El Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, expidió la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado, ambos ordenamientos para el Ejercicio Fiscal 2019.
El diputado Presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, Jesús Valenciano, en la exposición de los decretos, señaló que la administración estatal, habrá de tener un ingreso para el año 2019, de 69 mil 628 millones 474 mil 852 pesos, el cual se divide de la siguiente manera:
Impuestos $5,522,049,277.
Derechos $5,399,803,652.
Productos $294,911,024.
Aprovechamientos $3,438,212,617.
Participaciones $25,686,599,134.
Aportaciones $21,287,339,684.
Convenios $6,501,694,573.
Incentivos derivados de la colaboración fiscal $1,497,864,890.
Enfatizó que el estímulo por pronto pago del Derecho de Control Vehicular, se mantendrá para el primer trimestre del 2019, monto que será variable de acuerdo al año modelo del vehículo.
Respecto al impuesto adicional destinado al sostenimiento de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, señaló que este se determinará una vez aplicados los estímulos fiscales y las condonaciones, establecidos en la Ley de Ingresos, así como las condonaciones que se autoricen en términos de lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de Chihuahua.
Por otra parte, informó que el Presupuesto que el Estado habrá de ejercer, será de 72 mil 216 millones 669 mil 688 pesos; presupuesto que fue realizado en cumplimiento a las normas establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y orientado a la obtención de resultados.
El monto antes señalado, será distribuido en los siguientes ejes:
Opción Preferencial por las Personas en Situación de Pobreza $4,698,709,433.
Derechos Humanos e Inclusión Social $50,622,967,493.
Agenda TAI: Transparencia, Combate a la Corrupción y a la Impunidad $15,716,654,174.
Reforma del Poder, Participación Ciudadana y Democracia Efectiva $1,178,338,589.
En los artículos transitorios se detalló la reorientación del presupuesto, entre ello, la reducción por Ente Público a razón de: $230,362,285.00 (doscientos treinta millones trescientos sesenta y dos mil doscientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.).
Se determinó también una partida de $30,000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 M.N.), para destinarse a la instalación y funcionamiento inicial del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, a través de la Secretaría de Hacienda, tomará las medidas presupuestales necesarias para tales efectos, de los fondos que, en su caso, resulten de las economías derivadas de reestructuras financieras autorizadas.
Para la operatividad de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, el Ejecutivo hará las adecuaciones necesarias para asignar una partida de $5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/000 M.N.).
Para finalizar, dijo que de lo asignado al FICOSEC, se destinarán $17,452,760.00 (diecisiete millones cuatrocientos cincuenta y dos mil setecientos sesenta pesos), a la ejecución de programas de prevención del delito, a través de acciones deportivas.
Los diputados que integran la Sexagésima Sexta Legislatura, reformaron los artículos 130 de la Constitución Política; y 44 del Código Municipal, ambos ordenamientos del Estado de Chihuahua, con la finalidad de asegurar la instalación oportuna de las juntas municipales y comisarías de policía como órganos auxiliares de los municipios de la Entidad.
El diputado Miguel La Torre, Presidente de la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, dijo en Tribuna que la Constitución Estatal, en el artículo 130, señala: “Los ayuntamientos se instalarán el día diez de septiembre de los años correspondientes a su renovación, y las juntas municipales y los comisarios de policía antes del treinta y uno de enero del año siguiente”.
Respecto a la fracción I del artículo 44 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, se establecen las bases para los procedimientos de elección de quienes integran las juntas municipales y comisarías de policía, y la referida fracción determina que las elecciones se verificarán: “Las ordinarias, dentro de los primeros noventa días de gobierno de una nueva administración municipal y las extraordinarias cuando haya solicitado la remoción de las autoridades por más de la mitad de los ciudadanos y así lo haya acordado el Ayuntamiento”.
Miguel La Torre, informó que estos cambios, pretenden que de conformidad al artículo 44 del Código en comento, la elección de quienes habrán de integrar las juntas municipales y comisarías de policía deberá hacerse dentro de los primeros noventa días de gobierno de una nueva Administración Municipal.
Por otro lado, si se tiene en cuenta que el artículo 130 de la Constitución Estatal prevé que estos órganos se instalen antes del treinta y uno de enero del año siguiente al de la renovación de los ayuntamientos.
