– La megadeuda de Chihuahua: 11 años a la basura
– Duarte y Corral hipotecan Chihuahua
– Consensos comprados
– De espaldas al futuro
– Una deuda incontenible
– La tiranía del corto plazo
– Frivolidad y despilfarro
– Con el agua hasta el cuello Endeudamiento y violencia, los penosos lastres que Javier Corral heredará al siguiente Gobierno, serán las losas con las que el futuro inquilino de Palacio -sea del PAN o de Morena- y millones de chihuahuenses habremos de cargar. Mirone no quiere perder la oportunidad para pensar en esos dos grandes y preocupantes temas. Hoy hablaremos de la megadeuda de Chihuahua.
En 2016 el priista César Duarte Jáquez dejaba tras de sí un estado encolerizado. Una enorme deuda pública, salarios atrasados, proveedores sin pago y hospitales paralizados formaron parte de aquella transición. Las acusaciones de corrupción fueron la piedra angular de la campaña del futuro gobernador Javier Corral, quien prometía un “nuevo amanecer” para Chihuahua, aunque al final de su gobierno estamos inmersos en una noche tenebrosa. A unos cuantos días de la elección que traerá un nuevo Gobierno, Mirone se pregunta qué tipo de futuro tenemos en Chihuahua con tanta deuda.
En octubre de 2010 César Duarte recibía el Gobierno del Estado con una deuda de 12 mil millones de pesos, que en 2011 había crecido a 17 mil millones, en 2012 a 23 mil millones, en 2013 a 41 mil millones, en 2014 a 42 mil millones y, para cerrar con broche de oro, al final del duartato había alcanzó los 48 mil millones. Si a esto le sumamos 7 mil millones de adeudos a proveedores y otros pagos por cobrar, nos queda la inconcebible y global cantidad de 55 mil millones de pesos en deuda.
En el Gobierno de Duarte la proporción de la deuda chihuahuense en relación con el PIB se volvió la más alta del país, equivalente al 8.3 por ciento del producto interno bruto del estado. Más de 8 pesos de cada 100 que se producían en la industriosa Chihuahua se iban en deuda pública.
¿En qué gastó todo ese dinero de los chihuahuenses el Gobierno de César Duarte? Además del gasto corriente y la obra pública, el despilfarro y la corrupción consumieron gran parte de esos dineros del estado, en una escala desmesurada e inaudita.
Con sus gustos por las fiestas y los viajes que no correspondían a eventos oficiales y una nómina de asesores que superaba los 500 millones de pesos anuales, Duarte mostró la crudeza de un emperador romano.
Su Gobierno compró por adjudicación directa un helicóptero por 127 millones de pesos, destinó 512 millones de pesos para contratar servicios de asesoría sin justificación y sin contrapartida. Durante cuatro años pagó 2 mil 736 millones de pesos en medios y publicaciones. Un 5 por ciento del salario de cientos de funcionarios estatales se descontaba como una aportación al PRI, sumando unos 100 millones de pesos en todo el sexenio y al menos 500 personas figuraban en la nómina como aviadores.
Se crearon empresas fantasma a las que se les otorgaron varios millones de pesos por adjudicación directa; más del 60 por ciento de la obra pública se licitó sin respetar la normatividad y con precios abultados; se vendieron bienes públicos, incluyendo las reservas territoriales, a precios irrisorios para beneficiar a gente cercana al poder; se entregó dinero público (246 millones) para financiar la campaña electoral priísta de 2018. Y como si lo anterior no bastara, tenemos la “nómina secreta” mediante la cual compró apoyos, financió campañas y sobornó a funcionarios.
Los estertores finales del “nuevo” priismo transformaron la gobernabilidad propia de la democracia autoritaria del viejo régimen en una novedosa gobernabilidad del dinero, donde la endeble base de poder se construía sobre consensos comprados en pesos líquidos, como si el propio crimen organizado gobernara Chihuahua.
A Duarte no le preocupaba el futuro. Hipotecó el estado mediante variados instrumentos, entre ellos los fideicomisos. Los peajes carreteros no dejarán utilidades hasta el 2038, ya que Duarte Jáquez cedió hasta ese año los ingresos que dejan las casetas en las rutas del estado.
