ARAS: LAS APELACIONES
POR ERNESTO AVILÉS MERCADO
El dictado de la sentencia en contra de la Persona Jurídica Aras Investmen Business Gruop, por la jueza Hortencia García, después de que fuera aceptado un procedimiento abreviado, donde se reconoció la plena responsabilidad del delito de fraude, por parte del representante de la moral Luis Alberto Benavides Rojas, no se ha declarado como firme por parte del tribunal, ya que se han presentado diversas apelaciones en contra, que si bien, no se puede adelantar que procedan, si retrasaran de manera significativa el pago de la reparación del daño.
De las 4355 víctimas registradas con diversos montos que van desde los 10 mil a los 10 millones de pesos, -con la sentencia dictada-, podrían recibir solamente una parte mínima, pero no una reparación del daño integral a que tienen derecho, según plantea en su escrito de apelación el maestro Mariano Cordero, representante de un grupo de víctimas.
Dentro de los agravios se afirma que la Juez Hortencia García, ya conocía del asunto, ya que fue la encargada de encabezar la audiencia inicial y de vinculación a proceso en contra de la operadora financiera Sandra Joselyn Rosas López, una de las primeras imputadas y detenida por parte de la Fiscalía, por lo que se considera que debió de excusarse, para salvaguardar su independencia e imparcialidad, ya que además no podría ir en contra de sus propias decisiones, al contar ya con un criterio definido en la primera audiencia, existiendo incluso, una disposición expresa en la Constitución, en su artículo 20 fracción V, inciso C donde se establece que El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente.
En la misma apelación, se establece como agravio el hecho de que el representante de la Moral Aras, no contaba con disposición expresa para poder tomar decisiones que vayan más allá de las autorizadas para pleitos y cobranzas, ya que aceptar la responsabilidad y la reparación del daño a las víctimas, correspondería al consejo directivo y tendría que oficializarse mediante una asamblea convocada para tal efecto.
Otro de los agravios a que hace referencia el asesor Cordero, es el referente a que la jurisdicción debió de haber recaído en los tribunales federales, por la concurrencia de delitos y la conexidad que existe entre ellos, además de la configuración de delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada además del hecho de haber recibido recursos de particulares cuando está estrictamente prohibido por leyes federales.
El criterio de muchas de las víctimas que fundaron sus esperanzas en la fiscalía del Estado para recibir la reparación del daño a que tienen derecho, es de que de lo perdido lo que aparezca, pero cada caso es diferente, porque existen numerosas personas que comprometieron sus ahorros y de toda su familia, hipotecaron sus viviendas e invirtieron todos los recursos que tenían buscando obtener más beneficios que en cualquier banco, además, el hecho de ofrecer abiertamente los rendimientos del 10% mensual, sin que las autoridades lo prohibieran o cuando menos alertaran a los inversionistas, fue el factor que les permitió a los integrantes de Aras, realizar el mayor fraude que se hay registrado en los últimos años
Con la progresividad de los derechos humanos y ante la omisión de las autoridades para prevenir y sancionar a la moral Aras, cuando era su obligación, los hace plenamente responsables solidariamente ante las víctimas, por lo que es absolutamente viable el demandar a la Federación para que también se sume a la reparación integral del daño sufrido.
La Fiscalía del Estado ha festejado con bombo y platillo, el desenlace del conflicto de Aras, como un asunto totalmente resuelto, pero lejos de haber concluido, se advierte que los agravios esgrimidos por Mariano Cordero, eventualmente pueden revertir el sentido de la sentencia dictada; los montos asegurados no alcanzan para más del 50%, aunque para muchos de los que invirtieron grandes cantidades, no será posible con los filtros e interpretaciones jurídicas, esperar recibir montos importantes.
Se afirma por parte del fiscal Heliodoro Araiza que las investigaciones continúan y que eventualmente encontrando nuevos nichos de recursos sustraídos, se podrían sumar al fideicomiso para ser entregados a las víctimas. Más creíble sería afirmar que los Reyes Magos están leyendo a detalle las denuncias y que los sorprenderán con la devolución total de sus inversiones.
El estado difícilmente dejará de operar el dinero que fue encontrado, los bienes muebles que se han detallado, así como los coches y diversas obras de arte, también encontrados en las oficinas e inmuebles que dejaron.
Jurídicamente el trabajo de la fiscalía ha sido impecable, porque de manera inédita ha logrado lo que parecía imposible: que fueran vinculados a proceso los detenidos y la imputación a la persona moral, contando con el beneplácito del TSJ.
Es claro que la Fiscalía Federal de la República, dejo en manos del fuero común lo que por responsabilidad y jurisdicción le correspondía, pero al advertir que políticamente le representaría un serio conflicto, optaron por heredarlo a la gobernadora.
De lo mucho que deja como experiencia este asunto, es la necesidad improrrogable de contar con una vice fiscalía, que se encargue de hacer el trabajo, mientras que la figura del fiscal se continúe manteniendo con conferencias de prensa y diálogos con los legisladores, glamour y socialité.
Sobre si se continúa buscando al CEO y demás involucrados, es necesario que exista una verdadera voluntad política para detenerlo y no seguir buscándolo en USA, cuando todos saben que están en Panamá.
Ojalá y las apelaciones presentadas, no se tarden mucho en resolver, la sentencia quede firme y las víctimas puedan finalmente comenzar a recibir lo que por ley les corresponde…ojalá
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