HABLANDO Y ESCRIBIENDO
DEFENSORIA PÚBLICA DE CHIHUAHUA
POR ERNESTO AVILÉS MERCADO*
En días pasados, se llevó a cabo aquí en Chihuahua capital, un Congreso Nacional de los Institutos de Defensoría Pública de todo el país, donde se tuvo la participación de numerosos exponentes de muy buena calidad, así como una gran cantidad de abogados que trabajan como defensores públicos de diferentes partes del país.
De las exposiciones poco o nada se supo, porque no hubo una memoria o transmisión en vivo, como se había realizado en los anteriores Congresos, pero lo que si trascendió fue el desplante que les hicieron a un grupo de defensores públicos de la fronteriza Ciudad Juárez, que invitados por su director Héctor Armando González Mocken, se presentaron en el Hotel Sede, de donde inmediatamente fueron prácticamente echados por parte de personal de seguridad, argumentando que no era para abogados defensores, sino para los coordinadores que provenían de otras entidades.
De poco o nada les valió decir que si se trataba de pagar su consumo personal, con gusto lo harían, sin embargo, la respuesta fue la misma: que tenían instrucciones de sacarlos fuera del recinto, a pesar de que al final más del 40% de los lugares quedaron vacíos
Este incidente, surge en medio del trascendido que se escucha de manera generalizada, respecto del interés del director Héctor Armando González Mocken, de buscar la autonomía del instituto de la defensoría pública de Chihuahua, que actualmente depende del poder Judicial, para que pueda manejar sus propios recursos y operar con total independencia.
En la historia de la Defensoría Pública, se registra que se encontraba como una dependencia del Poder judicial, sin embargo, fue entregado al Poder Ejecutivo, donde los defensores de entonces, les congelaron su salario y la exigua compensación que tenían, también fue reducida.
Durante la administración del magistrado Pablo Héctor González Villalobos, se debatía sobre la posibilidad de regresar a la defensoría al poder Ejecutivo, lo que se criticaba porque fiscales y defensores se encontraría en el mismo poder, lo que equivaldría a dudar sobre su independencia.
Sobre la posibilidad de declararlo Autónomo, se comenta fuertemente si se debiese hacer por conducto de alguna o algunas organizaciones de la sociedad civil, buscando que además de supervisar sus actividades, no quedara duda sobre la línea ética que debería conservar.
La crítica es que entregar el Instituto a una persona, designada por el Gobernante en turno, equivaldría a ponerle a su disposición el despacho más grande y mejor capacitado, del Estado, además de especializado en todas las materias, ordenando desde su oficina se le nombrara personal a su cargo a quien quisiera, para después, cobrar este favor como un servicio privado.
La calidad y profesionalismo que impera como factor común entre todos los defensores públicos es realmente extraordinario, las capacitaciones permanentes en el INFORAJ y el diario llevar audiencias, los mantienen muy bien preparados, para representar profesional y dignamente cualquier asunto que se les encomiende.
POLITIZAR LA JUSTICIA
Por otra parte, los ataques permanentes que desde la mañanera realiza el presidente López Obrador, sobre el actuar de los jueces, magistrados y ministros del Poder judicial, es consecuencia del enorme poder que tiene el ejecutivo federal en si mismo; muchos de los asuntos que se debaten en el Poder Judicial, es porque no fueron discutidos en el Congreso, donde se deberían de debatir, pero como se tiene mayoría de MORENA, no permiten que se les quite ni una sola coma a las iniciativas que el ejecutivo les presenta.
El mayor riesgo que se tiene, no es que el Congreso pueda alcanzar la mayoría calificada para reformar la constitución, sino el que nuevamente pueda designar a una militante de su partido como ministra de la SCJN, con lo cual impediría que se calificara como inconstitucional alguna norma, ya que para hacerlo se requiere de 8 votos y actualmente suman tres las ministras, militantes de morena Yazmín Esquivel, Loreta Ortiz y Lénia Batres, esperando que para este año el ministro Luis María Aguilar, que termina su período de 15 años, pueda ser reemplazado por otra política y no una jurista, ojala y no sea asi….
*ABOGADO LITIGANTE, MIEMBRO DE LA FECHCA Y LA AECHIH
