Aprehenderán a Anaya: Quijano
México.- El abogado Javier Quijano, quien defendió a AMLO del proceso de desafuero en 2005, advirtió que intentarán formal aprehensión contra Ricardo Anaya y lo sacarán de la contienda electoral.
El exabogado de Andrés Manuel López Obrador detalló que supone que el PRI utilizará la fuerza del Estado Mexicano para procesar a Anaya.
Sobre los señalamientos entre José Meade y Ricardo Anaya por presuntos delitos de desvíos y lavado de dinero en ambos casos, comentó “esos dos partidos que se acusan, están tratando de ver quién queda como el opositor más grande, y se están haciendo pedazos entre ellos”.
Pero reconoció que todo indica que Anaya será quien enfrente un proceso.
“Hay riesgo de que si la Procuraduría General de la República actúa con la celeridad, con la que ha venido actuando, consigne el expediente a un juez, con lo cual se firmará la orden formal de aprehensión”, insistió el abogado Quijano.
Si aprehenden formalmente Anaya, bajo orden de juez, ya “no podrá ser candidato”, aseveró el exabogado de López Obrador.
Recordó que el Artículo 38 de la Constitución establece que “los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión”.
Sobre los señalamientos entre José Meade y Ricardo Anaya por presuntos delitos de desvíos y lavado de dinero en ambos casos, comentó “esos dos partidos que se acusan, están tratando de ver quién queda como el opositor más grande, y se están haciendo pedazos entre ellos”.
Pero reconoció que todo indica que Anaya será quien enfrente un proceso.
“Hay riesgo de que si la Procuraduría General de la República actúa con la celeridad, con la que ha venido actuando, consigne el expediente a un juez, con lo cual se firmará la orden formal de aprehensión”, insistió el abogado Quijano.
Si aprehenden formalmente Anaya, bajo orden de juez, ya “no podrá ser candidato”, aseveró el exabogado de López Obrador.
Recordó que el Artículo 38 de la Constitución establece que “los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión”.
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