Propone Jorge Soto sancionar acoso y violencia laboral en servidores públicos
– Propone medidas cautelares a las víctimas durante proceso
Chihuahua, Chih. – El diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Jorge Soto, presentó una iniciativa en el Congreso del Estado para reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El objetivo es incluir sanciones específicas contra el acoso laboral, acoso sexual, abuso sexual y hostigamiento sexual cometidos por servidores públicos, temas que, pese a su relevancia, no están contemplados como faltas graves en la legislación vigente.
El legislador destacó que la propuesta responde a la necesidad de erradicar conductas que vulneran los derechos humanos y generan entornos laborales hostiles. “La violencia laboral afecta directamente el desarrollo personal, profesional y social de las víctimas. Es fundamental que desde la ley administremos las herramientas necesarias para prevenir y sancionar estos actos”, afirmó Soto.
La iniciativa propone adicionar definiciones y medidas específicas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, estableciendo que estas conductas sean sancionadas con suspensión, destitución e incluso inhabilitación de los servidores públicos responsables. También se incluyen medidas cautelares que protejan los derechos humanos y laborales de las víctimas durante el proceso.
Soto señaló que la situación es particularmente grave en Chihuahua, donde el 37.8% de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido violencia laboral en algún momento de su vida. «No podemos permitir que actos como el acoso laboral y sexual sigan ocurriendo en la administración pública. Es una deuda que tenemos
con las y los trabajadores que enfrentan estas agresiones en silencio por temor a represalias», agregó el diputado.
La propuesta busca alinear la normativa nacional con tratados internacionales y protocolos existentes, asegurando un entorno laboral digno y respetuoso. Con estas reformas, se pretende fortalecer la cultura de respeto y equidad en el servicio público, creando un marco jurídico que proteja a todas las personas contra cualquier forma de violencia en el ámbito laboral.
