La columna
POR CARLOS JARAMILLO VELA
· AMLO y el descuido de su administración.
· Los graves vicios de la reforma electoral de AMLO, invalidada por la SCJN.
Un grave descuido, sin duda, es en el que de manera deliberada ha venido incurriendo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el comienzo de su gestión, al evadir una parte de sus responsabilidades administrativas. Es evidente la negligencia y los desatinos que en materia de salud hoy padece México; el desabasto de medicinas, así como el desmantelamiento del benéfico Seguro Popular, primero, y después la desaparición del insulso Instituto de Salud para en Bienestar (INSABI), son muestra clara de ello. Otra prueba evidente del abandono y desdén administrativo la constituye el desamparo en el que el actual gobierno ha dejado a los productores agropecuarios, al extinguir a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; debido a esto los productores sinaloenses de maíz ya han empezado a sufrir los perjuicios de este error del gobierno. En materia de seguridad pública no hace falta dar detalles, basta atender a los noticieros de televisión para ver y oír lo que pasa todos los días en las carreteras, ciudades y poblados del país.
La razón, o más bien, la sinrazón de todo esto, es la campaña por la sucesión presidencial, a la que el mandatario del país se ha dedicado en cuerpo y alma desde que rindió protesta como presidente de México. Desde el inicio de esa campaña, contraria a la ley, al sentido común y a las prioridades nacionales que hoy preocupan a la mayoría de los mexicanos, López Obrador ha invertido gran parte de su tiempo y esfuerzo, así como no pocos de los cuantiosos recursos públicos –financieros, materiales y humanos- a su disposición, para dirigir e impulsar esa campaña electoral, que representa su preciado anhelo por entregar la banda presidencial a una o uno de los suyos. Esta es, junto con otras de igual o mayor gravedad, una de las causas del intencional descuido, mediante el que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha prestado atención a algunas de las más importantes responsabilidades de su administración.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha asestado otro revés al presidente López Obrador. El jueves 22 de junio, inmediato anterior, dicho órgano jurisdiccional, por los votos de 9 ministros a favor -y solo 2 en contra-, aprobó el proyecto de resolución del ministro Laynez, para declarar inválida la segunda parte del plan B de la reforma electoral, que el presidente promovió y fue aprobada por la mayoría de legisladores morenistas, a contrapelo de la Constitución. Tanto esta segunda parte de la pretendida reforma, como la primera parte -también invalidada, días antes, por la SCJN-, fueron dolosamente concebidas, y adolecen de dos vicios sustanciales, uno, de índole formal, y el otro, de naturaleza material.
El defecto formal de la reforma se originó en el irregular y maquiavélico proceso de su aprobación, al efectuarse ésta sin respetar las normas constitucionales que señalan el proceso legislativo, y al haberse aprobado un texto diverso al que se sometió a discusión para su aprobación, es decir, tal aprobación fue
inconstitucional, falaz y antidemocrática. El segundo de los vicios que presenta la reforma en mención se refiere al contenido de ésta, y quizá es más grave y trascendente que el primero, pues tiene un claro sentido inmoral, ya que a través de la citada modificación legal se pretendió menguar la estructura operativa territorial, y reducir la capacidad financiera, del Instituto Nacional Electoral, lo que, de haberse concretado, impediría a este ente electoral garantizar una adecuada organización, control y vigilancia del proceso electoral del año entrante.
