Un nuevo giro ha tomado el caso del fraude cometido por la empresa financiera Aras, con la denuncia que ayer hizo el abogado de los afectados, por supuestos acuerdos del juez de Distrito a cargo del asunto con la Fiscalía General de la República.
Fue después de la audiencia de control, efectuada de manera virtual el lunes pasado en el juzgado federal 17 de la capital del estado, cuando el abogado Mariano Cordero Burciaga dijo que, sin mayor trámite, la FGR aceptó declinar el caso a favor de la Fiscalía General del Estado, para que el asunto sea perseguido por esta dependencia local.
El representante legal de las víctimas consideró que, al no dar curso a la indagatoria como delito federal, por la irregular forma como se captaron los recursos producto del ahorro de cientos de personas, se está favoreciendo a los estafadores.
Cordero Burciaga acusó al juez de interrumpirlo en la exposición de sus argumentos probatorios, sin darle oportunidad a dejar constancia de los hechos, además de que, de manera tajante, dijo que la Fiscalía General de la República ya había dado cumplimiento a los hechos denunciados por los afectados.
En el caso concreto de la denuncia de la señora Elizabeth Medina Atilano, el juez resolvió que ya estaba realizada la investigación por el delito reclamado y no habían sido violados los derechos de la afectada por parte de la federación, con la indagatoria hecha por la autoridad local.
El abogado se mostró extrañado con la postura del juez federal, porque dijo que la ley es muy clara, al establecer que los bienes jurídicamente tutelados en un fraude y en una captación irregular del ahorro público, son diferentes.
Por ello, consideró que la autoridad federal no quiere entrar al estudio formal de los delitos que se cometieron por parte de Aras, para no aceptar que hay responsabilidad por parte de las instituciones del Estado mexicano, que permitieron la operación irregular de la financiera.
Por lo pronto, después de la amarga experiencia del lunes, Mariano Cordero anunció que apelará la resolución del juez y, de ser necesario, interpondrá un amparo.
Finalmente, una diputada local puso el dedo en la llaga y sin tantos rodeos, acusó a las autoridades responsables de la procuración de justicia del estado de omisión, por la falta de resultados en la lucha contra el feminicidio, que tan solo en Ciudad Juárez ha dejado 21 víctimas en lo que va del año.
La legisladora América García Soto, exigió en tribuna, con otras palabras, que los tres niveles de Gobierno dejen de hacerle al Tío Lolo, y se pongan a trabajar con una mejor coordinación y un plan de acción emergente, que les permita mejorar la prevención, detención y castigo de quienes cometen estos crímenes.
Aunque América no dijo nada nuevo en cuanto a la incontenible racha de asesinatos de mujeres que vive el estado y particularmente la frontera, sí enfatizó que la falta de resultados para frenar los feminicidios es preocupante, por la impunidad con que actúan los agresores ante la ausencia de líneas concretas para atender cualquier formar de violencia en contra de las mujeres.
La semana pasada fue la diputada Adriana Terrazas Porras, presidenta de la Comisión de Feminicidios, quien lanzó un exhorto a las autoridades investigadoras a cumplir con su trabajo por el aumento de feminicidios sin castigo.
Fue un exhorto casi a manera de súplica, como si las fiscales, ministerios públicos y agentes investigadores estuvieran haciéndole un favor a la ciudadanía, cuando es su obligación cumplir y hacer cumplir la ley, comenzando por dar buenos resultados.
ACUSAN DE PARCIAL A JUEZ FEDERAL DE LA CAUSA ARAS
– Acusan de parcial a juez federal de la causa Aras
– Pretenden ignorar competencia federal del delito
– Omisos para combatir feminicidios, les dice una diputada a la FGE
– El informe sobre El Chamizal no menciona cuántos árboles faltan
Un nuevo giro ha tomado el caso del fraude cometido por la empresa financiera Aras, con la denuncia que ayer hizo el abogado de los afectados, por supuestos acuerdos del juez de Distrito a cargo del asunto con la Fiscalía General de la República.
Fue después de la audiencia de control, efectuada de manera virtual el lunes pasado en el juzgado federal 17 de la capital del estado, cuando el abogado Mariano Cordero Burciaga dijo que, sin mayor trámite, la FGR aceptó declinar el caso a favor de la Fiscalía General del Estado, para que el asunto sea perseguido por esta dependencia local.
El representante legal de las víctimas consideró que, al no dar curso a la indagatoria como delito federal, por la irregular forma como se captaron los recursos producto del ahorro de cientos de personas, se está favoreciendo a los estafadores.
