Atenderá JUCOPO asuntos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030
El Congreso del Estado, determinó que la Junta de Coordinación Política será la encargada de atender los asuntos que con relación a la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 le sean turnados, y que, en su caso, se encuentren bajo su esfera de competencia.
Asimismo se estableció que la persona que ocupe la Presidencia del órgano Legislativo señalado, ostentará la representación del H. Congreso del Estado, ante el Subcomité Especial de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible del Gobierno del Estado de Chihuahua.
Dentro de la exposición del dictamen, la diputada Rocio Sarmiento Rufino, presidente de la Junta de Coordinación Política, expuso que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es un proyecto que tiene dentro de sus objetivos acabar con la pobreza de aquí a 2030, y promover una prosperidad económica compartida, el desarrollo social y la protección ambiental para todos los países.
Agregó que es un plan de acción mundial a favor de las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y el trabajo en conjunto, un esfuerzo a nivel global que debe ser impulsado desde todas las plataformas posibles, con la finalidad de contar con sociedades pacíficas, justas e inclusivas.
“Es por lo antes mencionado que en nuestra calidad de representantes de las y los ciudadanos chihuahuenses, somos conscientes de la pertinencia de impulsar este tipo de proyectos que tienen un gran impacto en la sociedad, así como los retos que representa una iniciativa de estas características, ya que dicha agenda es la primera encaminada al desarrollo de todos los Estados Miembros, la cual se implementará a lo largo de los próximos años”, externó la Legisladora.
Es importante señalar que la iniciativa que da origen al dictamen aprobado en Sesión Ordinaria realizada de manera virtual, solicitaba la creación de una Comisión Especial, sin embargo de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, dichas comisiones se constituyen para la ejecución de un trabajo específico y se extinguen al término del mismo, por resolución del Pleno o, en todo caso, al concluir el período de la Legislatura.
Dado a lo anterior y a sabiendas de que la actual Legislatura está por concluir, es que se estimó prudente que fuera la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, la encargada de realizar las funciones de acompañamiento, vinculación, discusión y resolución de iniciativas que se turnen, y de esta manera atienda los asuntos relativos a la implementación y seguimiento de la citada Agenda.
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Solicitan dotar de material al Ejido Laguna de Palomas para la producción de sal
El Poder Legislativo de Chihuahua, en Sesión Ordinaria de acceso remoto o virtual, exhortó al Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, para que realice las acciones necesarias, a fin de que el Ejido Laguna de Palomas, Estación Carrillo, ubicado en el Municipio de Jiménez, cuente con el material requerido para lograr conducir el agua desde un pozo hasta el área de producción salina colectiva, con la finalidad de alimentar el canal de rebombeo y rescatar la producción de sal que es el sustento directo de los ejidatarios y familias de la región.
La diputada Patricia Gloria Jurado Alonso, integrante de la Comisión de Desarrollo Rural, dentro de la exposición del dictamen, informó que de acuerdo a lo plasmado en la iniciativa, se requiere la instalación de dos kilómetros de tubería de PVC de ocho pulgadas de diámetro con la finalidad de hacer llegar el agua desde un pozo profundo hasta las charcas de producción, a efecto de aumentar en un cincuenta por ciento la producción de sal, lo cual sería de para las personas que se dedican a la actividad salina.
Además, detalló que el Ejido Laguna de Palomas es una población en el Municipio de Jiménez, Chihuahua, que se encuentra en el extremo noroeste de la Reserva de la Biósfera de Mapimí, donde se explota la sal desde finales del siglo XIX, y actualmente por los habitantes del ejido en comento.
En la salina de la Laguna de las Palomas, el proceso de extraer la sal es mediante evaporación, es decir, el agua se conduce hasta unas tinas construidas, llamadas charcas las cuales son inundadas, a diferencia del mar, donde el agua es salada, aquí el suelo es salado, el subsuelo está lleno de sal disuelta y el agua se usa para sacarla a la superficie y las charcas se convierten en áreas de evaporización del agua o salmuera (agua salada) al sol y al aire; explicó la Legisladora.
En cada inundación se puede cosechar tres veces: en la primera, cada charca produce alrededor de 300 toneladas de sal; la segunda cosecha produce 150 toneladas de sal de segunda calidad; y la tercera es sal de baja calidad y en menor cantidad; ello permite afirmar que lo que gana cada persona que se dedica a la extracción de sal para consumo humano, es poca en relación con el trabajo realizado para su obtención.
