HABLANDO Y ESCRIBIENDO
CICLOS EN EL PODER JUDICIAL
POR ERNESTO AVILÉS MERCADO*
Myriam Victoria Hernández Acosta, magistrada de la tercera sala civil, con menos de 50 años de edad, originaria de Parral, se convirtió en la primera mujer que preside el Tribunal Superior de Justicia del Estado, con el voto unánime de los 28 magistrados integrantes del pleno, después de 193 años de vida del tribunal, ocupando también la presidencia del Consejo de la Judicatura
La magistrada, ocupa el lugar que deja Pablo Héctor González Villalobos, quien renunciara al cargo por cuestiones personales, aunque la evidencia establece que su salida obedeció a cuestiones más de orden político interno y de conveniencia para la nueva etapa del Gobierno Estatal que encabeza Maru Campos.
Tradicionalmente, los presidentes del tribunal en su gran mayoría han salido de las salas penales y es precisamente la rama penal la que se ha estado considerando como la parte más vulnerable de la justicia en los últimos años.
Pablo Héctor es un estudioso del derecho, buen juzgador, catedrático de excelencia en el Tecnológico de Monterrey, que fue nombrado por unanimidad como presidente del Poder Judicial y con esa misma unanimidad de sus pares magistrados, fue aprobada su renuncia al cargo.
Durante su presidencia, le tocó bailar con la más fea, además de que tuvo que soportar la injerencia de la Sra. Lucha Castro, quien pretendía ejercer funciones que no le correspondían, auspiciada por Javier Corral, en su propósito de pretender controlar la función jurisdiccional, administrar los recursos del Poder Judicial, colocar a personajes incondicionales en puestos claves de la estructura, así como continuar con su patológico propósito de seguir construyendo nuevos casos penales en contra de quienes participaron en la administración de Cesar Duarte.
Como buen jurista, Pablo Héctor entendió que los conceptos de libertad, independencia y autonomía, son requisitos indispensables para los juzgadores, sin los cuáles no se concibe la función jurisdiccional.
En numerosas ocasiones, se evidenciaron diferencias con el entonces fiscal Cesar Augusto Peniche, quien empoderado por la confianza ciega de Javier Corral, denunciaba públicamente incapacidad, desconocimiento, parcialidad y hasta prevaricación por parte de las juezas y jueces que dictaban sus resoluciones, que no siempre coincidían con las pretensiones de la fiscalía.
En uno de los eventos nacionales que era proclive a organizar el ex Gobernador, de los llamados encuentros Chihuahua, relacionados con la función jurisdiccional, Pablo Héctor González contestó públicamente al fiscal Peniche que se quejaba del garantismo excesivo de los jueces de Chihuahua, que el Tribunal de Justicia del Estado, no legitimaría jamás las acciones ilícitas de la fiscalía, como tampoco dejaría de lado su imparcialidad, integridad, transparencia y honestidad.
No es difícil calificar el desempeño del magistrado Pablo Héctor González Villalobos como representante del Poder Judicial, porque simplemente cumplió con su deber hasta donde su capacidad y facultades le alcanzaron; la política es de tiempos y coyunturas y aunque lo ideal del Poder Judicial es que no se involucre la función jurisdiccional con el Poder Político; en Chihuahua, todavía tenemos mucho por avanzar en este camino.
RETOS PARA LA NUEVA PRESIDENTA
Dentro de las prioridades que tendrá la magistrada presidenta, destacan el poner orden institucional hacia el interior del tribunal; en penal, no dejar lugar para el “sospechosismo” con la programación de audiencias en fin de semana cerca de la media noche, o aquellas que se citan con dos horas de anticipación con resultados de no vinculación a proceso.
En materia civil y familiar, el nudo gordiano esta en las notificaciones; las hileras de litigantes desde las 6 de la mañana asemejan filas de tortillería o de cajeros en quincena.
Urge la reforma para que las notificaciones personales, sobre todo en materia familiar, puedan realizarse bajo la perspectiva de la mayor protección a los menores, particularmente en temas de alimentos.
La presencia del Fiscal en sesiones del Tribunal, amerita que también se encuentre presentes quienes representan a las víctimas, de tal forma que esta visión caduca debe analizarse y permitir que los asuntos del Tribunal, se analicen hacia el interior.
La relación institucional dividida a veces por una línea imaginaria entre los jueces penales y los defensores públicos, fortalecen lazos de empatía y entendimiento, que solamente por el profesionalismo de ambos pueden entender, que si bien pertenecen a la misma institución, no debe existir subordinación entre ellos.
Los conversatorios entre el Poder Judicial y la Fiscalía, se habían suspendido por casi tres años; los criterios que prevalecen entre los jueces, magistrados penales y el Ministerio Público, no siempre deben ser antagónicos, sino más bien complementarios. Con pleno respeto a la esfera de jurisdicción de cada uno, es posible que se vuelvan a construir los puentes de diálogo entre ellos.
La magistrada Myriam Hernández, cuenta con estupendas relaciones entre el gremio de abogados litigantes, por lo que se espera que sus principales aliados, además de los funcionarios del Tribunal, serán las organizaciones gremiales de los también llamados jurisconsultos.
*INTEGRANTE DE LA AECHIH.
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Lic. Ernesto Avilés Mercado