Cordero Burciaga acusó al juez de interrumpirlo en la exposición de sus argumentos probatorios, sin darle oportunidad a dejar constancia de los hechos, además de que, de manera tajante, dijo que la Fiscalía General de la República ya había dado cumplimiento a los hechos denunciados por los afectados.
En el caso concreto de la denuncia de la señora Elizabeth Medina Atilano, el juez resolvió que ya estaba realizada la investigación por el delito reclamado y no habían sido violados los derechos de la afectada por parte de la federación, con la indagatoria hecha por la autoridad local.
El abogado se mostró extrañado con la postura del juez federal, porque dijo que la ley es muy clara, al establecer que los bienes jurídicamente tutelados en un fraude y en una captación irregular del ahorro público, son diferentes.
Por ello, consideró que la autoridad federal no quiere entrar al estudio formal de los delitos que se cometieron por parte de Aras, para no aceptar que hay responsabilidad por parte de las instituciones del Estado mexicano, que permitieron la operación irregular de la financiera.
Por lo pronto, después de la amarga experiencia del lunes, Mariano Cordero anunció que apelará la resolución del juez y, de ser necesario, interpondrá un amparo.
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Finalmente, una diputada local puso el dedo en la llaga y sin tantos rodeos, acusó a las autoridades responsables de la procuración de justicia del estado de omisión, por la falta de resultados en la lucha contra el feminicidio, que tan solo en Ciudad Juárez ha dejado 21 víctimas en lo que va del año.
La legisladora América García Soto, exigió en tribuna, con otras palabras, que los tres niveles de Gobierno dejen de hacerle al Tío Lolo, y se pongan a trabajar con una mejor coordinación y un plan de acción emergente, que les permita mejorar la prevención, detención y castigo de quienes cometen estos crímenes.
Aunque América no dijo nada nuevo en cuanto a la incontenible racha de asesinatos de mujeres que vive el estado y particularmente la frontera, sí enfatizó que la falta de resultados para frenar los feminicidios es preocupante, por la impunidad con que actúan los agresores ante la ausencia de líneas concretas para atender cualquier formar de violencia en contra de las mujeres.
La semana pasada fue la diputada Adriana Terrazas Porras, presidenta de la Comisión de Feminicidios, quien lanzó un exhorto a las autoridades investigadoras a cumplir con su trabajo por el aumento de feminicidios sin castigo.
Fue un exhorto casi a manera de súplica, como si las fiscales, ministerios públicos y agentes investigadores estuvieran haciéndole un favor a la ciudadanía, cuando es su obligación cumplir y hacer cumplir la ley, comenzando por dar buenos resultados.
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El informe del estudio sobre las condiciones en que se encuentra El Chamizal, presentado ayer por las autoridades municipales, confirma lo que ya se ha estado discutiendo sobre los 17 comodatos entregados en diferentes administraciones, y revela que el 26 por ciento de la flora tiene plagas o enfermedades causadas por hongos, además de que la planta de tratamiento de agua funciona al 20 por ciento de su capacidad.
Lo que no dijeron en ese reporte es el grado de deforestación que presenta el pulmón verde de la ciudad, porque son miles de árboles que se han secado y han sido talados sin que se haya reforestado el parque.
Si la función primaria del parque es eminentemente ecológica, porque la zona arbolada representa un factor indispensable para la descontaminación de la ciudad, independientemente del servicio para la diversión y esparcimiento, no se entiende que en ninguna de las administraciones municipales anteriores se hayan preocupado por realizar un programa de reforestación para sustituir las plantas que enferman y mueren.
Ahora que el Gobierno municipal ha asumido la administración del parque y ha comenzado por tener un diagnóstico del estado en que se encuentra, vale la pena recordarles a sus funcionarios que esta responsabilidad también incluye la conservación y mantenimiento de toda la superficie verde de El Chamizal, dos tareas que no se han cumplido al pie de la letra desde hace varias décadas.
Para realizarlas y devolver al parque su grandeza, no hace falta que importen científicos ni todólogos que cobran las perlas de la virgen por sus servicios. Juárez cuenta con un colegio de agrónomos, cuyos miembros son egresados de la Escuela de Agricultura Hermanos Escobar y siempre han estado dispuestos a participar en las tareas de atención a las áreas verdes de la ciudad, con sus conocimientos en las técnicas del campo.
En esas condiciones, no hay pretexto que valga para que la Dirección de Parques y Jardines no cumpla con su tarea de conservación y deje de ser un depósito de basura y estiércol.
