La columna
POR CARLOS JARAMILLO VELA
· Claudia Sheinbaum y el fin de la división de poderes, las libertades democráticas y los contrapesos.
Cómo es costumbre, siempre que termina una jornada electoral se genera una diversidad de opiniones basadas en el análisis de las campañas, los partidos y sus candidatos, los resultados obtenidos por éstos y las incidencias ocurridas durante la votación. Asimismo, dichos ejercicios analíticos incluyen las repercusiones que tales resultados electorales tienen en la composición de los órganos legislativos estatales y nacionales, en su caso, en la reconfiguración geopolítica de los estados y sus municipios.
Por supuesto que no es una excepción a esta especie de regla el actual proceso electoral en el que se ha alzado con el triunfo la candidata morenista Claudia Sheinbaum, al resultar electa presidenta de nuestro país. Al conocerse el desenlace de la elección presidencial mexicana han comenzado a surgir comentarios que denotan nerviosismo en la comunidad económica y financiera internacional frente a lo que se vislumbra ya como la continuidad de las directrices del proyecto político-ideológico que el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador se ha propuesto instaurar a ultranza en México, y que con Sheinbaum en la titularidad de la jefatura del Estado y con mayoría de legisladores afines en las cámaras de diputados y senadores, podría consolidarse mediante reformas constitucionales no amigables ni compatibles con el mercado.
Pero el plan político-ideológico que López Obrador anhela imponer en nuestro país no solo resulta antagónico a las actuales tendencias económicas internacionales, ya que también es contrario al esencial principio democrático de contrapesos políticos y división de poderes que garantiza la estabilidad política interna de México y el respeto al régimen de libertades y derechos fundamentales de los mexicanos, por lo que de llegar a concretarse la maquinación lopezobradorista el Poder Judicial (SCJN) dejaría de ser una institución independiente e imparcial al quedar sujeta a los intereses políticos del presidente y su partido o, en el mejor de los casos, a los de otros partidos, mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE) se convertiría en una especie de dependencia al servicio del Ejecutivo, y otros órganos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) serían extinguidos, con lo que de facto empezaríamos a vivir bajo una dictadura sin límites jurídicos.
A nivel internacional existe gran preocupación frente a las eventuales decisiones políticas y cambios jurídico-constitucionales que podrían darse durante el mandato de Claudia Sheinbaum, pues representarían un obstáculo y un desaliento para la inversión extranjera, e incluso también para la nacional. Aunado a esto, la atención que el gobierno entrante brinde al tema de seguridad pública es un aspecto que también preocupa considerablemente al sector productivo, ya que representa una asignatura pendiente en virtud de la postura negligente que López Obrador mostró
frente a la inseguridad e ingobernabilidad, a las que en modo indolente ha dejado crecer a un nivel alarmante durante su sexenio. Así, Claudia Sheinbaum llega a la antesala de la Presidencia de México representando una amenaza para la integridad de la organización política constitucional del Estado mexicano, y generando intranquilidad y desconfianza en importantes sectores económicos y políticos tanto dentro como fuera de México.
