Por [eduardo aredondo ] En el municipio de Chihuahua hay un personaje que, sin haber sido electo por nadie, actúa como si tuviera el bastón de mando. Se trata de Ignacio “Nacho” Dávila —alias “El Pipope” y en algunos corrillos, “La Nacha Pluz”— actual coordinador de Comunicación Social del alcalde Marco Bonilla. Un funcionario que ha convertido una oficina pública en una extensión de su ego y un campo de control mediático.
En teoría, Dávila debería ser un puente entre la administración y los medios de comunicación. En la práctica, se ha vuelto un muro. Esta semana, volvió a hacer gala de su vocación autoritaria: envió un mensaje a reporteras y reporteros que cubren la fuente municipal, prohibiéndoles permanecer en el Salón Consistorial. El mismo salón donde se celebran actos oficiales y donde cualquier ciudadano —al menos en papel— debería tener libre acceso.
“El espacio asignado a las y los compañeros de la fuente es el ubicado en el tercer piso del edificio del Real”, escribió Dávila, como si el consistorial fuera su sala de estar. Y si alguien se atreve a trabajar allí por necesidad o por razones médicas, deberá retirarse, “de la manera más atenta”, claro… con el clásico tono pasivo-agresivo que disfraza el autoritarismo con cortesía institucional.
Pero aquí vale preguntarse: ¿desde cuándo un coordinador de comunicación tiene la facultad de restringir el uso de espacios públicos? ¿Con qué autoridad —legal, ética o moral— se atreve a condicionar el trabajo de la prensa?
La respuesta, lamentablemente, es un secreto a voces. Desde hace años, Dávila ha intentado convertir el área de Comunicación Social en una especie de centro de operaciones políticas más que en una oficina de servicio. La relación con la prensa es vertical, discriminatoria y, en más de un caso, francamente hostil. Se castiga a reporteros con el silencio institucional, se limita el acceso a eventos, y se hostiga a quienes hacen preguntas incómodas.
Dávila no es un servidor público; se comporta como un censor. Y lo más grave es que su patrón —el alcalde Bonilla— hasta ahora ha optado por mirar hacia otro lado. Mientras tanto, el derecho a la información, piedra angular de cualquier democracia, queda sometido al capricho de un burócrata sin investidura ni límites.
Porque no se trata solo de periodistas que quieren hacer su trabajo. Se trata del derecho de toda la ciudadanía a saber qué ocurre con sus gobernantes, sin filtros, sin maquillajes y sin que alguien —como Nacho Dávila— decida qué se puede ver y qué no.
La prensa libre no pide privilegios. Exige respeto, acceso y condiciones dignas. Y mientras Nacho siga al frente de Comunicación Social, ninguna de esas tres está garantizada.
No es ningún secreto que este personaje que parece creerse alcalde sin haber ganado una elección ha querido imponer un solo discurso desde el poder: el suyo. Y no se trata de un problema menor. Cuando quien controla la comunicación intenta manipular o condicionar el trabajo de la prensa, se pone en riesgo el derecho a la información, piedra angular de cualquier democracia.
¿Hasta cuándo el alcalde Marco Bonilla permitirá este comportamiento? ¿Hasta cuándo seguirá tolerando un vocero que parece más obsesionado con el control que con la transparencia? La prensa libre no necesita favores ni concesiones. Lo que necesita es respeto, acceso y condiciones dignas para trabajar. Y eso, hasta ahora, es algo que Nacho Dávila ha demostrado no estar dispuesto a garantizar.
