Jaque legal
La defensa del exgobernador de Chihuahua, César Horacio D.J., decidió llevar la batalla jurídica a todos los frentes. Tras la resolución de una jueza federal que lo vinculó a proceso y le impuso la prisión preventiva, su abogado, Héctor Villasana, anunció la interposición de recursos de apelación y amparos para intentar revertir tanto la medida cautelar como el proceso mismo.
El argumento central no es menor: la defensa sostiene que se está juzgando dos veces al exmandatario por los mismos hechos. César D.J. fue extraditado para enfrentar un proceso del fuero estatal por el presunto desvío de 96 millones de pesos, recursos que habrían sido canalizados a la Unión Ganadera Regional División del Norte. Sin embargo, ahora la Fiscalía General de la República optó por una ruta distinta, al encuadrar los hechos como uso de recursos de procedencia ilícita.
Para Villasana, este cambio de clasificación jurídica no solo resulta cuestionable, sino que representa una violación directa a los derechos fundamentales de su cliente. La conducta, afirma, ya es materia de análisis en el ámbito estatal, por lo que pretender juzgarla de nuevo en el fuero federal equivale a un doble procesamiento, prohibido por la Constitución.
A ello se suma la inconformidad por la prisión preventiva en el penal del Altiplano, una medida que la defensa considera excesiva y carente de justificación. El mensaje es claro: no se trata únicamente de un pleito técnico, sino de un caso que podría sentar un precedente sobre los límites entre competencias estatales y federales, así como sobre el respeto al debido proceso en casos de alto perfil.
En los próximos días, los tribunales federales tendrán en sus manos decidir si este ajedrez legal se inclina a favor de la Fiscalía o si, como sostiene la defensa, la partida comenzó con piezas mal acomodadas.
