Aunque la intromisión extranjera en las campañas estadounidenses no es algo nuevo, la acusación y sofisticación digital no tiene precedentes
WASHINGTON (AP) — En un encausamiento extraordinario, el fiscal especial acusó el viernes a 13 rusos de orquestar una compleja trama para interferir en las elecciones presidenciales estadounidenses del 2016, imputándoles el operar una enorme campaña oculta en las redes sociales para ayudar al republicano Donald Trump a vencer a su rival demócrata Hillary Clinton.
La acusación federal, presentada por la oficina del fiscal especial Robert Mueller, es la denuncia más explícita hasta la fecha de injerencia ilegal rusa en la campaña presidencial en la que Trump salió vencedor. También presenta los primeros cargos penales en contra de rusos que se cree trabajaron en secreto para influir en el resultado de los comicios. La organización rusa fue financiada por Yevgeny Prigozhin, se afirma en el texto judicial. Es un acaudalado empresario de San Petersburgo con vínculos al gobierno ruso y a su presidente Vladimir Putin.
Trump rápidamente se dijo reivindicado, y señaló en un tuit que los intentos de interferencia rusa incluidos en la acusación comenzaron en el 2014, “mucho antes de que yo anunciara mi postulación a la presidencia”.
“Los resultados de la elección no fueron afectados. La campaña de Trump no hizo nada malo – ¡no hubo conspiración!“, tuiteó.
Pero la imputación formal no resuelve el interrogante de la colusión en la pesquisa de Mueller que sigue su curso, la cual hasta antes del viernes había resultado en cargos contra cuatro personas asociadas a Trump. La comunidad estadounidense de espionaje ha dicho que el gobierno ruso interfirió para beneficiar a Trump, orquestando el hackeo de correos electrónicos de demócratas, y Mueller y sus fiscales han estado sopesando si es que la campaña republicana se coordinó con el Kremlin.
La nueva acusación no se enfoca en el hackeo, sino en las actividades en las redes sociales que comenzaron en el 2014 y continuaron hasta después de la elección, con la meta de crear desconfianza en el proceso político estadounidense. El mismo Trump ha sido reacio a reconocer la interferencia y cualquier papel que ésta pudiera haber desempeñado en impulsarlo a la Casa Blanca.
La acusación no alega que hubo estadounidenses o trabajadores de la campaña de Trump que participaron a sabiendas en la interferencia, ni insinúa que el personal de la campaña de Trump tuvo algo más que comunicación “involuntaria” con algunos de los demandados que se hicieron pasar por estadounidenses durante la temporada electoral.
Pero sí expone una vasta y amplia iniciativa rusa para influir en la opinión política en Estados Unidos a través de una estrategia que involucraba crear publicaciones de internet en nombre de estadounidenses cuyas identidades habían sido robadas; realizar manifestaciones políticas haciéndose pasar por activistas políticos estadounidenses, y pagarle a gente en Estados Unidos para que promoviera o denigrara a candidatos.
Aunque la intromisión extranjera en las campañas estadounidenses no es algo nuevo, la acusación formal para una iniciativa de esta amplitud y sofisticación digital no tiene precedentes.
“Este encausamiento sirve como recordatorio de que la gente no siempre es quien aparenta ser en internet”, dijo el viernes el subsecretario de Justicia Rod Rosenstein. “La acusación formal alega que los conspiradores rusos quieren promover la discordia en Estados Unidos y socavar la confianza del público en la democracia. No debemos permitir que lo logren”.
Los 13 rusos no están bajo custodia y es probable que jamás sean enjuiciados. Desde hace años, el Departamento de Justicia ha respaldado acusar formalmente a extranjeros en ausencia como una forma de avergonzarlos públicamente y limitarles los viajes al extranjero.
La sigilosa campaña fue organizada por la Agencia de Investigación del Internet, una notoria granja de trols rusa que según la acusación procuraba librar “una guerra informática contra Estados Unidos de América”.
La empresa, entre tres entidades rusas nombradas en la acusación formal, tenía un presupuesto multimillonario en dólares y cientos de trabajadores divididos en áreas específicas y asignados a turnos diurnos y nocturnos. Según los fiscales, la compañía recibía fondos de empresas controladas por Prigozhin, el acaudalado ruso que ha sido apodado el “cocinero de Putin” porque sus restaurantes y negocios de banquetes han organizado cenas para el presidente ruso y dignatarios extranjeros.
Prigozhin dijo el viernes que no se siente molesto por el encausamiento.
“Los estadounidenses se impresionan con mucha facilidad”, afirmó, según lo citó la agencia noticiosa estatal rusa. “Ven lo que quieren ver”.
Por otro lado, Mueller también anunció el viernes una declaración de culpabilidad de parte de un hombre de California que involuntariamente vendió cuentas bancarias a rusos involucrados en la tentativa de interferencia.
Para ocultar sus raíces rusas, la organización enfocada en inmiscuirse en las elecciones adquirió espacio en servidores dentro de Estados Unidos, utilizó cuentas de correo electrónico de proveedores de internet estadounidenses, y creó y controló páginas de redes sociales con enormes cifras de seguidores enfocadas en temas controversiales como la inmigración, la religión y el movimiento Las Vidas de los Negros Importan.
Entre principios y mediados de 2016, sus esfuerzos “incluían” apoyar la campaña de Trump y desprestigiar a Clinton. Los rusos también se comunicaron con asociados de la campaña de Trump y otros activistas políticos “inconscientes de lo que pasaba” para coordinar las actividades.
“Con el tiempo, estas cuentas en redes sociales se convirtieron en los medios con que los acusados llegaban a números significativos de estadounidenses con el fin de interferir en el sistema político estadounidense”, dice el acta.
Se les acusa de asociarse ilícitamente para “obstruir las funciones legítimas del gobierno de Estados Unidos mediante el fraude y el engaño”, incluso mediante gastos relacionados con la elección de 2016, de no registrarse como agentes extranjeros que realizaban actividades políticas, y de obtener visas mediante declaraciones falsas y fraudulentas.
