CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La comunidad indígena de Baqueachi, en el municipio de Carichí, Chihuahua, recuperó 350 hectáreas de agostadero sobreexplotadas y casi 100 hectáreas agrícolas devastadas.
Con el uso de la fuerza pública, el pasado miércoles 16 se ejecutó la sentencia en contra del particular Isaías Martínez Torres, dictada por Imelda Carlos Basurto, magistrada del Tribunal Agrario, que permitió la recuperación de casi 450 hectáreas para el ejido rarámuri.
Durante 11 años, a partir del 5 de marzo de 2006, la comunidad indígena luchó por sus tierras después de que Martínez Torres se las quitó y usufructuó de manera ilegal.
La abogada de la comunidad de Baqueachi y directora de la asociación Bowerasa, Estela Ángeles Mondragón, dijo que solicitaron rondines de la Comisión Estatal de Seguridad antes y después de la diligencia para ejecutar la entrega de tierras, en la que participaron policías estatales y ministeriales, así como el agente del Ministerio Público de Carichí.
El fallo y la ejecución de la sentencia representan un triunfo más para las comunidades indígenas, que en octubre del año pasado recuperaron 15 mil hectáreas en la misma comunidad.
En aquella ocasión, Imelda Carlos Basurto sustentó su fallo en una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que establece el carácter de cosa juzgada que tienen las resoluciones presidenciales sobre dotación de tierra a ejidos.
Por la defensa del territorio en los ejidos indígenas de Carichí, Estela Ángeles Mondragón y miembros de las comunidades afectadas han enfrentado diversas amenazas.
El 1 de marzo de 2010, el abogado de la comunidad y pareja de Estela Ángeles fue asesinado presuntamente por el litigio de tierras. Ocho años después su crimen continúa impune. PATRICIA MAYORGA