Para finalizar, la diputada señaló que con la actividad salina en la zona mencionada, ha contribuido al sostenimiento de dicha región, sin embargo se debe fomentar el desarrollo de la actividad, al ser uno de los principales medios de supervivencia en el lugar, junto con la ganadería y la agricultura; es por ello la necesidad de que se dote del material antes solicitado, a fin de apoyar al sector.
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Insta el Legislativo al Ejecutivo Federal para que se respete el precio garantía del litro de leche
Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, exhortaron al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y su paraestatal LICONSA, S.A. de C.V., para que se pague el precio Garantía del litro de leche a 8.20 pesos, de conformidad con el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, a cargo de Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, sectorizada en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio fiscal 2021.
Al exponer el contenido del dictamen, el diputado Lorenzo Arturo Parga Amado, integrante de la Comisión de Desarrollo Rural, detalló que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por conducto de LICONSA, se comprometió a recibir la leche líquida producida en el País, y comprarla a un precio de 8 pesos con 20 centavos por litro, y hasta veinticinco litros por vaca que tenga cada persona productora de leche, lo cual no se ha cumplido a cabalidad, ya que derivado de diversas situaciones administrativas, las personas productoras han tenido problemas para que les sea recibida su producción diaria, además de que se les paga en promedio un peso menos del precio de garantía establecido por el Gobierno Federal, lo cual genera pérdidas en la economía de las y los productores.
Agregó que desde hace décadas las personas dedicadas a la producción de leche líquida en la Entidad, han contribuido en gran medida con LICONSA a cumplir con su objetivo de ser una empresa del Gobierno Federal con responsabilidad social, conformada por capital humano de excelencia, que industrializa y comercializa productos lácteos de la mejor calidad nutricional a precio accesible, para coadyuvar con la alimentación y nutrición de las familias mexicanas, mejorar su calidad de vida, apoyar a su desarrollo físico y mental y generar el crecimiento del capital humano que se requiere para el desarrollo de un País sano.
Enfatizó que dado a los cientos de miles de litros de leche líquida que las personas productoras entregan diariamente a LICONSA, esta empresa vende leche de calidad a un precio accesible a las personas de escasos recursos económicos, cumpliendo con ello su objetivo, lo que se traduce además en un ganar-ganar, pues dichas personas obtienen un alimento con los nutrientes necesarios para que sus familias se alimenten.
Por último, destacó que dado a lo antes señalado, se hace el llamado urgente a la autoridad correspondiente, con la finalidad de que sea respetado el precio de garantía del litro de leche líquida, establecido en el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos a cargo de Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX.
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Reforman el decreto que creó las bases para promover y fomentar la actividad sotolera del Estado de Chihuahua
Con la finalidad de contribuir en un mejor funcionamiento y desempeño del sector sotolero en la Entidad, el Poder Legislativo de Chihuahua, reformó el Decreto No. LXV/EXDEC/0887/2018 XVIII P.E., por el que se crean las bases para promover y fomentar la actividad mencionada.
Es así que conforme a la adecuación realizada, se estableció que será obligación de quien lo presida el Consejo Certificador del Sotol, presentar ante todos los integrantes del mismo, los informes de actividades, financieros y de proyecciones a corto mediano y largo plazo, de manera anual.
Asimismo, la persona referida, habrá de vigilar la imparcialidad, ética, responsabilidad y observancia de las normas aplicables en relación con las actividades realizadas por todos los miembros del Consejo, en coordinación con el Comité de Ética y el Sistema de Prevención de Conflicto de Intereses.
De la misma manera se estipuló que para el ejercicio de las atribuciones del Consejo Certificador del Sotol, éste contará con:
Un Consejo Directivo, u Órgano de Administración, o de Gobierno, cuyos integrantes cuenten con voz y voto, que deberá ser presidido por una persona sin conflicto de intereses en relación con el objeto y funciones del Consejo, por un periodo que no podrá exceder de dos años, sin la posibilidad de reelegirse en el cargo, incluyendo a dos representantes del Poder Ejecutivo del Estado, propuestos por la Secretaría, un representante del Congreso del Estado propuesto por la Comisión de Economía, Turismo y Servicios; así como seis representantes de la cadena productiva según lo siguiente: 2 productores de planta, 2 fabricantes, y 2 comercializadores.
