El eterno pleito en Chihuahua
Por eduardo arredondo
En Chihuahua, la política no se administra: se confronta. Y una vez más, el choque entre Javier Corral y Maru Campos vuelve a ocupar el centro del debate público, ahora con acusaciones que tocan un tema siempre delicado: el dinero.
Corral acusa. Y lo hace con números en la mano. Habla de un déficit superior a mil millones de pesos, coloca a Chihuahua como la única entidad con balance negativo en 2025 y señala un manejo financiero cuestionable.
Pero no se queda ahí: introduce un ingrediente político aún más explosivo al mencionar contratos por 37 millones de pesos otorgados a Ernesto Cordero, presuntamente con irregularidades administrativas.
La narrativa es clara: opacidad, deuda y uso indebido del erario. La frase que resume su postura —que los recursos públicos “se han convertido en botín”— no es menor. Es una acusación directa, diseñada no solo para cuestionar cifras, sino para erosionar legitimidad.
Pero en Chihuahua nada ocurre en un solo sentido.
La historia reciente muestra que este enfrentamiento no nació hoy. Es la continuación de una disputa política larga, marcada por denuncias cruzadas, investigaciones, señalamientos de corrupción y acusaciones de persecución. Mientras Corral apunta al manejo actual de las finanzas, la administración de Campos —en otros momentos— ha señalado irregularidades heredadas del propio exgobernador. El conflicto, más que resolverse, se recicla.
Y ahí está el verdadero problema.
Porque más allá de quién tenga razón —si el déficit es producto de mala administración o de una narrativa política conveniente— lo cierto es que Chihuahua vive atrapado en una lógica donde cada gobierno audita al anterior, pero pocos logran construir confianza hacia adelante.
La denuncia de Corral puede ser seria y debe investigarse. Pero también es parte de un contexto donde la política se ha judicializado y la justicia se ha politizado. Esa mezcla, peligrosa por definición, termina dejando a los ciudadanos en medio de versiones enfrentadas y verdades parciales.
En este nuevo capítulo, la pregunta no es solo si hubo contratos irregulares o déficit. La pregunta de fondo es otra:
¿en qué momento la rendición de cuentas dejó de ser un mecanismo institucional y se convirtió en un arma política?
Porque mientras eso no cambie, Chihuahua seguirá siendo escenario de acusaciones espectaculares… y soluciones escasas.
