Dos fabulosas casas de políticos ilustran la polémica relación entre el sector de la construcción, la alta arquitectura y el poder político en México
“Ventanas y rendijas dibujan patrones muy definidos sobre el suelo y sobre los acabados rústicos. La casa y las caballerizas se unen ligando la vida del hombre a la del caballo”. El párrafo es de El Croquis, una prestigiosa revista internacional para profesionales de la arquitectura, que ha dedicado su número monográfico de marzo al mexicano Manuel Cervantes. La obra de la que habla es el rancho Las Mesas, propiedad del penúltimo símbolo de corrupción en el país, el encarcelado exgobernador de Veracruz Javier Duarte, valorada en 200 millones de pesos, y confiscada hoy por la fiscalía. ¿Business as usual o dilema ético?
“No hay la suficiente discusión dentro del gremio de arquitectos para casos como estos. Hace falta clarificar nuestra responsabilidad y nuestra posición al respecto, si el hecho de trabajar con un determinado cliente es un hecho individual o nos acogemos a un código compartido de la profesión”, señala Alejandro Hernández, profesor de arquitectura y editor de la revista Arquine, que pone como ejemplo un conflicto moral más asentado dentro de la profesión: ¿hacer o no hacer un proyecto como una prisión?
Más allá de las analogías deontológicas con el trabajo de abogados o médicos, para Fernanda Canales, doctora y autora de dos volúmenes canónicos sobre la historia moderna de la arquitectura su país, Arquitectura en México, 1900-2010, es crucial elevar el debate al sector de la construcción. “Es una de las industrias que más aportan a la economía de la corrupción, financiamiento de campañas o de partidos políticos. Hace falta revisar como afrontamos los arquitectos este problema en un país que carece de las instituciones democráticas que garanticen de forma transparente el acceso a los proyectos”.
Un reciente estudio reveló que durante los últimos cinco años el 70% de los contratos públicos en México se asignaron a dedo, sin concurso o licitación pública. Estaríamos una vez más ante un ecosistema político y económico viciado, que penaliza las buenas prácticas e incentiva la pillería.
“No solo no hay concursos –añade Canales– de proyectos de arquitectura para obra pública, como en el resto de países, si no que en el sector privado, tampoco los colegios de arquitectos cumplen esa figura de árbitro o auditor que vela por la transparencia y la justicia, tanto para el cliente como para el arquitecto. Esta situación es la que propicia que la defensa o la excusa oficial de que un arquitecto sea: “cómo voy a saber de dónde viene el dinero de mi cliente”.
Desde la caída de Duarte y el estallido de la polémica por la casa a finales de 2016, Cervantes, un arquitecto joven y pujante en la escena mexicana, se ha mantenido en un completo silencio, también para este reportaje. La única pista sobre su relación con el cliente del majestuoso rancho clavado en el corazón de un bosque a una hora de la capital, sobre unos terrenos del tamaño de 90 campos de futbol, la dio en Estados Unidos en 2015, dos años después de acabar el proyecto. En una conferencia de la Liga de Arquitectos de Nueva York dijo que “fue una petición extraña porque la gente pide establos lejanos a las casas, pero el cliente quería tener un contacto especial con los animales”.
La pista se repite en el capítulo de El Croquis dedicado al rancho, titulado sobriamente como Proyecto Ecuestre: “el cliente deseaba criar y convivir con sus animales”. Un deseo que se materializó en la construcción de elegantes caballerizas para más de 50 caballos, una piscina para ejercicios equinos y una barda de más de kilómetros. “Esto quiere decir –añade Hernández– que si no estuvieron en contacto con el propio Duarte hablaron con alguien muy cercano y en el momento que decides para quien trabajas tienes que tomar una decisión. Se supone que no tienes porqué saber de dónde viene el dinero, pero hay clientes que resultan problemáticos. En el caso de un político es tan fácil como googlear su salario mensual y compararlo con el precio acumulado del terreno y la construcción para tener indicios de que hay algo extraño”.
Cervantes, además, ya había trabajado para el Gobierno de Duarte, acusado de saquear más de 80 millones de dólares de las arcas del Estado de Veracruz valiéndose de una red de testaferros, compinches y empresas falsas. En abril de 2013, el mismo año en que se concluían los trabajos del rancho, el gobernador anunció que reforma del mercado de Córdoba estaría a cargo de CC Arquitectos, el estudio de Cervantes. La obra no se llevaría finalmente a término porque el PRI perdió la alcaldía.