Sediento de dinero, el Gobierno de Duarte recibió por adelantado los recursos que le llegarían a Chihuahua por el peaje de las autopistas en los siguientes 27 años, por el impuesto sobre las nóminas en los venideros 15 años y por las participaciones federales en los próximos 15 años. En esa canilla inagotable, el estado perdió acceso a esos recursos y quienes prestaron ese dinero los administran hoy a través de fideicomisos.
El exgobernador ejerció además la totalidad del “techo de endeudamiento” de 24 mil millones de pesos al que tiene derecho Chihuahua y, en consecuencia, los nuevos gobiernos difícilmente tienen acceso a créditos de largo plazo adicionales a los ya contratados por Duarte. De esta manera Chihuahua quedaba hipotecada y enardecida por la corrupción.
En octubre de 2016, cuando Javier Corral Jurado tomó posesión como gobernador, la deuda estatal estaba en su punto más alto, y se contaba con un saldo en caja de 294 millones de pesos y apenas 21 millones disponibles. Chihuahua tenía la tercera deuda per cápita más grande del país. Cada uno de los chihuahuenses debíamos 14 mil 329 pesos. Cinco años después del “nuevo amanecer”, la deuda del estado corresponde al 72 por ciento de su recaudación y sigue siendo la tercera más grande de México.
De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del último trimestre de 2020, la administración estatal reportaba, hasta ese momento, una deuda pública de casi 50 mil millones de pesos. Durante cuatro años, Chihuahua ha tenido que pagar 25 mil millones de pesos, solo de puros servicios de pago de la deuda.
En el periodo que va entre el cierre de 2018 y los primeros meses de 2020, la deuda contratada a largo plazo por Corral creció 8 mil 100 millones de pesos. Es una pesada carga financiera adicional para el Gobierno que lo sucederá próximamente.
En 2019 Corral propuso al Congreso del Estado renegociar casi la mitad de la deuda pública heredada por Duarte, esto con el objetivo de flexibilizar el pago de intereses para refinanciar 28 mil millones de pesos. Sin lugar a dudas, la incapacidad corralista para manejar eficientemente la deuda pública impactará negativamente en el margen de maniobra del nuevo Gobierno.
Existen datos que apuntan a que el nivel de endeudamiento con el que concluirá el Gobierno corralista será casi un 20 por ciento mayor al que tenía el estado en 2016, alcanzando los 60 mil millones de pesos. La suma incluye la deuda a largo plazo más la deuda a corto plazo, los pagos a proveedores y otras obligaciones.
La Secretaría de Hacienda estatal informó que durante 2019 y 2020, el gobierno de Javier Corral pidió 18 créditos de corto plazo por casi 5 mil millones de pesos. En los primeros cuatro años de gobierno, Javier Corral solicitó 29 préstamos de corto plazo por un total de 13 mil 770 millones de pesos. Estos créditos no requieren autorización legislativa y son de libre disponibilidad, ahí radica su rol de salvavidas para el Gobierno, tentadores como la miel para las moscas.
La solicitud de estos créditos fue una constante de la administración de Corral, especialmente para hacer frente a los pagos de prestaciones y proveedores a finales de año. Quien introdujo la innovadora idea de contraer deuda de corto plazo fue César Duarte, a quien Javier Corral lo copió el estilo.
Los informes de la calificadora HR Ratings predicen que la entidad no tendrá otra opción que mantener el uso de la deuda a corto plazo. Representará un 95.6 por ciento de los ingresos de libre disposición en el periodo 2020-2022, augurando que escaseará el dinero disponible para nuevos proyectos.
¿Por qué aumentó la deuda durante el gobierno panista de Javier Corral? Mirone puede mencionar al menos cuatro vertientes de este espinoso asunto: la baja recaudación, el pago de intereses de la deuda, el abuso de la deuda de corto plazo y la ausencia de control del gasto.
La disminución de los ingresos propios es responsabilidad directa del Gobierno corralista. Tradicionalmente, Chihuahua se ha distinguido por una fuerte recaudación de ingresos propios. En el duartismo llegó a representar hasta el 30 por ciento del presupuesto total, mientras el 70 por ciento restante provenía de la Federación. Por el contrario, en 2020 la aportación federal representó el 88 por ciento del presupuesto estatal contra solo un 12 por ciento de ingresos propios.
