En 2016, Catalina fue sentenciada a diez años de prisión por delitos contra la salud. Es madre soltera, tiene tres hijos y su situación económica era precaria cuando decidió transportar metanfetamina. Fue trasladada al Centro de Reinserción Social de Ensenada, Baja California, lejos de su familia que vive en Jalisco.
En 2021, la abogada del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), María Teresa Vázquez, inició el trámite de libertad condicionada como lo establecen los artículos 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
En julio de 2021, el órgano jurisdiccional concedió a Catalina el beneficio con monitoreo electrónico, pero ella ni su familia contaban con el dinero suficiente, por lo que la Defensoría pública realizó las gestiones necesarias para otorgar gratuitamente el dispositivo, que le fue colocado el 11 de noviembre de 2021en la Ciudad de México.
Catalina cumplió el 50% de su pena en prisión y ahora tendrá que residir en su domicilio, sin salir de Jalisco. Además, debe contar con un empleo formal, no ingerir bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas.
De esta forma, el IFDP -órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal- se consolida como la Defensoría del pueblo.
INFORMACIÓN IMPORTANTE:
•La Defensoría Pública atiende, en forma prioritaria, a las personas adultas mayores, con discapacidad, mujeres, jóvenes, indígenas, migrantes, solicitantes de refugio, representación especial de niñas, niños y adolescentes, y en general a quienes por razones sociales y económicas no pueden contratar los servicios de un abogado particular.
•El IFDP cuenta con 885 defensores públicos y 285 asesores jurídicos en todo el territorio nacional.
•Defensatel 800 22 42 426, tu línea de defensa gratuita, funciona las 24 horas, los 365 días del año. Todos nuestros servicios son gratuitos.
•El Instituto Federal de Defensoría Pública tiene cobertura nacional en las 32 entidades federativas del país.
