– A fin de que el Plan Estatal de Seguridad Pública sea un instrumento de planeación e incluir la participación ciudadana
El Poder Legislativo de Chihuahua tuvo a bien realizar una serie de adecuaciones a la Ley de Planeación del Estado, dado a la reciente reforma constitucional al artículo 93, en su fracción XVII, que integra el Plan Estatal de Seguridad Pública como un instrumento de planeación.
Con las adecuaciones realizadas, el Plan Estatal de Seguridad Pública se establece también como un instrumento de planeación, al incorporar indicadores y metas que permitan dar seguimiento y evaluación a los objetivos planteados, señaló la diputada Adriana Fuentes, integrante de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso.
Continuó mencionando que esta adecuación, impactará en las políticas públicas y traerá beneficio al proceso de planeación, y se empoderará la participación ciudadana.
El Plan Estatal de Seguridad Pública, contendrá los objetivos, estrategias y prioridades de Seguridad Pública y Procuración de Justicia basados en el concepto de Seguridad Humana, y que sean incluyentes, equitativos y con un irrestricto respeto a los derechos humanos, para el desarrollo integral de todas las regiones de la Entidad.
Para la operación del Sistema Estatal de Planeación Democrática, a las funciones de Planeación del Gobernador del Estado se incluirá el remitir el Plan Estatal de Seguridad Pública al Congreso del Estado, para su análisis y aprobación y además que el Ejecutivo realice la publicación correspondiente en el Periódico Oficial del Estado.
A la Coordinación Ejecutiva del Gabinete le compete entre otras acciones, el verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo a través de los indicadores de impacto que puedan evidenciar el progreso hacia la reducción de las brechas de desigualdad y el abatimiento de los desequilibrios regionales, y rendir cuentas a la ciudadanía sobre el avance de este cumplimiento, mediante el mecanismo que se disponga para tal fin.
Además, articular a las diversas áreas de planeación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal respecto a las dinámicas, mecanismos y funcionamiento en materia de planeación, orientado al cumplimiento de las prioridades de planeación del Estado.
Continuó su exposición enfatizando que los Planes Estatales de Desarrollo y de Seguridad Pública deberán elaborarse y remitirse, dentro de un plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que tome posesión el Gobernador del Estado, y su vigencia no excederá del período constitucional correspondiente.
Ambos Planes deberán sujetarse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, con la finalidad de lograr una visión unificada sobre las prioridades que aceleren el desarrollo con una visión integral.
Entre estas adecuaciones surgieron algunas otras, cuya principal finalidad es determinar las funciones del Plan Estatal de Seguridad Pública, como del instrumento de medición y fortalecer la participación ciudadana.
El Poder Legislativo realizó una serie de adecuaciones a la Ley de Ingresos del 2018 del municipio de Ojinaga, con la finalidad de que se continúe con el estímulo fiscal del 5% por pago anticipado del Impuesto Predial, también durante el mes de abril.
Asimismo, para que se otorgue un estímulo en el pago del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles, a una tasa del 0.0%, en la constitución de fraccionamientos ya existentes y que se ajusten a programas de regularización extemporáneos, sin perjuicio de los contribuyentes.
Dichas reformas fueron presentadas al Pleno para su votación, por el diputado Jesús Valenciano, Presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso del Estado, quien también señaló que las demás erogaciones que se llegaran a generar por concepto de derechos municipales, se podrán reducir a medida de los requerimientos y en beneficio de los mismos contribuyentes.
Por último el expositor mencionó que con estas acciones, se pretende instrumentar acciones para disminuir costos para los beneficiarios durante el proceso de regularización y escrituración de predios, como lo es, el pago de los derechos de registro ante el Registro Público de la Propiedad, Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles, avalúos, planos catastrales, honorarios por servicios notariales, entre otras erogaciones; es así que, el objetivo principal de la iniciativa, es dar certeza jurídica patrimonial a los beneficiarios y sus familias, mediante el otorgamiento de facilidades administrativas y la disminución en los costos del proceso de regularización.
La Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado exhortó a la Auditoría Superior del Estado para que informe sobre cuáles serán las secretarías que habrán de auditar dentro del grupo “Gobierno del Estado y Organismos Descentralizados”, específicamente en lo que se refiere al punto número 8 denominado “Gobierno del Estado de Chihuahua”, del Programa Anual de Auditoría 2018.
La diputada Isela Torres, integrante de la Comisión de Fiscalización del Poder Legislativo, externó que dicha petición surge debido a que en el Programa Anual de Auditoría 2018 presentado el pasado 31 de enero del 2018, se establece como meta para el ejercicio 2018, la revisión de 116 entes fiscalizables y la elaboración de 197 auditorías, sin embargo dentro del punto 8, no se especifica si éste rubro engloba a todas las dependencias de la administración pública centralizada.
Es por lo antes mencionado que se consideró necesario que la Auditoría Superior detalle la petición realizada por el Poder Legislativo, para que de esta manera, la Comisión de Fiscalización tenga la posibilidad de proponer la adición de entes fiscalizables no contemplados en el dicho programa anual.
De la misma manera, el Poder Legislativo instó a que omita la realización de auditorías de gabinete, en caso de que el Programa Anual las contemple, en virtud de que las mismas carecen de efectividad, no acreditan los procesos de transparencia debidos, ni arrojan resultados contundentes.
Para culminar, el expositor señaló que también se requirió a la autoridad fiscalizadora, aplicar auditorías integrales a todos los entes fiscalizables con la finalidad de conocer la correcta aplicación de los recursos.
En Sesión Ordinaria de la Sexagésima Quinta Legislatura, fue dictaminado el informe anual del Ejercicio Fiscal 2017 de la Auditoría Superior del Estado, esto de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de Chihuahua y en la Ley Orgánica del Congreso, y no se determinaron observaciones dentro de su información financiera.
Dado a lo anterior, el diputado Jorge Soto, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso local, señaló en la exposición del dictamen, que con esta acción se tiene a bien examinar las cifras para corroborar que la administración, utilización, control y destino de los recursos para el órgano encargado de la fiscalización, fueron aplicados con transparencia y atendiendo criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.
Además continuó señalando que con dicho reporte se pudo verificar que el gasto ejercido, cumplió con los principios generales de legalidad, eficiencia, eficacia y economía.
De tal manera, una vez realizado un estudio integral del informe anual del órgano del Congreso del Estado señalado, se concluyó que se cumple con los principios de razonabilidad presupuestaria y patrimonial, así como con los principios generales, por lo que no se determinan observaciones o salvedades en su información financiera.
Diputados locales aprobaron el exhorto presentado por la diputada Antonieta Mendoza, en el sentido de solicitar al Gobierno del Estado, para que a través de la Secretaría de Hacienda, resuelva a la brevedad posible el problema de falta de pago a maestros adscritos al Programa de Escuelas de Tiempo Completo.
La Legisladora dentro de su exposición, resaltó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para Chihuahua este año fueron destinados 292 millones 366 mil 438 pesos, los cuales en parte deberán ser utilizados para atender dicha problemática y no se ha subsanado la falta de pago.
Indicó además que es necesario sanar las deudas por trabajo realizados, mantener los comedores para otorgar alimentos suficientes y de calidad, y vigilar el adecuado desarrollo de las actividades académicas del Programa de Escuelas de Tiempo Completo en Chihuahua, ya que existe un presupuesto destinado para tal efecto para la Entidad.
Expresó que dicha petición surge ante la manifestación social de los afectados que acusan severos incumplimientos de parte de las autoridades educativas y financieras, se corren riesgos para continuar fortaleciéndose, e incrementando el número de escuelas que se ha fijado como meta este gobierno para el presente ejercicio fiscal.