El Consejo Certificador contará con una directora o director general, quien contará con las siguientes atribuciones y/u obligaciones:
Articular y promover la coordinación entre todos los agentes de la cadena productiva del sotol, así como las acciones y relaciones con las instituciones públicas y privadas relacionadas a la misma, el estudio, propuesta, planificación y promoción del desarrollo de la producción sotolera a través de las instituciones correspondientes, así como proponer y promover cursos de capacitación en la materia, para el personal de la Secretaría y los productores, entre otras acciones.
Para finalizar, la diputada Patricia Gloria Jurado Alonso, en representación de la Comisión de Economía, Turismo y Servicios, señaló que dentro de los artículos transitorios, se determinó que el Consejo Certificador, de ser necesario, en un plazo que no exceda de 30 días a partir de la publicación del Decreto, deberá realizar las modificaciones a sus Estatutos, siguiendo las formalidades a que hubiera lugar.
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Exige Congreso supervisar e inspeccionar de manera más eficaz el actuar de tiendas virtuales
En Sesión Ordinaria del Congreso de Chihuahua, diputados y diputadas exhortaron a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en Chihuahua, para que se continúe con las medidas de monitoreo a tiendas virtuales, así como la supervisión e inspección a empresas proveedoras del servicio de mensajería y paquetería y a las proveedoras del servicio de entrega de comida.
Lo anterior, a efecto de que se atiendan en tiempo y forma las quejas interpuestas por parte de los consumidores que hayan realizado compras por Internet, y que no hayan recibido los productos y servicios que pretendían, o les haya llegado dañado, o distinto a lo solicitado, y se apliquen en su caso las sanciones correspondientes, con el objeto de proteger al consumidor, en esta modalidad de compras realizadas en línea; enfatizó la diputada Ana Carmen Estrada García, integrante de la Comisión de Economía, Turismo y Servicios.
“La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) protege y promueve los derechos de los consumidores a través de mecanismos que permiten impulsar la legalidad y certeza en las relaciones de consumo”, refirió Estrada García.
Continuó su exposición al señalar que en la actual contingencia sanitaria, la Profeco ha recibido 231 quejas contra tiendas virtuales; esto representa el 11.2% de las 2,017 reclamaciones presentadas en ese sector en los últimos 17 meses; siendo el principal inconveniente el relacionado con la entrega del bien o servicio adquirido.
La PROFECO publicó una guía sobre el antes y después de comprar vía internet, y qué hacer en caso de que el bien o servicio no llegue a su destino, así mismo, cuenta con un programa de Monitoreo de Tiendas Virtuales, la cual permite revisar si los sitios de los proveedores que realizan transacciones mediante el comercio electrónico, cumplen con las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Es así que se puede reconocer que durante la contingencia de salud conocida como COVID-19, la PROFECO, ha buscado la manera de evitar que se cometan abusos a los consumidores, a través de las compras por internet y se ha dado a conocer a la ciudadanía en general, la posibilidad de denunciar actos de abuso de esta índole.
Por lo anteriormente expresado, se hace el llamado al organismo mencionado, para que se continúe con la implementación de medidas para vigilar, investigar y aplicar las debidas sanciones por alguna de las faltas referidas en la modalidad de compras en línea, con el objetivo de proteger la economía de las personas; culminó la Legisladora.
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Instan a fortalecer la vigilancia en establecimientos que incrementen los precios de tanques de oxígeno sin justificación
Con la finalidad de proteger la economía de las personas, el Congreso del Estado de Chihuahua, exhortó al Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, se continúe con las medidas de vigilancia, supervisión y, en su caso, sanción, a propietarios de establecimientos encargados de la venta, renta y demás distribuidores que incrementen los precios de tanques de oxígeno de forma excesiva y sin justificación alguna.
La diputada Anna Elizabeth Chávez Mata, integrante de la Comisión de Economía, Turismo y Servicios, fue quien presentó al Pleno Legislativo el dictamen referido, en el que se busca principalmente proteger al consumidor, y a su vez la economía dentro del Estado y del País.
Desde el inicio de la pandemia, la demanda en cilindros y concentradores de oxígeno medicinal aumentó de manera considerable. Dichos instrumentos son utilizados por personas diagnosticadas con COVID-19, enfermedad ocasionada por la transmisión del virus SARS-CoV-2, pero cuya sintomatología les permite someterse a un tratamiento en sus domicilios, continuó la Legisladora.
Agregó que dicho panorama, ha ocasionado que los precios en la venta y renta de las herramientas mencionadas se incrementen de manera injustificada; ante ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ha suspendido la comercialización y ha clausurado establecimientos encargados de la provisión de oxígeno, luego de la detección del incumplimiento en las condiciones necesarias para llevar a cabo dicho negocio.
