El diputado Jesús Valenciano, expuso en Tribuna que de conformidad con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios, los gobiernos de los estados están facultados para asumir compromisos de pago o realizar el refinanciamiento o reestructura de sus deudas u obligaciones, y se incluyen los gastos y costos relacionados con la formalización de los mismos.
Explicó que derivado de lo anterior, la mejora en las finanzas de la Entidad, podrá formalizarse mediante la reestructura, la cual, consistirá en la celebración de actos jurídicos que tengan por objeto modificar las condiciones originalmente pactadas de uno o más financiamientos o el refinanciamiento.
Mencionó que estos, podrán incluir la emisión de valores bursátiles, por parte del Estado, a través del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda, entidad de la administración pública paraestatal, fideicomiso público de estas instancias de gobierno, cuyos recursos se destinen a liquidar o modificar, total o parcialmente, una o más, obligaciones de pago o financiamientos.
Jesús Valenciano, informó que para celebrar las operaciones, se harán conforme a los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y Obligaciones a contratar con cualquier persona física o moral, legalmente autorizada, de nacionalidad mexicana.
El monto es un total de 48 mil 855 millones, 075 mil 421 pesos, el cual, podrá variar hasta por un equivalente a la diferencia entre el valor de la Unidad de Inversión publicada por el Banco de México entre la fecha de aprobación del Decreto y la fecha en que se refinancien o reestructuren las obligaciones vigentes pactadas.
Quienes integran la Sexagésima Sexta Legislatura, aprobaron el dictamen mediante el cual se declara el último jueves de cada mes como Recinto Oficial del Congreso del Estado Ciudad Juárez, a efecto de que se lleve a cabo una sesión mensual en cada periodo ordinario y diputación permanente en esta localidad.
El diputado Alejandro Gloria, expuso en Tribuna que lo anterior, tiene el objetivo promover una mayor participación ciudadana, máxima publicidad y transparencia en la función legislativa; y resaltó que Ciudad Juárez, es referente económico y social de la Entidad, al contar con más de 40 parques industriales.
Dijo que se deben mejorar las condiciones socioeconómicas de la región, por medio de salarios competitivos, un desarrollo urbano eficiente, una mayor participación de la sociedad civil organizada y un doble esfuerzo por parte de los Poderes del Estado.
Mencionó que por ello, el Poder Legislativo no debe de ser la excepción, por lo que al realizar sesiones periódicas en la frontera, se abrirá el panorama y se dará a conocer a la ciudadanía, una nueva dinámica que permita concretar leyes donde se privilegie la participación de los sectores productivos de la entidad.
Aseguró que al realizar este tipo de actividades, se dará un mayor acercamiento entre la sociedad y el Congreso del Estado, a fin de impulsar una agenda común, que responda a las necesidades de la sociedad en general, que generará que las reformas, iniciativas y leyes, estén apegadas a beneficiar a la población y todos los sectores productivos de la sociedad económicamente activa.
– Ralámuli: “Okuá Mili aminá makoi kimakoi bamiali (2019). Bamiali japali omawáriwa omana kawichi echi ralámuli ra’ichára”.
– Odami: “Goka mil dan baixtama daidï tubuxthaama (2019). Bi’xi oidi dama oidákami mi ñïokádami obai kï baguian dukai dïgaboxkïina xako oidaka ïgai”
Los diputados que integran la Sexagésima Sexta Legislatura, decretaron: “2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas”; así mismo, instruyeron a las Instituciones Públicas dependientes de los tres Poderes del Estado, administración centralizada, descentralizada, paraestatal y organismos constitucionales autónomos, así como a los ayuntamientos de los 67 municipios del Estado, a que impriman dicha leyenda en idiomas indígenas, en todos los documentos oficiales que tengan a bien elaborar con motivo y en ejercicio de sus funciones y facultades, durante el transcurso de este año.
La diputada Rocio Sarmiento, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, expuso en Tribuna que se consideró oportuno acentuar la importancia de la conservación de las lenguas indígenas, ya que cada una de ellas aporta valor intelectual sobre la diversidad lingüística en el mundo.
Dijo que por ello, es importante preservarlas y evitar su total desaparición, razón por la cual es imperante destacar las lenguas que actualmente son utilizadas en nuestro Estado.
