POR LÓPEZ TORRES
México.- Bajo el mandato de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, las entidades malgastaron al menos 77 mil millones de pesos que estaban asignados al sector salud, particularmente al Seguro Popular, de los cuales no se sabe en qué fueron destinados.
Esto fue asegurado por la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) el pasado viernes a través de una publicación en redes sociales.
De acuerdo a la información, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela que en una década se malgastaron en los estados de la républica 77 mil 606 millones 110 mil 168 pesos, los cuales estaban asignados al Seguro Popular.
¿Qué estados presentaron mayor irregularidades?
Según la Auditoría, Veracruz es el estado que lidera las irregularidades con 14 mil 52 millones 583 mil pesos. En segundo lugar se encuentra Jalisco con 10 mil 141 millones de pesos.
El Estado de México se encuentra en tercer lugar con 8 mil 170 millones 887 mil pesos.
#Video: En los sexenios de Calderón y Peña, las entidades malgastaron 77 mil mdp del Seguro Popular, de los que no se sabe el verdadero destino. Esos gobiernos, que fueron permisivos con la corrupción, no investigaron ni sancionaron tantos desfalcos millonarios.
A estas administraciones se les acusa de haber sido permisivos con la corrupción debido a que no realizaron investigaciones al respecto.
Tampoco se han sancionado los desfalcos millonarios, asegura la ONEA en Twitter.
Las revisiones a los archivos comprendieron el año 2008 al 2018, llegando a registrar hasta 15 mil 500 millones de pesos que no se utilizaron para lo que había sido destinado. Respecto a otros montos no se pudo comprobar su uso.
Creación del INSABI
Ante esto, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador ha desmantelado el Seguro Popular para la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) el cual al administrar los recursos desde el Gobierno Federal espera evitar corrupción.
Hasta el momento se han comprometido a asegurar medicamentos y atención médica gratuita, para ello los gobernadores tendrán que aceptar el convenio federal, al que últimamente el mandatario mexicano habría dado la fecha límite para el acuerdo.