Dijo que dada la temporalidad prevista en dichos numerales, pudieran transcurrir varios días y hasta semanas sin que llegara a efectuarse tal designación. Lo cual, traería consigo el que dichas autoridades municipales auxiliares quedaran acéfalas por tiempo indeterminado y por lo tanto, las labores que realizan, de tan alta trascendencia para la vida comunitaria, no se llevaran a cabo en detrimento de los intereses de la ciudadanía.
Para los legisladores, resulta imprescindible, garantizar la instalación oportuna, y en un término más breve que el contemplado por la legislación vigente, de las juntas municipales y comisarías de policía, que tan trascendentales labores realizan para la ciudadanía en los ayuntamientos del Estado, por lo que el dictamen se aprobó por unanimidad.
Los diputados que integran la Sexagésima Sexta Legislatura, reformaron el artículo 8 y del Título Noveno, la denominación del Capítulo IV, del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua, a efecto de estandarizar conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo referente a la Reforma Política de la Ciudad de México.
El diputado René Frías, vocal de la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, expuso en Tribuna que, a raíz de la reforma política de la Ciudad de México, que implicó la modificación de diversos numerales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se realizaron una serie de cambios, entre ellos, su denominación que antes era Distrito Federal.
Dijo que por ello, se debe dotar de claridad a los ordenamientos legales, en cuanto a las referencias que en los mismos se hagan, como es el caso del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua.
Por ello, este artículo quedará redactado de la siguiente manera:
ARTÍCULO 8. Respecto de la fe y valor legal que deba darse a los actos de los estados y de la Ciudad de México, son aplicables las siguientes reglas:
I. Se dará entera fe y valor legal a los actos, registros públicos y procedimientos judiciales de los estados y de la Ciudad de México, sin que para probarlos se requiera previa legalización de las firmas que los autoricen.
II. La fuerza ejecutoria de las sentencias pronunciadas por los tribunales de los estados y de la Ciudad de México, se determinará de acuerdo con las bases establecidas por el artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
– Incluyen nueva categoría de participación
Los diputados de la Sexagésima Sexta Legislatura reformaron la Ley que crea el Premio a la Responsabilidad Medioambiental, a fin de incluir la categoría para los Proyectos de investigación en materia ambiental, técnicamente viables, que se encuentren en fase de ejecución del prototipo, que tengan impacto y trascendencia en la sustentabilidad de la comunidad.
El diputado Alejandro Gloria González, presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, recordó que el premio se otorga a las personas físicas o morales que tengan una trayectoria o acciones destacadas en el ámbito medioambiental y que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley.
Señaló además que el premio consiste en la entrega de una medalla, la cual contendrá el escudo de Estado de Chihuahua y la leyenda “Premio a la Responsabilidad Medioambiental”. Adicionalmente a la medalla, las categorías de Personas, Organizaciones de la Sociedad Civil y Proyectos, recibirán un premio de 50 mil pesos, respectivamente.
Cabe destacar que para el análisis y evaluación de los trabajos participantes, así como para la emisión de un veredicto, se constituirá un jurado calificador, el cual será integrado a propuesta del Poder Legislativo, a través de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, cargo que habrán de desempeñar sin remuneración y de manera personal.
Diputados locales aprobaron en Sesión Ordinaria, la agenda legislativa, misma que contiene objetivos y metas comunes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua.
El diputado Fernando Álvarez Monje, en representación de la Junta de Coordinación Política, presentó el documento ante el Pleno Legislativo.
Señaló que este documento da certeza a las demandas y necesidades de las y los ciudadanos del Estado. En ella se conjugan las condiciones sociales, las demandas de la ciudadanía y el contenido de las plataformas electorales de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo, en un claro compromiso por establecer un marco jurídico acorde que permita a la sociedad vivir en armonía y con expectativas reales de una mejor calidad de vida.
Detalló que la Agenda Legislativa se divide en seis ejes de acciones legislativas prioritarias:
-Bienestar social y desarrollo humano
-Justicia, derechos humanos y seguridad
-Desarrollo económico
-Transparencia y buen gobierno
-Equidad de género
-Habitat, movilidad y medio ambiente
Para finalizar, el legislador comentó que el documento presentado, servirá como herramienta para que los representantes de los chihuahuenses, den soluciones para las necesidades colectivas, construyendo acuerdos y consensos entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado.