La legisladora, hizo mención a una frase de Suzanne Romaine que dice: “cada lengua es un museo vivo, un monumento de cada cultura”, e indicó que es una pérdida significativa para cada uno de nosotros si la diversidad lingüística se esfuma cuando podemos hacer algo para prevenir esta desaparición.
Según datos del INEGI, de la Encuesta Intercensal 2015, en el Estado de Chihuahua se hablan 42 idiomas indígenas de los 70 que se encuentran identificados en todo el entorno nacional y los idiomas con mayor número de hablantes es el ralámuli (incluyendo sus cuatro variantes), Odami o Tepehuano del norte, Náhuatl, Zapoteco, Chinanteco, Mixteco y el Mazahua, cada uno con más de mil hablantes.
En el caso del ralámuli existen alrededor de noventa y ocho mil hablantes, mientras que el Odami existen quince mil, siendo mujeres más del 50% de hablantes.
Esta iniciativa, fue aprobada por unanimidad en el Recinto Oficial del Poder Legislativo.
– Se conforma por 4 títulos en los cuales a su vez se enuncian diversos capítulos para incluir todos y cada uno de los procedimientos que deben contemplarse
Con este nuevo ordenamiento, el Poder Legislativo chihuahuense brinda nuevas herramientas para la correcta y eficaz aplicación de un sistema anticorrupción, impulsado no solo en Chihuahua, sino a nivel nacional.
La Legisladora señaló al dar lectura al Dictamen, en qué consiste cada uno de los títulos que confirman este nuevo ordenamiento.
Dentro del primer Título de la Ley, el Capítulo Primero, establece que los juicios que se promuevan ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, se regirán por esta normativa, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y se establece también la aplicación supletoria de la legislación procesal civil aplicable.
Además se señala que la autoridad demandada deberá indemnizar a la persona afectada por el importe de daños y perjuicios causados, cuando cometa falta grave, para determinar lo anterior se enuncian los casos específicos en que habrá de configurarse esta, al dictar la resolución impugnada y no se allane al contestar la demanda en el concepto de impugnación de que se trata.
En el mismo Título, se señala también que la suspensión del juicio podrá ser parcial o total, y se hará por desistimiento de la parte demandante; cuando durante el juicio sobrevenga alguna de las causas de improcedencia; en el caso de fallecimiento de la parte demandante durante el juicio si su pretensión es intransmisible o, si su muerte deja sin materia el proceso; si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensión de la parte demandante; si el juicio queda sin materia y en los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para emitir resolución de fondo.
El Título Segundo denominado: “De la substanciación y resolución del juicio”, en su Capítulo I, se disponen las formas en que podrá presentarse la demanda, pudiendo ser por escrito directamente ante el Tribunal, o a través del Servicio Postal Mexicano, por correo registrado con acuse de recibido, y se señalan, así mismo, lo plazos en que deberá de realizarse.
Los requisitos para presentar la demanda son: nombre, denominación o razón social de la parte demandante, de quien promueva en su nombre, así como el domicilio para oír y recibir notificaciones; la resolución que se impugna; la autoridad o autoridades demandadas o el nombre, denominación o razón social; los hechos que den motivo a la demanda; las pruebas que se ofrecen, regulando lo relativo a cada tipo de prueba; los conceptos de impugnación, datos generales de la tercera persona interesada; lo que se pide y la manifestación de someterse, o no, al mecanismo alternativo para la solución de controversias.
En el Capítulo II, se señala que admitida la demanda se correrá traslado de ella a la parte demandada, emplazándola para que la conteste. Por su parte, el Capítulo III enumera, como su nombre lo dice, lo respectivo a la conciliación como mecanismo alternativo de solución de controversias.
Respecto a las medidas cautelares, éstas se encuentran en el Capítulo IV, y con ello se asegura la eficacia de la sentencia, y se evita que el litigio quede sin materia.
En el Capítulo VI se dispone lo necesario para que la parte actora esté en posibilidad de probar todos los hechos que se pretende sean reconocidos o se haga efectivo un derecho.
Otro de los capítulos detallan lo referente al cumplimiento de la sentencia y la suspensión, en donde se establece que las autoridades demandadas como cualquier otra relacionada, están obligadas a cumplir las sentencias que dicte el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, en los casos en los que esta declare la nulidad, o bien, sea en sentido condenatorio; para ello se podrá requerir a la autoridad demandada para que informe al respecto en el término de tres días.
