En Sesión Ordinaria, diputados de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, aprobaron una serie de dictámenes correspondientes a cuentas públicas y estados financieros de varios entes, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017.
El diputado Misael Máynez, en su carácter de integrante de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, fue quien expuso ante el Pleno Legislativo, los documentos con los resultados del análisis de las cuentas públicas del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, los cuales contienen las consideraciones con las respectivas observaciones de acuerdo a cada caso.
Fueron nueve los asuntos presentados por la Comisión dictaminadora ya señalada, de los cuales Guachochi, Galeana y el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, no tuvieron observaciones en el manejo, recaudación y aplicación de los recursos públicos, que puedan generar daño patrimonial al ente.
Contrario a lo anterior mencionado, los estados financieros de los municipios de Gran Morelos, Matachí, Cuauhtémoc y Madera, así como el Tribunal Superior de Justicia, presentaron diversas observaciones, por lo que se instruyó a la Auditoría Superior del Estado, para que presente las denuncias ante la instancia correspondiente, a fin de que se determinen las responsabilidades administrativas o penales, según el caso.
Por último, cabe mencionar que el dictamen correspondiente a la cuenta pública del municipio de Casas Grandes, fue regresado a la Comisión.
El Poder Legislativo de Chihuahua exhortó al Gobierno del Estado, para que a través de la Secretaría de Hacienda, se establezca una coordinación con el Comité Técnico del Fideicomiso Público número 80672, para que se establezcan los lineamientos que permitan la aplicación correcta de programas para usuarios preferenciales, así como descuentos en cuotas de peaje.
Lo anterior, con la finalidad de atender la problemática que aqueja a las personas que habitan en las zonas cercanas a las carreteras con casetas de cobro dentro del territorio del Estado, señaló el diputado Lorenzo Arturo Parga, vocal de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano.
Asimismo, se exhortó al Comité Técnico del Fideicomiso público número 80672, para que informe al Legislativo local, sobre las acciones realizadas para brindar beneficios y/o descuentos en las cuotas de peaje a las personas que habitan en las zonas cercanas a las carreteras con plazas de cobro en el territorio del Estado.
El expositor mencionó que en la actualidad las carreteras a cargo del Estado, tanto estatales como federales, están comprometidas por varias décadas, por ello y en razón a que es el Comité antes señalado, el facultado para autorizar los aumentos o reducciones en las tarifas, es que se hace el llamado atento a dicho organismo.
El Congreso del Estado expidió la Ley de Asociaciones Público Privadas, la cual consta de un total de 121 artículos, divididos en 6 diferentes Títulos.
La presidente de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano, diputada Carmen Rocío González Alonso, señaló en la exposición del Dictámen, que dicho ordenamiento se crea con la finalidad de contar con Asociaciones Público Privadas, que permitirán la vinculación del capital privado para la provisión de bienes y servicios asociados a la infraestructura de sectores importantes, como: el transporte, la educación, la salud, la seguridad pública, entre otros.
Además refirió que el Título Primero se refiere a las disposiciones generales; el Título Segundo establece la preparación e inicio de los proyectos de Asociación Público Privada, destacando su planeación, programación y presupuestación por parte de los entes públicos; además, se especifica la autorización por parte del Congreso del Estado, y se contempla la regulación de Comisiones como órganos encargados de analizar y vigilar los procedimientos de la Ley.
Por otra parte, se regulan figuras como el “Administrador del Proyecto” y la elaboración del “Análisis Costo Benéficio”.
El Título Tercero regula la presentación de propuestas no solicitadas, previendo con esta figura que los ciudadanos interesados en desarrollar un proyecto de Asociación Público Privada, puedan presentar sus propuestas sin que los entes públicos las hayan solicitado, generando condiciones e incentivos para que el sector privado presente proyectos que, de ser de interés del sector público, puedan concretarse.
El Título Cuarto refiere la adjudicación de los proyectos, estableciéndose que esta se llevará a cabo por regla general mediante licitación pública; asimismo se regulan, conforme a la experiencia de este Congreso en las Leyes de Adquisiciones y Obra Pública, los diversos procedimientos de contratación conforme a los principios de legalidad, libre competencia, objetividad e imparcialidad, transparencia, publicidad e igualdad de condiciones.
Las disposiciones a las que deberán sujetarse los entes públicos estatales y municipales, para celebrar los contratos de Asociación Público Privada una vez adjudicados, están establecidas en el Título Quinto.
