y las autoridades.
“Nos mandan a trabajar en el peor momento”, denunció personal de la salud luego de la orden de volver a sus labores a los médicos, enfermeras y empleados vulnerables por padecer enfermedades que pueden agravarse con el Covid. Entre esos maltratos al personal de la salud y las protestas es que ha transcurrido la contingencia sanitaria, decretada desde el mes de marzo.