Por último, destacó que el Congreso de Chihuahua, al conocer las acciones que ha realizado la autoridad correspondiente en materia de alza de precios al consumidor, hace el reconocimiento y el llamado a la misma, para que se continúen fortaleciendo dichas operaciones y se castigue a quien obligue a las y los consumidores a pagar precios excesivos por algún producto.
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Exhorta Congreso al Presidente de la República para que analice el impacto de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión
En Sesión Ordinaria virtual, diputadas y diputados del Congreso de Chihuahua, aprobaron de manera urgente la iniciativa presentada por la diputada Marisela Terrazas Muñoz, mediante la cual se exhortó al Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, a efecto de que se analice de manera objetiva el impacto negativo que generará la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en lo referente al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
La iniciadora refirió en el contenido de su iniciativa, que la seguridad de millones de mexicanos podría estar en riesgo, ya que el Senado de la República aprobó la recolección de datos biométricos para la integración del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PNUTM).
En dicho sentido, si los usuarios no acuden a registrar su línea, el concesionario estaría obligado a la cancelación del servicio sin derechos a reactivación, pago o indemnización, lo cual atenta contra el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, que la Constitución establece en su Artículo 6o.
“Debemos ser conscientes que el derecho a la comunicación se vería afectado, ya que el hecho de no acceder a la entrega de tu información biométrica, te suspenden la línea, así de simple, y en el caso de proporcionarlos, la privacidad se ve seriamente comprometida al tener la autoridad la posibilidad de intervenir las comunicaciones sin una orden judicial, en pocas y resumidas palabras, es el usuario quien se enfrenta a un castigo, mientras que los criminales se encuentran sujetos a la política de abrazos”, señaló la Legisladora.
Por último, Terrazas Muñoz, hizo un llamado enérgico al pedir que no se pongan en riesgo los datos personalísimos de más de 120 millones de mexicanas y mexicanos, poniéndolos en manos de empresas privadas y de la propia Fiscalía General de la Republica; ya que podría presentarse el hecho de que usuarios resulten víctimas del arrebato de sus identidades para la comisión de delitos, por lo que instó a trabajar e impulsar una lucha real y no simulada en contra de la delincuencia con la finalidad de abatir la impunidad.
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Aprueban solicitud de licencia a la diputada Marisela Terrazas Muñoz
El Pleno de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, aprobó en Sesión Ordinaria Virtual, la solicitud de licencia temporal presentada por la diputada Marisela Terrazas Muñoz para separarse de su encargo.
Lo anterior por el periodo comprendido del 16 de abril al 8 de junio del año en curso; ante lo cual se habrá de tomar protesta de Ley a Norma Patricia Guadalupe Ortiz Villegas, como diputada suplente.
Posterior a la aprobación de la solicitud, sus compañeros y compañeras de Legislatura, le desearon éxito en sus proyectos.
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Exige Congreso asegurar medidas de seguridad a empleados del sector salud que atienden áreas COVID en la Entidad
El Congreso de Chihuahua aprobó por unanimidad la iniciativa de la diputada Deyanira Ozaeta Díaz, por medio de la cual se exhortó a los titulares de los Poderes Ejecutivos Federal y Estatal, para que a través de las diferentes dependencias de salud, se dote de los equipos, insumos e instrumentos necesarios a los hospitales públicos, para que el personal que atiende los casos de COVID-19 en los nosocomios, cuenten con todas las medidas de seguridad.
Dentro del contenido del documento, la iniciadora informó que las y los trabajadores de la salud padecen la falta de insumos, materiales, equipo, medicamentos y personal, lo cual de por sí es grave, se complica más y los hace una población más vulnerable al contagio, en este caso del COVID-19.
“Desgraciadamente las condiciones bajo las que laboran no son las adecuadas, ya que existe una falta de instrumental e insumos básicos en sus operaciones habituales, productos como gel antibacterial, jabón para lavarse las manos, pañales, cubre bocas especiales para pacientes de alto riesgo, guantes, alcohol, botas estériles, antibióticos, sábanas son sólo unos cuantos de los productos de los que carecen, y que son vitales para evitar contagios y la propagación del virus”.
Aunado a lo anterior, se requiere garantizar camas, medicamentos, y todo lo necesario para lograr una adecuada atención de los ciudadanos que requieren los servicios de salud.
