César Peniche y la casa de los 20 millones: el símbolo de la contradicción
Por [eduardo aredondo]
Hay imágenes que hablan más que mil discursos, y hoy, en Chihuahua, una escena encapsula a la perfección la descomposición institucional que tantos años hemos denunciado: una casa de más de 20 millones de pesos, ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, siendo vaciada a toda prisa bajo la mirada atenta de quienes alguna vez confiaron en el discurso de justicia, austeridad y legalidad.
La casa pertenece al exfiscal general del estado, César Augusto Peniche Espejel. Sí, el mismo que durante años encabezó la narrativa oficial del combate a la corrupción, el mismo que perseguía con rigor —o con cálculo político, según se vea— a funcionarios señalados por malversación de fondos públicos. Hoy, su patrimonio se convierte en símbolo de todo lo contrario.
Desde 2019, hubo voces que advirtieron que algo no cuadraba. Fermín Ordóñez Arana, entonces dirigente municipal del PRI, levantó la voz para exigirle a Peniche que explicara cómo, con un sueldo de servidor público, podía costear una propiedad valuada en más de 20 millones de pesos. La respuesta oficial fue el silencio. El tiempo, en cambio, parece haber respondido con hechos.
Lo verdaderamente alarmante no es solo la construcción de una residencia de lujo. Es el mensaje que envía. ¿Cómo pedirle a un ciudadano común que confíe en las instituciones, que pague sus impuestos, que respete la ley, cuando el encargado de velar por su cumplimiento vive en la opulencia, sin explicación clara de cómo llegó ahí?
No se trata de envidia. Se trata de congruencia. Porque mientras el gobierno estatal repetía su mantra sobre austeridad y castigo a los corruptos, el fiscal levantaba muros de mármol en una de las zonas más caras de Chihuahua. ¿Es eso ilegal? Tal vez aún no lo determina una autoridad judicial. ¿Es inmoral? Sin duda.
Hoy que se catean sus propiedades, muchos se preguntan si la justicia llega o si simplemente se reacomodan las piezas del tablero político. Lo cierto es que el caso Peniche debe ser un parteaguas: no basta con nombrar fiscales “imparciales”, si no se les exige transparencia desde el primer día. Porque si el guardián de la legalidad cae en el juego del enriquecimiento inexplicable, lo que se resquebraja no es una institución: es la confianza de toda una sociedad.
Y esa, tristemente, no se recupera con un cateo.
