a administración de Javier Corral se va de Chihuahua declinando a un juicio de extinción de dominio en contra de César Duarte.
Por el momento, César Duarte está preso en Estados Unidos… pero, en el momento en que regrese a México y consiga su libertad (si es que la consigue) estarán 10 de sus propiedades listas para ser ocupadas. Una para cada día de la semana y tres nomás de cotorreo.
Pues con la novedad que la Fiscalía General de Chihuahua desistió de un juicio de extinción de dominio que llevaba para tomar control de 10 propiedades aseguradas al exmandatario… y ello quiere decir que éstas tendrán que ser regresadas a Duarte.
De acuerdo con La Jornada, lo anterior se debe a que el gober saliente de la entidad, Javier Corral,, optó por echarse pa’tras del procedimiento promovido contra su antecesor. Por su parte, El Financiero señala que fue gracias a un acuerdo judicial… lo que haiga sido, el caso es que César Duarte ya recuperó su decena de propiedades.
Como muchos seguro ya suponen, las propiedades que volverán a manos de Duarte no son casitas de interés social… no, son propiedades majaderas que alcanzan para echar “la reta” con equipos completos.
Por ejemplo, se menciona que una de las propiedades es un rancho conocido como “El Saucito”… el cual consta de 609 hectáreas y es usado para la crianza de mil cabezas de ganado. Y ése sería uno de los predios más chonchos, ya que los otros van de las mil 95 a las 35 hectáreas. En total, las 10 propiedades suman un total de 4 mil 300 hectáreas de territorio, todo ubicado en Chihuahua.
Según declaró el abogado de César Duarte, todas las propiedades que estaban en disputa fueron adquiridas por el exgober con el “fruto de su trabajo”… y las intenciones del Estado para quitárselas eran parte de un “juicio irracional”.
El nuevo fiscal de Chihuahua, Roberto Javier Fierro, señaló que se declinó a la Fiscalía General de la República (FGR) una causa penal contra César Duarte, en la que el exgobernador de la entidad es acusado de enriquecimiento ilícito… sólo que no hay fecha para que la Fiscalía acepte competencia para llevar la causa penal.