Desde las iglesias barrocas o los palacetes de los Médicis, la alta arquitectura ha mantenido prácticamente por definición una relación casi adhesiva con el poder. Una cercanía plagada de polémicas, como el cargo de Le Corbusier, el padre de la arquitectura moderna, como consejero de urbanismo del gobierno colaboracionista de Vichy; la construcción de la Casa del Fascio por Giuseppe Terragni en 1932; o las aventuras de estrellas como Norman Foster o Zaha Hadid por Oriente Medio.
En México, sin tratarse de ejemplos tan extremos, también han sido habituales los encargaos de políticos, como la construcción en los sesenta de la casa del presidente Adolfo López Mateos por parte de Pedro Ramírez Vázquez López, el arquitecto del museo de antropología o el estadio Azteca. Pero digamos que lo excepcional de los nuevos casos mexicanos es la publicidad de las obras, su sofisticación y su gusto.
“El sol es para el arquitecto lo que la brújula para el navegante. Es para ambos su punto de partida y su guía”. Así se define en la web ArchDaily, otra de las referencias del sector, una lujosa casa de 1.000 metros cuadrados en una de los barrios más exclusivos de la capital, con siete habitaciones, gimnasio, jacuzzi y estacionamiento subterráneo. Es la conocida como Casa Blanca, anunciada en 2013 en las revistas del corazón como la futura residencia de la familia del presidente Peña Nieto una vez terminado el mandato, y que acabó convirtiéndose en uno de sus mayores polémicas del sexenio.
Una investigación periodística reveló en 2014 que la casa, comprada por la esposa del presiente Angélica Rivera, fue construida por una inmobiliaria controlada por Juan Armando Hinojosa, propietario del Grupo Higa, un contratista que ganó numerosos concursos en el Estado de México durante el mandato como gobernador de Peña Nieto.
Entre los movimientos para ahuyentar cualquier duda sobre conflicto de intereses o trato de favor, Rivera enseñó en televisión el contrato de la casa, 54 millones de pesos más intereses, y se presentó a sí misma como una “mujer independiente que he sido capaz de construir un patrimonio con honestidad y con todo mi trabajo”, cómo actriz de telenovelas.
Al año siguiente, Rivera anunció que ponía la casa en venta, una decisión respaldada públicamente por la presidencia mexicana como el mejor modo de proteger “la integridad” de su familia y despejar las suspicacias generadas. Todavía un año después, en 2016, el día que promulgó las leyes del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, el propio Peña Nieto hizo un acto público de contrición: “Lo entiendo perfectamente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón”
Miguel Ángel Aragonés, el arquitecto de la obra, tampoco ha querido participar en este reportaje. Pero en 2013, antes de estallar la polémica, preguntado por su relación con los clientes en una entrevista en televisión respondió: “Enrique se me hizo un personaje de primera, un tipo inteligente, sensible, respetuoso, amable. Se me hizo una delicia trabajar con él”.
En esa peligrosa lógica adhesiva con el poder inscribe Canales estos casos: “Es lo que le pasa a arquitectos que han ganado Pritzker, con despacho en Londres y proyectos con gobiernos o regímenes como Pekín o Abu Dabi”. Añadiendo elementos de la especificidad mexicana, “en cuanto que somos un país con instituciones poco democráticas, que vuelve a colocar al arquitecto en la posición de ‘cómo iba a saber de quién era el terreno’. Esta justificación solo es un reflejo de un sistema social que tiene una estructura poco transparente y que permea a todos los niveles y profesiones. En lo relacionado con la arquitectura impide que jóvenes accedan a cargos, que la sociedad puede elegir a sus arquitectos en concursos públicos y que los propios arquitectos dispongan de toda la información necesaria para hacer su trabajo”.
Manual Cervantes ha sido el primer mexicano al que la revista El Croquis le dedica una monográfico en sus casi 200 números. “Me sorprende muchísimo la publicación –apunta el arquitecto y profesor Víctor Alcérreca–. Es una revista que le apuesta al pensamiento y la crítica y que aparezca el rancho de Duarte me parece muy cuestionable. Cuando se destapó el escándalo hace dos años, la reacción generalizada del gremio fue decir que no tiene responsabilidad, que es buen cuate y que todos podemos pasar por esto. Y es cierto porque muchos despachos están expuestos a esto. Pero como arquitecto relevante en el medio internacional creo que le debe una explicación a la opción pública. Ha administrado la publicidad del proyecto como si nada hubiera pasado. Creo que el autor tiene responsabilidad sobre su obra. Va más allá de si es legal o ilegal”.
