La resolución del Juez de Control, Gerardo Genaro Alarcón López, se da tras la negativa de la Fiscalía General de la República (FGR) y de Petróleos Mexicanos (Pemex) de llegar a un acuerdo reparatorio con Lozoya y su defensa legal, debido a que las autoridades federales consideraron insuficientes el monto de compensación que ofrecía el ex servidor público procesado.

Al término de la audiencia intermedia o de calificación de pruebas, el juez de la causa determinó anular varias de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República, por considerar que se violó el secreto bancario y la confidencialidad de las comunicaciones privadas entre funcionarios bancarios y clientes.

De igual forma, el juez de la causa resolvió aceptar 29 testigos y ocho pruebas documentales presentadas por la defensa de Emilio Lozoya.

En este marco, el fiscal de la FGR ratificó su petición de que se impongan 46 años de prisión a Lozoya y 21 años de prisión a su mamá Gilda Austin, quien habría recibido parte de los fondos que recibió Lozoya de parte de Odebrecht.

La FGR explicó que la pena solicitada a Lozoya se compone de 22 años de prisión por el delito de lavado de dinero, 14 por cohecho y 10 por asociación delictuosa. Para la señora Gilda Austin la pena es de 10 años de prisión por asociación delictuosa y 12 por lavado de dinero.

Al inicio de la audiencia, la defensa de Emilio Lozoya anunció que interpondrá un juicio de amparo para suspender de forma indefinida el inicio del juicio oral, pero aún falta por conocerse si este es admitido y si se le otorga la suspensión solicitada.

Además, la FGR anunció que va a impugnar las pruebas que le fueron rechazadas, lo que también repercutirá en el aplazamiento del juicio.

A pesar de que Lozoya presentó imputaciones contra exlegisladores y exfuncionarios del PAN y el PRI por recibir presuntos sobornos para aprobar la reforma energética, así como para financiar la campaña presidencial del expresidente Enrique Peña Nieto en 2012, sólo el exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury, pisó la cárcel en febrero del 2021.

Sin embargo, en septiembre del 2022 logró un cambio de medida cautelar para continuar su proceso en libertad.

Tras su detención en España y su extradición a México, Emilio Lozoya aceptó presentar una denuncia de hechos en agosto del 2020 en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, entre otros, por diversos ilícitos.

En ese momento, Lozoya solicitó un criterio de oportunidad y se le concedió el beneficio de llevar su proceso en libertad con un brazalete electrónico, con restricciones para salir del país y la entrega de sus documentos migratorios como pasaporte y visa.

No obstante, el 3 de noviembre de 2021, Lozoya fue detenido y enviado al Reclusorio Norte luego de que la FGR y la UIF solicitaron modificar la medida cautelar en su contra para que le impusiera prisión preventiva justificada por riesgo de fuga.

En enero de 2022, la fiscalía acusó formalmente a Emilio Lozoya por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho por el caso Odebrecht.