Para finalizar, externó “hago un llamado a las autoridades de salud, tanto federales como estatales, para que se mejoren y garanticen las condiciones de los hospitales, ya que he visto que equipos e insumos que pareciera deben contar normalmente en los hospitales, la realidad es que carecen de ellos, no puede faltar y se debe garantizar en la realidad que cuenten con gel antibacterial, guantes, jabón, cubre bocas especiales; es lo mínimo, pero que resulta indispensable para evitar los contagios y que garantizan la integridad de pacientes y de enfermeras, enfermeros y médicos.
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Urge Congreso el cese en aumentos a las tarifas de energía eléctrica
La Sexagésima Sexta Legislatura de Chihuahua, exhortó de manera urgente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que replanteen los mecanismos de fijación de las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico, y modifiquen el Acuerdo 123/2017 por el que se autorizan las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos, con la finalidad de que se adecuen los cobros tomando en cuenta las condiciones climáticas de la región y cesen los aumentos en el Estado de Chihuahua.
Los aumentos en los precios de la energía eléctrica, han continuado a la alza, sin importar que se cuenta con un subsidio fiscal que se destina anualmente a las tarifas de consumo de energía eléctrica, señaló la diputada Anna Elizabeth Chávez Mata al presentar la iniciativa aprobada de manera urgente.
“Dentro del consumo doméstico con subsidio únicamente la demanda básica recibe apoyos del gobierno, pero cualquier excedente se cobra de manera ordinaria, incluso durante la pandemia. Por tanto, quienes ya dentro de la tarifa básica aumentaron su uso de energía en alrededor de 20%, habrán visto incrementos de hasta 60% en las tarifas, esto se incrementa más dependiendo de la región, con aumentos de más de 40% hay quienes han experimentado incrementos del doble en sus recibos. Es decir, el subsidio no es aplicable para quien excede la tarifa básica”, agregó la Legisladora.
Al llegar a abril, el consumo básico de los primeros 75 kilowatts para los usuarios domésticos se estableció en 0.861 pesos por kilowatt hora, con lo que tuvo un incremento de 2.9% en comparación con el mismo mes del año anterior, pero ello solo hablando del consumo básico, no así si llega a pasar al consumo intermedio el costo es 1.043 pesos por kilowatts y si llega a alcanzar el consumo excedente su alza alcanza 3.050 pesos por kilowatts, esto solo en el mes de abril, sin mencionar que cada mes contempla un incremento a las tarifas de consumo de electricidad.
Deben considerar que hay regiones como el Estado, que es imposible que la población no exceda la tarifa básica, pues las condiciones climáticas son extremas durante todo el año, alcanzando fácilmente los 40 grados centígrados durante el verano, con una sensación térmica mucho más elevada, mientras que en invierno alcanzan valores de hasta -15ºC, dependiendo del municipio.
Aunado a lo anterior, debido a la pandemia generada por el COVID-19, las condiciones económicas de muchas familias se han visto afectadas, por ello y en énfasis a lo planteado anteriormente por el Legislativo de Chihuahua, se insiste a la Federación para que se otorgue un beneficio palpable para las y los chihuahuenses, para que sean replanteados términos del Acuerdo por el que se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos y que las tarifas domésticas no sigan en aumento, sino se busque un equilibrio tomando en cuenta las condiciones climáticas de cada región; finalizó la Legisladora.
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Instan a Gobierno del Estado a emitir reglamentos de diversos ordenamientos del Estado de Chihuahua
Las y los integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, a efecto de que emitan a la brevedad, los reglamentos de la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Chihuahua; Ley de Bienes del Estado de Chihuahua; y Ley de Transporte del Estado de Chihuahua.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado ante el pleno virtual, por la diputada Rocío González Alonso, quien determinó que con la expedición de los antes mencionados, se posibilita la ejecución de las leyes, lo que precisa las normas contenidas en las leyes sin contrariar, ni ir más allá de sus contenidos y situación que regula.
En este sentido, dijo que el Artículo 93, en su fracción IV de la Constitución Política local, establece la facultad de quien ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado, “el expedir todos los reglamentos que estime convenientes y, en general, proveer en la esfera administrativa cuando fuere necesario o útil para la más exacta observancia de las leyes, promoviendo la participación ciudadana en los términos de la Ley” es esta una facultad exclusiva que la legislación confiere al Poder Ejecutivo.