Para finalizar, la legisladora informó que el Decreto entrará en vigor el día en que se emita la declaratoria de instalación del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, hasta en tanto esto suceda, el Poder Judicial del Estado, a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo y Fiscal, conocerá de los asuntos en la materia, debiendo concluir los que se encuentren en trámite, conforme a las disposiciones del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 30 de diciembre de 1970.
En Sesión Ordinaria de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, diputados locales aprobaron los dictámenes relativos a las cuentas públicas y estados financieros de varios entes fiscalizables.
Dichos documentos fueron presentados al Pleno Legislativo por los legisladores: Carmen Rocío González y Misael Máynez, en su carácter de integrantes de la Comisión de Fiscalización.
Los organismos que no tuvieron observaciones por las operaciones realizadas en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, fueron:
Guadalupe.
Meoqui.
Rosales.
San Francisco de Conchos.
Operadora de Transporte VIVEBÚS Chihuahua.
Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua.
Instituto Chihuahuense de la Juventud.
Los entes fiscalizables que presentaron observaciones fueron:
Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua.
Ascensión.
Urique.
Guazapares.
Janos.
San Francisco del Oro.
Valle de Zaragoza.
López.
Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana.
Dado a lo antes señalado, la Auditoría Superior fue instruida para que presente las denuncias ante la instancia correspondiente, a fin de que se determinen las responsabilidades administrativas en contra de los titulares y/o funcionarios públicos que hayan participado en las operaciones que cuentan con alguna anomalía y que fueron señaladas en los dictámenes.
– Para el ejercicio fiscal 2019
En la exposición de motivos, el diputado del Grupo Parlamentario de MORENA, Benjamín Carrera, expuso que dado a algunos datos emitidos por el INEGI, resulta imperante dotar de presupuesto para obra pública a dicho municipio fronterizo, así como realizar acciones necesarias para la ejecución de obras, mismas que generarían un bienestar social que dimitiría los actos delictivos que en varias ocasiones han focalizado a Ciudad Juárez como una de las ciudades más violentas del País.
El presupuesto para inversión en obra pública en el estado en general durante el 2018 es menor comparado con el de 2017, en 284 millones 400 mil 272.68 pesos, evidenciando el decremento de la asignación de recursos, señaló el Legislador.
Explicó que las razones financieras indican que se tiene un compromiso con la “Mejor Frontera de México”, que puede ser representada en obras como carreteras o rutas, represas, alumbrado público, parques, escuelas, etcétera.
Cabe destacar que fue aprobada la moción presentada por el diputado Misael Máynez, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, para incluir en el exhorto al Poder Ejecutivo Federal.
– Importante que se haga valer el respeto a los derechos laborales de los trabajadores
El diputado Miguel Ángel Colunga, coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA, al exponer la iniciativa ante el Pleno, expresó que no se debe permanecer inmóvil ante situaciones como la falta de pago de bonos y prestaciones que se ha presentado en estas fechas. “Estas fechas que deberían de ser para festejar la unión y la solidaridad en las familias chihuahuenses, pero que al contrario, cada fin de año se ven trastornadas por el manejo arbitrario del dinero público, y con ello se convierten en épocas de incertidumbre y zozobra”, dijo.
Finalmente, el diputado pidió que de haberse incurrido en una falta de pago a los trabajadores antes señalados, se haga valer el derecho laboral de los trabajadores del sector salud y dé atención al reclamo externado por los afectados e integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Chihuahuense de Salud.
Los diputados del Congreso del Estado de Chihuahua, exhortaron a la Presidente Municipal de Buenaventura, Miriam Caballero Arras, para que se respeten las facultades legales al presidente seccional del ejido Benito Juárez, Javier Márquez Rentería.
Lo anterior, a fin de que el Presidente Seccional integre dentro de su mandato los recursos humanos de confianza necesarios, al dar cumplimiento en lo dispuesto por el artículo 41 fracción lV del Código Municipal del Estado de Chihuahua.
El diputado, Miguel Ángel Colunga, coordinador de la Fracción Parlamentaria de MORENA, expuso que la población que habita el territorio de un determinado municipio puede a su vez agruparse en subpoblaciones que comparten características comunes entre sí, de forma intrínseca debido a las condiciones que le son planteadas por la geografía del terreno o la dispersión poblacional.
