La propuesta es añadir que las acciones son responsabilidad de los gobiernos EDITH GONZÁLEZ
La Red Nacional Contra las Violencias, integrada por organizaciones promoventes de la Alerta de Género llevará propuestas para la modificación de la Ley Genera de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, encaminadas a participar más activamente en los procesos de Alerta.
Sandra Sierra, presidenta de la Fundación para el Desarrollo, Promoción y Empoderamiento de las Mujeres, peticionaria de la Alerta de Género para la Laguna de Durango e integrante de la Red, explica que entre las propuestas están los cambios al artículo 22 el cual señala: «Alerta de violencia de género: Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad».
La propuesta es añadir que las acciones son responsabilidad de los tres órdenes y de los tres poderes del estado. También pide una participación más activa del Grupo de Trabajo conformado para elaborar las recomendaciones y vigilar su cumplimiento, así como la participación, en todo el proceso, de las asociaciones promoventes; la asignación del presupuesto, de manera obligatoria, por parte de los tres órdenes de gobierno para cumplir con las recomendaciones se declare o no la Alerta, es otra exigencia. Las reformas y adiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, tendrá implicación en las leyes secundarias y códigos por lo que la demanda es la armonización legislativas de todas las entidades.
Por justicia
Otras propuestas por la Red son:
=> La eliminación de toda norma que agravie los derechos humanos de las mujeres y las niñas en el marco jurídico federal y de las entidades federativas.
=> Analizar el nuevo código nacional de procedimientos penales. Eliminar la conciliación y la mediación en el proceso de acceso a la justicia de las mujeres.
=> Homologación en todos los estados del tipo penal de Feminicidio y que se considere delito con penalidad de prisión oficiosa.