El caso de Casa Las Mercedes ha revelado un patrón de abuso y explotación dentro de una institución que debía proteger. De acuerdo con las investigaciones, una de las responsables del albergue trasladó a una adolescente a su domicilio para realizar labores domésticas, donde fue víctima de agresión sexual. Testimonios de otras niñas apuntan a que esta práctica se habría repetido durante años, lo que sugiere la existencia de un esquema de explotación en el que infancias eran abusadas y enviadas a trabajar en hogares privados. Tras la denuncia de una de las víctimas, autoridades de la Ciudad de México rescataron a 80 niñas y adolescentes —47 en la sede Schultz y 33 en la sede Berriozábal—, quienes actualmente se encuentran bajo resguardo del DIF Ciudad de México.
Desde Reinserta condenamos enérgicamente lo ocurrido. Sin embargo, reconocemos que no basta indignarse y señalar culpables: es necesario trabajar para transformar las estructuras que permiten que esta violencia siga ocurriendo. Estos hechos son un reflejo de un sistema que sigue fallando en garantizar entornos seguros, dignos y libres de violencia para las niñas, niños y adolescentes. Cuando el Estado llega tarde, la protección se convierte en daño, y la infancia vuelve a pagar el precio de la negligencia institucional.
El Estado tiene las herramientas para actuar, y hoy más que nunca debe hacerlo con empatía, firmeza y verdad. Las instituciones públicas deben dejar de ser observadoras y asumir su papel como garantes de derechos. Supervisar, auditar y capacitar no son trámites administrativos: son decisiones que pueden salvar vidas. Urge establecer mecanismos de denuncia efectivos para las infancias y garantizar personal preparado para detectar señales de abuso antes de que sea demasiado tarde. Cuidar no es reaccionar, es prevenir.
Lo sucedido en Casa Las Mercedes no es un caso aislado, sino el reflejo de una falla estructural en la supervisión de los espacios destinados a cuidar. Si bien muchas de estas instituciones están sujetas a estrictos controles fiscales y administrativos, poco se vigilan las condiciones reales en las que viven las niñas y niños bajo su resguardo. Las revisiones suelen centrarse en papeles, no en personas. Es indispensable que el Estado y las instancias competentes supervisen de forma rigurosa la operación cotidiana de los albergues: cómo se cuida, quién cuida y en qué condiciones cuidan. La transparencia no puede limitarse a los informes financieros, debe traducirse en bienestar tangible y en garantías efectivas de protección para cada infancia.
Además, la movilidad derivada de estos hechos profundiza el dolor de las víctimas. Cada niña o adolescente que hoy debe abandonar ese albergue no solo deja atrás un espacio físico, sino vínculos, rutinas y fragmentos de confianza que costarán años reconstruir. La movilidad forzada entre instituciones, aunque necesaria para su seguridad, implica revivir el miedo y la pérdida. Ninguna persona debería volver a sentir desarraigo después de haber sido violentada. Por eso, es importante prevenir y que cada acción de protección debe ir acompañada de una acción de cuidado emocional especializado.
En estos casos, la reparación no solo se trata de justicia, sino de volver a creer. Atender las heridas físicas y tomar acciones legales es indispensable, pero también lo es sanar el daño emocional. Las niñas violentadas necesitan contención, acompañamiento y un entorno que les devuelva la certeza de que no todas las manos lastiman. Por ello, desde Reinserta —con el apoyo de nuestro equipo de especialistas en trauma infantil— nos sumamos para acompañarlas, ofrecerles contención emocional y ayudarlas a transitar este proceso con el cuidado que merecen. Queremos que sepan que no están solas.
Proteger a la infancia exige más que indignación: exige acción y coherencia. La niñez no puede seguir siendo invisible hasta que grita. Debe estar al centro de las decisiones, de los presupuestos y de las prioridades. Urge fortalecer los mecanismos de supervisión de los albergues, garantizar la transparencia total de las instituciones que reciben infancias y consolidar redes de colaboración que prioricen su bienestar por encima de cualquier interés. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de trabajar junto con las autoridades, las organizaciones y la sociedad civil para nunca más llegar tarde. Este caso debe ser el punto de quiebre para construir un sistema de protección que no solo rescate, sino que verdaderamente cuide.