El diputado agregó que estos procesos legales y democráticos se encuentran contemplados en la forma de organización política de nuestra entidad en el Código Municipal del Estado de Chihuahua, donde se establece la conformación de 67 municipios, los cuales, a su vez, cuentan con aproximadamente 169 secciones municipales, cuya función, a la par de las comisarías de policía, es la de fungir como auxiliares del ayuntamiento en la materialización de sus funciones.
El Legislador señaló que tal es el caso suscitado en el municipio de Buenaventura en el Seccional de Benito Juárez en donde la alcaldesa, Miriam Caballero Arras, de forma arbitraria, no permite al Presidente Seccional electo, Javier Márquez Rentería, integrar dentro de su mandato los recursos humanos de confianza necesarios, lo cual constituye una atribución del seccional, mismo que se encuentra plasmado en el artículo 41, fracción lV, del Código Municipal del Estado de Chihuahua.
“Las acciones que ha estado tomando la Alcaldesa, en cuanto al incumplimiento de las leyes, no pueden ser permitidas, así como tampoco podemos dejar que se estén pisoteando los derechos de los presidentes seccionales ni de cualquier otro ciudadano”, finalizó.
– Para ser designado apoyo a programas para la igualdad entre mujeres y hombres
La diputada, Blanca Gámez, afirmó que es necesaria una revaloración a la proyección analizada, ya que si se valoran los aspectos de la atención de la violencia de género contra las Mujeres, incluido el feminicidio, los avances logrados a nivel institucional se verán seriamente afectados, incluidos los compromisos asumidos por el Estado Mexicano de cara a los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos.
Es obligación del Estado Mexicano, el garantizar de manera eficaz los Derechos Humanos de las Mujeres y de las Niñas, obligación vista desde el contexto de las estructuras sociales y las relaciones de poder que no solo condicionan las leyes y las políticas, sino que además adquiere auge al marco de las políticas públicas de desarrollo y la manera en la que el Gobierno a los tres niveles tiene la capacidad de transmitirla a la población, señaló la Legisladora.
“Debemos ser críticos con la implementación de políticas públicas suficientes sean atendidas con prospectiva y que además se garantice la progresividad de los Derechos Humanos”, dijo.
De igual manera, expresó que es necesaria la participación de los entes públicos, para que en base al contenido del programa por ellos implementado, se pueda conocer el alcance de la protección de los Derechos Humanos que alcanza cada programa gubernamental que afecta las variaciones presupuestales proyectadas para 2019.
Diputados de la Sexagésima Sexta Legislatura exhortaron al secretario de Salud del Gobierno Federal, Jorge Alcocer Varela, así como al secretario de Salud del Estado, Jesús Enrique Grajeda Herrera, para que establezcan acuerdos para la elaboración de un proyecto ejecutivo y construcción de un Hospital con especificaciones hospitalarias, equipamiento y especialidades médicas de Tercer Nivel.
El diputado, Jesús Velázquez, enumeró las diversas razones sobre las cuales se requiere un nosocomio de este nivel que sea del servicio público.
Al resaltar que el Estado de Chihuahua cuenta con una población de tres millones seiscientos mil habitantes, explicó que el 90% de los chihuahuenses cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los presta, mientras que el otro 10% no tiene acceso a los mismos, por lo que acuden a los consultorios privados para su tratamiento.
Indicó que Chihuahua ocupa el décimo lugar nacional con disponibilidad de camas hospitalarias; el lugar número 23 respecto a cobertura de Unidades de Consulta externa; el lugar 21 a nivel nacional en materia de Unidades de Hospitalización y el número 24 a nivel nacional en número de quirófanos.
De ahí la importancia de que los servicios de Tercer Nivel se integran en la red de hospitales de alta especialidad con tecnología avanzada, toda vez que tratan enfermedades de baja prevalencia, de alto riesgo y las enfermedades complejas. En ellos se atiende a los pacientes que remiten los hospitales de segundo nivel, explicó.
En tanto, señaló que miles de chihuahuenses que necesitan tratamientos de alta especialidad, tienen que desplazar al extranjero o ciudades como Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México, mientras que los que no tienen los medios, están condenados a muerte por no poder pagar los servicios hospitalarios privados o los costos de salir a otro estado de la república o al extranjero.
“Para muchos chihuahuenses afectados por enfermedades graves, es muy difícil el tener que pagar transporte al extranjero y otras ciudades del país para atender padecimientos que aquí en nuestra entidad, no es posible tratar por la falta de un Hospital público con características de tercer nivel”, aseguró.
