VITAL QUE PRÓXIMO GOBIERNO DÉ CONTINUIDAD A LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN PARA RECUPERAR RECURSOS ROBADOS
La Mtra. Mónica Vargas Ruiz indicó que la recuperación de los recursos robados durante la administración pasada, dependerá del compromiso y voluntad política de quien llegue a la Gubernatura
En el marco de la Operación Justicia para Chihuahua, se han interpuesto 86 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado por actos cometidos por servidores públicos que pudieran ser constitutivos de delito, estimándose que el daño al erario asciende a un monto de $2 mil 793 millones 991 mil 125 pesos, informó la Secretaria de la Función Pública, Mtra. Mónica Vargas Ruiz.
Además, indicó que en el ámbito administrativo se han iniciado 73 procedimientos de responsabilidad contra el ex gobernador y a sus colaboradores, involucrando a 77 ex funcionarios públicos, sumando un daño estimado a la Hacienda Pública de $ 1,798,216,597.37; en 5 de estos procedimientos disciplinarios se encuentra denunciado y notificado el ex gobernador de Chihuahua, habiéndose declarado en todos ellos en rebeldía.
Por otra parte, 19 de los procedimientos administrativos se encuentran con resolución emitida, con sanciones económicas por un monto de $547,047,999.99; sin embargo, las personas acusadas continúan utilizando recursos jurídicos para defenderse, aunque en realidad no posean ningún elemento que afecte las acusaciones de la SFP, por lo que se trata de una estrategia para alargar los procedimientos y no devolver los recursos robados.
Por lo anterior, la Mtra. Vargas Ruiz indicó que las resoluciones escaparán de los tiempos de la presente administración, cuyo compromiso y política anticorrupción se ha hecho patente desde el primer día, por lo que puntualizó que, para recuperar los recursos robados, será necesario que el próximo gobierno tenga un real compromiso con la lucha anticorrupción que inició el gobierno actual y no con los involucrados en las investigaciones, pues esto derivaría inevitablemente en que las denuncias y carpetas de investigación, se vayan al cajón del olvido.
“Es vital que no se dejen caer estos asuntos; los involucrados van a pelear como puedan para defenderse, aunque no tengan elementos reales que los exculpen; por eso necesitamos que el compromiso de las próximas autoridades estatales sea total frente a la corrupción, de lo contrario no podremos recuperar estos recursos”, comentó.
Para concluir, indicó que la SFP sigue el debido proceso en cada caso, para que no haya huecos que puedan aprovechar los ex funcionarios, pero una vez que estos asuntos pasen a los tribunales, quedará fuera del alcance de este órgano de control estatal: “vamos a blindar estos asuntos hasta el último momento que estemos en la Secretaría; sin embargo, el que se dé continuidad a la lucha anticorrupción, depende del compromiso de quien llegue a ocupar la titularidad del Ejecutivo Estatal”, concluyó.
