Manu Ureste
Carlos Emilio Galván Valenzuela entró al baño de un restaurante y nunca regresó. Ocurrió la tarde del 5 de octubre del año pasado, en un fin de semana familiar en Mazatlán, Sinaloa. El joven, de 21 años, estaba de vacaciones con su padre, tíos, primos y hermanos. Habían salido a cenar a un restaurante bar-terraza ubicado en la zona turística de la ciudad: Valentinos, uno de los establecimientos más conocidos del puerto turístico.
Dos de sus primas lo acompañaban. En algún momento, Carlos Emilio se levantó de la mesa y les dijo que iba al baño. No parecía haber nada extraño. No discutió con nadie. No recibió llamadas. No hubo forcejeos visibles. Simplemente caminó hacia los sanitarios del lugar.
Pasaron diez minutos. Luego algunos más. Carlos Emilio no regresaba. Sus primas comenzaron a inquietarse. “Era un tiempo considerable para que él no regresara del baño”, recuerda su madre, Brenda Valenzuela Gil, a partir de lo que ellas le relataron después. Una de las jóvenes decidió levantarse para buscarlo. Caminó hacia los baños, pero antes de llegar fue interceptada por un elemento de seguridad del establecimiento, quien le ordenó que se retirara.
La prima insistió: dijo que iba al baño y que estaba buscando a su primo. El guardia le respondió que no podía pasar, que “en el baño no hay nadie”. Aun así, la joven alcanzó a asomarse y vio personas dentro: distinguió unos tenis, aunque no eran los de su primo Carlos Emilio. Se retiró y, nerviosa, comenzó a buscarlo mesa por mesa. Salió al exterior del restaurante pensando que quizá había salido a hacer una llamada. Marcó a su celular. El teléfono timbraba. Nadie contestó.
Cuando intentó volver a entrar al restaurante, el personal de seguridad le negó de nuevo el acceso. Pasaron entre 30 y 40 minutos antes de que le permitieran regresar. Para entonces, Carlos Emilio ya no estaba en ninguna parte.
Ahora, han pasado más de 110 días desde ese momento.
Más de cien días desde que el joven Carlos Emilio, literalmente, se esfumó. Casi cuatro meses de una pesadilla que su madre resume con una palabra: silencio.
“Desafortunadamente, no tenemos ninguna pista, sólo silencio. Es un caso que está completamente hermético, tenemos información a cuentagotas y digo a cuentagotas porque básicamente es nula”, lamenta en entrevista con Animal Político, Brenda Valenzuela.
Desde el primer día, asegura, la familia actuó en tiempo y forma: denunciaron la desaparición, aportaron testimonios, declaraciones y cualquier dato que pudiera servir. A cambio, dice, no han recibido respuestas.
“Nos manejan que siguen trabajando, que siguen investigando, que se siguen haciendo diligencias, lo cual pues ya es inaceptable, intolerable”, reclama. A casi cuatro meses, subraya, “no hay absolutamente ningún resultado, no hay ningún avance, no hay al menos una línea de investigación”.
Para Brenda, la falta de hipótesis no es solo una omisión, sino una señal alarmante. “Absolutamente ninguna”, responde cuando se le pregunta si las autoridades les han planteado alguna explicación posible. Y enseguida sitúa el caso de su hijo en un contexto más amplio: “Es bien sabido que en la ciudad de Mazatlán y en el estado de Sinaloa hay una guerra (al interior del cártel de Sinaloa, entre ‘chapitos’ y ‘mayitos’) porque a diario siguen pasando acontecimientos de desaparición, de homicidios, de atentados, de enfrentamientos. Es un terrorismo total lo que se vive ahorita en todo el estado”.
En ese escenario, la desaparición de Carlos Emilio no parece un hecho aislado. Para su madre, el tiempo no ha servido para acercarla a la verdad, sino para alejarla. “Tal parece que el tiempo y cómo van sucediendo las cosas, lejos de acercarnos a la verdad, nos aleja de ella. No hay responsables, no hay detenidos”.
La sospecha sobre el restaurante
La madre del joven insiste en un punto que considera clave: el lugar donde desapareció su hijo. Valentinos no es un sitio marginal ni clandestino. Es un restaurante emblemático de Mazatlán, con cámaras, personal de seguridad, empleados y decenas de comensales.
“Mi hijo desaparece en un restaurant bar que es el ícono de la ciudad de Mazatlán, en donde se presume como un lugar seguro”, subraya. Por eso, dice, resulta incomprensible que no haya avances. “Hay demasiada evidencia desde ese momento, y es imposible que no se haya podido seguir esa secuencia de evidencias y haber actuado de manera inmediata, como lo marcan los protocolos”.
Uno de los elementos que más le generan desconfianza es el manejo de los videos de seguridad. Los registros del establecimiento, afirma, fueron entregados hasta cerca de 20 días después de la desaparición y, además, presentan irregularidades.