El último Título se refiere en primer término a la supervisión de los proyectos, las sanciones, la instancia de inconformidad y su procedimiento, así como los medios alternos de solución de controversias estableciéndose que esta se llevará a cabo por regla general mediante licitación pública; asimismo se regulan, conforme a la experiencia de este Congreso en las Leyes de Adquisiciones y Obra Pública, los diversos procedimientos de contratación conforme a los principios de legalidad, libre competencia, objetividad e imparcialidad, transparencia, publicidad e igualdad de condiciones.
Para finalizar, González Alonso, señaló que ante la creación de este nuevo cuerpo normativo, se requirió de una serie de modificaciones al marco jurídico estatal, con el fin de armonizar de forma congruente los términos que serán utilizados; por lo que se reformaron diversos artículos de la Constitución Política, del Código Municipal, de la Ley de Deuda Pública, así como de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público.
Para impulsar las políticas públicas en beneficio de niños, niñas y adolescentes, se exhortó a los 67 municipios del estado a establecer las bases para la conformación de los Comités Municipales de los Centros de Atención y Prestadores de Servicios de Cuidado Infantil y los Comités Municipales de Inspección y Vigilancia, ambos cuerpos colegiados de la Ley de Centros de Cuidado Infantil.
Esto, fue presentado en voz del diputado Benjamín Carrera Chávez del Grupo Parlamentario de MORENA, ante el Pleno de la LXVI Legislatura, quien complementó que es necesario elevar la calidad de atención y seguridad de los menores de edad en dichos centros, en respeto a sus derechos para su desarrollo integral.
En este sentido, detalló que en Chihuahua habitan 982 mil 401 niños y niñas de los 0 a los 14 años, que representan el 29 por ciento de la población, mismos que son reconocidos como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
“En el 2018, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, reportó que el 53 por ciento de los casos de los niños de primaria y secundaria y que un 57 por ciento de los adolescentes de entre 15 y 19 años, son hijos de madres y/o padres empleados del sector maquilador, los que son dejados frecuentemente solos en casa por no tener quien los cuide”, señaló el legislador.
Puntualizó que también, el 73 por ciento de los casos de madres o padres, trabajan horas extras al menos una vez a la semana, lo que no garantiza la seguridad del cuidado de sus hijos y que por ello, es necesario que se conformen los centros y comités antes referidos, en aras del bienestar de los menores de edad.
“La niñez y adolescencia siempre será una inversión primordial y en la que tenemos que poner nuestro mejor esfuerzo para impulsar la calidad de vida que todo niño y niña necesita; nuestras instituciones gubernamentales están sujetas a garantizar el principio para su desarrollo integral”, concluyó Carrera Chávez.
El Poder Legislativo de Chihuahua, exhortó al Senador Martín Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para que se promuevan foros para recabar el sentir de las y los mexicanos, en relación a la propuesta para expedir la Ley para el Desarrollo Agrario y abrogar la Ley Agraria.
Asimismo, se insta a los congresos de los estados de la República, para que en el marco de sus respectivas Comisiones Ordinarias, efectúen foros temáticos de Consulta en consideración al proceso de análisis y dictamen del Proyecto de Decreto de dicha iniciativa de Ley.
Fue el diputado Jesús Villarreal, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, quien presentó la iniciativa de acuerdo aprobada de manera urgente en Sesión Ordinaria.
El llamado se realiza a efecto de hacer llegar las observaciones y comentarios pertinentes ante las Comisiones Dictaminadoras Unidas de Reforma Agraria; de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, Segunda de la H. Cámara de Senadores, para que sean tomadas en cuenta durante el proceso de dictamen.
Para finalizar, Villarreal Macías señaló que este punto de acuerdo nació dado a que algunos integrantes de los sectores ganadero y forestal, le externaron su preocupación por lo antes mencionado, ya que según lo dicho por los quejosos, estas acciones atentan contra dichos sectores, pues en lugar de incentivar la producción ganadera y forestal, limita el crecimiento económico y el desarrollo de empresas especializadas en las actividades mencionadas.
Argumentó que la iniciativa de Decreto por la que se solicitó abrogar la Ley Agraria y expedir la Ley para el Desarrollo Agrario, fue presentada por el Senador Ricardo Monreal Ávila.