Y aunque Corral se queje amargamente del Gobierno federal, los datos duros dicen que la Federación nunca dejó realmente encuerado a su Gobierno. En 2016 las aportaciones federales sumaban más de 36 mil millones de pesos, y para 2021 superaron los 54 mil millones de pesos.
Durante el gobierno corralista se han pagado más de 25 mil millones de pesos en servicios de pago de la deuda, más de la mitad de la deuda total. Y el Gobierno sigue apelando hasta el último momento al instrumento de la deuda a corto plazo, contratando créditos caros con altas tasas de interés. Encima de esto, y totalmente ajeno a las necesidades de los chihuahuenses, adoptó un perfil de frivolidad y despilfarro, muy alejado de la necesaria y prometida austeridad.
Como muestra, en enero de 2017, el Gobierno estatal publicó un acuerdo para implementar medidas de austeridad en el gasto público. Fue así que se suprimieron los gastos de representación, aunque en realidad, hasta 2020, la inversión aprobada para gastos de representación trepó a más de 237 millones, superando el millón de pesos por semana.
Lo mismo sucedió con el pago para alimentos, gastos en viajes y comisiones oficiales, combustible, comunicación social, pago de estímulos a servidores públicos y otros rubros. Además, Corral ha sido acusado de despilfarrar recursos públicos en proyectos como el transporte semimasivo Bravobús. Pagar deuda, generar más deuda y despilfarrar recursos públicos no es un esquema viable para las cuentas públicas.
El incremento de la nómina y los servicios personales, el pago de los servicios generales y de los materiales y suministros muestran una clara tendencia al alza desde su primer año de gobierno. Los gastos destinados a la inversión pública que se reflejan en vialidades y en infraestructura hidráulica y hospitalaria fueron a la baja. Mientras tanto, durante el duartato implicaron cerca de 3 mil millones de pesos, en 2017, 2018 y 2019 no llegaron a los 900 millones
Todos sabemos que el problema de cualquier deuda es el pago de los intereses, y mucho más cuando estos son abrumadores. Al Gobierno le prestan caro por su fama de mal pagador y, de esta manera, las deudas se alimentan a sí mismas, perforando la capacidad para tomar decisiones. Mirone entiende que la deuda pública no solo es un asunto contable, también es político, y esto se maneja mediante el ejercicio sólido del poder y de la influencia, cualidades inherentes a todo Gobierno.
Los presupuestos destinados a salud, a seguridad y desarrollo económico pueden tener dificultades, perjudicando, por la falta de recursos, la capacidad de ejecución de sus programas; mientras el Gobierno consume su tiempo y energía en el circuito perpetuo del pago de deuda generando más deuda, en un círculo infernal en el que nunca se debería de caer.
Las suicidas políticas de aislamiento y de golpeteo sensacionalista y mediático en las que el Gobierno de Javier Corral se embarcó durante gran parte de su mandato lo alejaron del Gobierno federal, de las instituciones estatales, de su propio partido y de la ciudadanía chihuahuense. Su incapacidad para maniobrar, para comunicar y para atraer recursos adicionales al estado, nos dejan hoy serias secuelas.
Durante el gobierno de Duarte los frenos debieron haber estado en el congreso estatal, pero este fue anulado. Los gobernadores se habían convertido en pequeños virreyes. Con Javier Corral, las instituciones locales quedaron en el olvido, mientras que los gobernadores en todo el país tuvieron que empezar a lidiar con una presidencia sumamente fuerte. Enfrentado con el Gobierno federal y distante de las institucionales estatales, el góber le prendió fuego a la casa con todos adentro, incluido él.
Corral no pudo concretar una eficaz política de austeridad, de acercamiento con la Federación, de desarrollo económico y de mejora de la recaudación fiscal. De esta manera hereda al futuro Gobierno el gran boquete financiero que previamente abrió Duarte y que él mismo, durante 5 años de gobierno y un cacareado “nuevo amanecer” para Chihuahua, no fue capaz de aminorar, ni tantito.