“Esos videos que se entregan están manipulados de alguna manera, pues están desfasados en cuestión de los tiempos”, denuncia.
El equipo que concentraba la información —el DVR— fue enviado a la Ciudad de México para ser analizado por peritos. Han pasado más de tres meses desde entonces. “Al día de hoy todavía no sabemos qué es lo que se pudo recuperar de ese aparato, qué información contiene. No sabemos absolutamente nada”.
A esa falta de información se suma otro hecho que Brenda considera grave: el propietario del restaurante, Ricardo Velarde Cárdenas, quien en ese momento era secretario de Economía del gobierno de Sinaloa, renunció días después con el argumento de facilitar las investigaciones. Sin embargo, afirma la madre, “al día de hoy no ha sido llamado a declarar siquiera, no ha sido llamado ni en calidad de testigo”.
La sospecha es inevitable. “Es imposible que por mi cabeza no pase eso”, dice cuando se le pregunta si cree que hay protección hacia el exfuncionario. “Deben estar protegiendo intereses y a personas, desconozco por qué motivos”.
Mazatlán, una ciudad turística en guerra
La desaparición de Carlos Emilio ocurrió en uno de los momentos más violentos que ha vivido Sinaloa y Mazatlán en los últimos años. De acuerdo con cifras oficiales documentadas por Animal Político, la ciudad portuaria y el estado enfrentan un repunte sostenido de homicidios y desapariciones en el contexto de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, tras la ruptura entre las facciones conocidas como Los Chapitos y Los Mayitos.
Desde finales de 2024 y a lo largo de 2025, los asesinatos se dispararon y las denuncias por desaparición aumentaron de forma drástica. En Mazatlán, por ejemplo, entre enero y septiembre de 2025 se registraron 95 asesinatos, un incremento de 227 % respecto al mismo periodo de 2024, y la cifra total de homicidios hasta ese corte superó incluso la suma de 2022 y 2023.
La crisis en este puerto turístico también se refleja en desapariciones: entre septiembre de 2024 y octubre de 2025 se acumularon 553 denuncias, de las cuales 404 siguen vigentes, es decir, casi 3 de cada 4 casos reportados no han sido esclarecidos. Casi la mitad de esos casos corresponden a jóvenes de entre 18 y 29 años, y más del 80 % de las denuncias son de hombres, lo que sitúa a Mazatlán en un patrón de violencia que golpea especialmente a la población juvenil. Las disputas entre ‘mayitos’ y ‘chapitos’, las dos facciones del Cártel de Sinaloa que llevan desde septiembre de 2024 enfrentadas por territorios, rutas, negocios y control social, se han traducido en ataques armados, levantones y desapariciones de jóvenes, muchos de ellos sin vínculos criminales aparentes.
Brenda Valenzuela no descarta que su hijo haya sido víctima de este fenómeno. “Sí, es una hipótesis, desgraciadamente”, responde cuando se le pregunta si teme que Carlos Emilio haya sido reclutado a la fuerza. Y advierte que no se trata de un caso excepcional: “No es el único caso, hay miles de casos, tanto en la ciudad como en todo el estado de Sinaloa”.
Para ella, ese contexto vuelve aún más grave la inacción de las autoridades. “Esto debería ser aún más grave para las autoridades, ya no solo estatales, sino federales”, sostiene.
En un entorno donde la violencia requiere mano de obra joven, la desaparición de un muchacho de 21 años en una zona turística debería haber detonado una respuesta inmediata y contundente, asegura Brenda.
Pero eso no ocurrió.
Una búsqueda sin respuestas
Desde el 5 de octubre, Brenda Valenzuela ha tocado todas las puertas posibles. Ha acudido a autoridades locales, estatales y federales. Ha pedido que el caso escale. Ha intentado que la desaparición de su hijo no quede sepultada bajo el ruido de la violencia cotidiana.
“Las autoridades de Sinaloa no han tomado las medidas que se requieren, ni la importancia, ni la urgencia”, denuncia. “Ya no solo la vida de mi hijo está en riesgo, sino la de miles de jóvenes”.
Carlos Emilio había terminado recientemente su licenciatura en gastronomía. Estaba en proceso de titulación. Era deportista. Entrenaba para maratones y rutas ciclistas. Desde niño había practicado fútbol, taekwondo, atletismo, béisbol. “Tenía una vida completamente sana y normal para su edad”, dice su madre.
Hoy, esa vida está suspendida.
Y su búsqueda se ha convertido en una más dentro del mapa de desapariciones en un estado atrapado por la violencia criminal y la omisión institucional.
“Yo he tratado en estos casi cuatro meses de tocar todas las puertas que me han sido posibles”, insiste Brenda. Lo hace, reitera, no sólo por su hijo, sino por todos los jóvenes que, como él, entraron a un lugar público y nunca regresaron.
