Salina Cruz.— En San Pedro Comitancillo, las calles están semivacías; dos hombres de la tercera edad charlan sentados en una banca, la plaza frente al Palacio Municipal y la antigua iglesia blanca están desoladas.
De este municipio, ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec, son originarias Elena Solorza Cruz, una niña de seis años, y su abuela Hilda Alcántara Alvarado; ambas fallecieron en el descarrilamiento del Tren Interoceánico. En el accidente también murieron otras 12 personas y más de 100 resultaron con lesiones.
Ninguna familia está dispuesta a narrar su testimonio.
En Santiago Laollaga, una abogada sobreviviente que viajaba en el tercer vagón de pasajeros, en compañía de su hijo, expresó que estaba a la espera de una respuesta por parte de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, y sólo a partir de eso podría dar una declaración.
En Matías Romero Avendaño vive uno de los maquinistas que son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) como probables responsables del descarrilamiento del tren. “Ni con nosotros quieren hablar”, afirman dirigentes del sindicato ferrocarrilero.
De acuerdo con las autoridades municipales de San Pedro Comitancillo —que omiten su nombre por miedo a represalias—, la actitud de las víctimas y sus familias cambió a partir del condicionamiento impuesto por la Secretaría de Marina y por funcionarios de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas.
Por ejemplo, aseguran, uno de los hijos de Hilda Alcántara decidió no volver a dar una entrevista tras recibir una llamada por parte de funcionarios del gobierno federal, y por temor a verse afectado en el proceso de indemnización.
“Había dado como tres entrevistas, luego se enojó con los reporteros porque supuestamente habían puesto cosas que no había dicho, pero fue a partir de que le llamaron por teléfono para preguntarle qué le hacía falta, esto por sus declaraciones a los reporteros”, detallan. La llamada de los funcionarios tuvo un efecto intimidatorio. Además, este hijo de Hilda Alcántara es diabético, perdió una pierna y, según explican las autoridades de Comitancillo, el gobierno federal le prometió una prótesis. “Entonces, como que no quiere perder eso”, afirman.
Carlos Beas Torres, coordinador de la Unión de Comunidades Indígena de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (Ucizoni), señala que se trata de un “silencio impuesto”, “un silencio condicionado”.
“Hay una tendencia a tratar de minimizar y ocultar la información. La primera versión sobre el descarrilamiento del 28 de diciembre fue que había sido un incidente con 20 heridos, y trataron de ocultar la información. Yo creo que ahorita lo que están tratando es evitar que las víctimas tengan rostro”, dice.
Menciona que lo mismo ocurrió cuando se descarriló el ferrocarril el 19 de febrero de 2022 entre las poblaciones de Sarabia y Palomares, en inmediaciones de Matías Romero Avendaño; entonces no hubo muertos ni heridos.
Según Carlos Beas, también trataron de ocultar este descarrilamiento, pero tuvieron que dar información cuando pobladores difundieron videos en redes sociales.
“Es esta opacidad de obligar a las víctimas [a callar] cómo se les ha tratado, qué es lo que ha pasado (…) y, entonces, sabemos que están a toda costa tratando de impedir que las víctimas emitan declaraciones, den a conocer el trato que recibieron. Y eso es parte de la política del Estado para minimizar y disminuir la gravedad del incidente”, sostiene.
Juan Manuel Iglesias López es el único que no calla. Él y su familia son sobrevivientes y decidieron presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República por los delitos de lesiones, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones contra las empresas Comsa Infraestructura, Grupo Constructor Diamante y Daniferrrotools, las principales contratistas del Tren Interoceánico. Asegura que al principio trataron de amedrentarlo para no presentar la denuncia.
“Pero yo soy cristiano, soy auditor, soy contador, y ante todo, la verdad”, expresa. Reconoce que el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, de Morena, intentó callarlos.
“El presidente municipal de mi ciudad quiso de una cierta manera condicionar los apoyos, y le dije ‘si eso está condicionado a que yo no demande, discúlpame, pero si fuera tu familia y tus hijos creo que estarías en la misma posición’. ¿Por qué? Porque somos cuatro de familia. Sí. Tres de ellos estuvieron involucrados en el descarrilamiento.
“Imagínese, yo le exponía que mi hijo estaría enterrando a su papá, mamá y al único hermano. Con todo el bendito dinero que usted le pudiera haber indemnizado no repara ni quita el dolor de haber perdido a toda su familia. Es por eso que la demanda está ahí. Para que no se vuelva a repetir ningún acto de corrupción, ningún acto de omisión”, expresa Juan Manuel Iglesias.