“Es dentro de esta dinámica, donde convergen tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo, que se logra establecer un cuerpo normativo donde las leyes se quedan como las normas que contienen los grandes principios, las decisiones generales sobre determinada materia y los reglamentos son los que recogen las reglas prácticas, las que se aplican de manera más directa e inmediata con el ciudadano, lo que resalta la importancia de ambos ordenamientos se encuentren vigentes, para la correcta aplicación e interpretación de las leyes que emita la Legislatura en turno”, resaltó.
Recordó que dentro de los trabajos emprendidos por el Congreso del Estado, se han promulgado una serie de leyes que han colocado a Chihuahua a la vanguardia en materia de servicios públicos y transparencia en las licitaciones y actos diversos de Gobierno y Sociedad Civil.
“Estas leyes se encuentran vigentes y en operación, sin embargo, reconocemos y compartimos una preocupación latente y es que estas leyes, aun y cuando al momento de su promulgación el legislativo previó un plazo para la emisión de la materia reglamentaria, aun no cuentan con un reglamento por lo que consideramos muy necesario que a la brevedad se emitan estas disposiciones secundarias para estos ordenamientos jurídicos”, concretó la legisladora.
Por último, dijo que la no expedición de los reglamentos por parte de la autoridad obligada, no sólo muestra una omisión por parte del Poder ejecutivo a sus obligaciones Constitucionales, sino que además, entorpece la correcta aplicación e interpretación de las leyes, ya que muchos aspectos técnicos y específicos, no son incluidos dentro del cuerpo normativo general y se dejan para la regulación dentro de la materia reglamentaria.
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Piden a Ejecutivo Federal investigue a Blanca Jiménez Cisneros tras conflicto del agua en el Estado de Chihuahua
Las y los integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, aprobaron el exhorto por el que se pide al titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, para que a la mayor brevedad posible, instruya u ordene a la Secretaría de la Función Pública Federal, investigar el proceder de Blanca Jiménez Cisneros, Directora Nacional de la Comisión Nacional del Agua, en el lapso de tiempo que estuvo al frente de dicha dependencia.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por el diputado Jesús Villarreal Macías, quien especificó que se señala el manejo del conflicto del agua en el Estado de Chihuahua, que ha ocurrido desde finales del año 2019 hasta el día de hoy, por su actuar que llamó: unilateral, autoritario, represor, radical, injusto y perjudicial para el campo y sus productores.
En este tenor, dijo que también se pide la investigación de la funcionaria antes mencionada, por su actuar en la afectación significativa a la economía chihuahuense, lo que se traduce en conductas indebidas y actos de corrupción.
Dentro de su exposición de motivos, expresó que las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado de Chihuahua, desde el inicio del conflicto ocasionado por la decisión sin dialogo alguno y de manera unilateral por parte de CONAGUA, de desalojar a las principales presas del estado de su vital líquido, han pedido en diversas ocasiones al Presidente de la República y diferentes dependencias federales, que cesen de desfogar las presas.
“El recurso hídrico que tiene su origen y nacimiento en el Estado de Chihuahua, en particular, para que desistiera de desfogar las presar del Estado si no es que primero se garantizaba el agua suficiente para el pasado y presente ciclo agrícola, se privilegie el diálogo, se eviten las decisiones unilaterales, buscando siempre la mejor manera de lo que le correspondía a Chihuahua de manera equitativa en el pago del tratado de 1944, celebrado entre México y Estados Unidos”, concretó.
Además de esto, recordó que el pasado 15 de junio del 2020, se emitió un acuerdo de urgente resolución para atender la problemática antes mencionada, mismo que dijo: “siguen siendo desoídos, por el contrario las consecuencias en cuanto al uso y disponibilidad del agua por parte de los productores del campo, son mayores”.
“La derrama económica que dejará de percibirse será de alrededor de 20 mil millones de pesos, que dan cuenta del tamaño del daño causado, no sólo a los productores, sino a la economía chihuahuense y del país, afectando el Producto Interno Bruto y a toda la cadena económica y de empleo que ello representa”, puntualizó.
Por ello, expresó que Blanca Jiménez Cisneros, dejó una “calamidad en el campo y en la economía”, con decisiones incorrectas, unilaterales, de castigo y autoritarias, sembrando el encono y propiciando la confrontación con los resultados de todos conocidos.
“Sólo por mencionar algunas irregularidades de todas las que deberán ser motivo de la investigación en el errático y desaseado manejo y administración del agua a cargo de Blanca Jiménez Cisneros, por lo que se refiere al Estado de Chihuahua”, finalizó.
