Por [el chismoso]
Columna de Opinión
En Chihuahua, el secuestro ya no es una excepción, es una estadística en ascenso. Entre 2022 y 2024, este delito creció un 81%. Cifras frías que esconden el calor del miedo, del dolor de familias rotas, de desaparecidos que quizás ya no volverán.
La Fiscalía General del Estado ha documentado 554 casos en tan solo tres años. El repunte no es menor: Chihuahua se posiciona hoy como el segundo estado con mayor incidencia de secuestros en el país. Y la pregunta no puede ser otra: ¿cómo llegamos a esto?
La respuesta, aunque compleja, tiene algunos elementos claros. Uno de ellos es la crisis migratoria. Miles de personas, provenientes del sur del país y de otras naciones, se han quedado varadas en el estado. Son presa fácil para el crimen organizado, que ha visto en ellos una oportunidad para extorsionar, reclutar, desaparecer.
Pero no es solo un asunto de migrantes. Es también un reflejo del debilitamiento institucional, de cuerpos policiales sobrepasados, de estructuras criminales que, lejos de desarticularse, se diversifican. La fragmentación de los grandes grupos delictivos ha dado paso a pequeñas bandas que operan con la misma crueldad, pero con más libertad. El control territorial no se perdió de un día para otro: fue cedido lentamente, con indiferencia o complicidad.
Y si bien en 2025 se ha reportado una disminución del 32.88% en estos delitos, la cifra no es consuelo. La violencia no se mide solo en números, se mide en ausencias. 22 personas asesinadas durante su secuestro. Otras 170 de las que no se sabe nada. Y una cifra aún más preocupante: ¿cuántos casos no se denuncian por miedo, desconfianza o resignación?
La mayoría de estos hechos ocurren en lugares con alta densidad poblacional y actividad económica: Juárez, la capital, Cuauhtémoc, Parral. Municipios donde el desarrollo convive con la impunidad.
No basta con operativos ni estadísticas optimistas. Se necesita una estrategia de fondo: prevención real, atención a víctimas, castigo ejemplar. Y, sobre todo, voluntad política para enfrentar a los grupos criminales con la fuerza del Estado, no con discursos.
Mientras tanto, cada secuestro sigue siendo un recordatorio incómodo de que en Chihuahua, la libertad todavía tiene un precio. Y muchas veces, se paga con la vida.
