Junto con otras ocho entidades es donde hay más riesgos de que las asesinen
Así lo señala el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2019-2024, que será presentado en los próximos días por el órgano de Gobernación.
«A partir de los datos más recientes, (son) los estados donde hay más riesgo de que sean asesinadas las mujeres», indica el documento, aunque sin especificar datos.
«La violencia contra las mujeres y las niñas se ejerce tanto en el ámbito público como en el privado, y se han convertido en una amenaza para sus vidas».
El Programa diferencia estas entidades de las que tuvieron las tasas más altas de feminicidio en el último año. No obstante, repiten Colima, Morelos, Zacatecas y Chihuahua.
Advierte que el incremento en la tasa de homicidios de mujeres coincide con el aumento de homicidios de hombres en siete estados, los mismos que la lista de riesgo, excepto Morelos.
«Se considera que dichas muertes se dan en un contexto de violencia social, producto de la actuación de la delincuencia organizada en su disputa por el control de territorios y sus recursos», detalla.
«La anterior hipótesis se fortalece al considerar la evidencia de que la vía pública cobra predominancia en la última década como lugar de ocurrencia de los homicidios de mujeres».
Critican inacción
Por acción u omisión, las autoridades han permitido que el fenómeno de la violencia de género pase a ser parte de la vida cotidiana de las mujeres, sentencia el Programa al subrayar la necesidad de mejorar las acciones de prevención y atención.
«Erradicar las violencias que están presentes todos los días en las vidas de niñas, mujeres jóvenes y adultas debe ser una meta del Estado Mexicano, tenemos que mejorar nuestras intervenciones en prevención y atención», señala.
«Ir más allá de lo hasta ahora hecho porque no ha sido suficiente. La sanción, que le corresponde a los Tribunales de Justicia, debe ser más efectiva de lo que ha sido hasta ahora para detener la violencia».
El Programa advierte además que las acciones implementadas hasta ahora no se han traducido en una política integral de prevención y critica que las estrategias en la materia han estado desvinculadas de las políticas de seguridad nacional.
Alerta que México aún no cuenta con un registro homologado y confiable de víctimas, lo que impide tener una apreciación certera de la magnitud de estas violencias y se vuelve una barrera para el acceso a la justicia.
