HABLANDO Y ESCRIBIENDO
ARAS: NO ALCANZA PARA TODOS
POR ERNESTO AVILÉS MERCADO*
Finalmente, la maestra Hortensia García Rodríguez, jueza de control encargada de atender la audiencia de procedimiento abreviado, llevó a cabo la lectura de sentencia, pasándole la estafeta al juez de ejecución de penas, quien, bajo control judicial, llevará a cabo la última etapa del proceso penal en contra de la persona moral Aras.
Al margen de las apelaciones que se pudieran presentar y eventualmente retrasar el desarrollo de la sentencia, el haber iniciado, procesado y alcanzado una sentencia condenatoria con posibilidades reales de que un gran número de afectados pudieran alcanzar el importe defraudado, sin duda es un gran logro por parte de la fiscalía, previo al proceso electoral, cuando las posibilidades se creían reducidas y los comentarios incluso de funcionarios de la propia fiscalía, consideraban que se vendría abajo.
El asegurar los bienes de la persona moral, no fue una situación sencilla, hubo que lidiar con los demás jueces civiles, que ordenaron emplazamientos con embargo de bienes, por lo que fiscalía hubo de solicitar el embargo precautorio de los bienes para asegurar el pago de la reparación del daño, alegando entre otras cosas, el derecho humano de los defraudados, situación que afortunadamente para ellos, fue tomado en cuenta por el tribunal.
Ante la impasividad de la Fiscalía General de la República, para atender este asunto, a pesar de que jurisdiccionalmente le correspondía, ya que ARAS no contaba con autorizaciones expresas para recibir recursos de clientes, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, si hubo una tolerancia tácita para no impedir que los excesos que caracterizan las acciones de Aras y que a la postre se convirtieron en libertinajes, termina por evidenciar los malos manejos, además de levantar cortinas publicitarias para que los principales personajes responsables del quebranto, salieran del país, sin perder el control del dinero que se había recibido y que gracias a las rutas financieras conocidas por ellos, les permite todavía disponer del dinero que se encuentra invertido en bancos, empresas y seguramente también en bursatilizaciones ubicadas en cualquier parte del mundo.
La Unidad de Investigación Financiera, que ha servido para identificar los recursos de los funcionarios y ex funcionarios públicos, jamás prestó atención a las solicitudes planteadas por parte de la Fiscalía, para que se investigara la ruta del dinero de Aras, pero no solamente a nivel nacional, porque eso ya lo había hecho la fiscalía mediante trabajo de gabinete, sino el camino que se había seguido para sacar el dinero del país y ubicarlo donde se encontrara para eventualmente, buscar su inmovilización, aseguramiento y regreso a nuestro país.
La postura del maestro Mariano Cordero, de no aceptar los alcances jurídicos del poder del representante de Aras, seguramente formará parte de los agravios expresados ante el juzgado de alzada, sin embargo, no habrá que descartar tales acciones, ya que conocedor del derecho como lo es, seguramente que dará todavía mucho de qué hablar.
La crítica es que si el asesor jurídico, busca el cómo reparar el daño causado a las víctimas y la sentencia emitida es el único camino viable y conocido hasta ahora, las posibilidades de que pueda convencer a la mayoría de las víctimas, para continuar luchando jurídicamente en otras instancias para echar abajo lo caminado hasta ahora, parece una empresa de casi imposible realización.
Con la progresividad de los derechos humanos, y ante las omisiones realizadas por parte del gobierno federal, lo que podría resultar un camino más viable y seguro, sería presentar las demandas ante el Poder Judicial para que sea el Gobierno de la República quien pague a las víctimas faltantes y a las que no alcanzaran a recibir lo que les corresponde.
Lo que sí se puede reconocer como una respuesta contundente por parte del Gobierno de Maru Campos, es la efectividad con la que actuó la fiscalía general del Estado, al obtener la sentencia condenatoria y lo más importante cómo sería la reparación del daño, la cual quedará totalmente en la cancha del poder judicial, considero que ha cumplido con su compromiso de procurar justicia.
La forma que deberá de funcionar el fideicomiso, los filtros que se aplicarán para reconocer a las víctimas, así como la solución a los problemas que se van a presentar, tendrán que atenderse bajo el criterio de que lo asegurado es para pagar a los que alcancen y no para regalarlo. Como tampoco buscar que las instancias de gobierno se queden con ellos.
De ser cierto que Jauregui salga de la Fiscalía para integrarse en algún cargo político, ojalá y Maru Campos pueda entender que personajes como Roberto Fierro, ahora enquistado en la secretaría de administración, debería de estar procesado y que la Vice fiscalía es una necesidad improrrogable ante la eventual presencia del otro político al frente.
*ABOGADO LITIGANTE, MIEMBRO DE LA FECHCA Y LA AECHIH.
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