HABLANDO Y ESCRIBIENDO
EL ESTADO SOY YO: ANDRÉS MANUEL I DE MÉXICO
POR ERNESTO AVILÉS MERCADO*
Luego de que la SCJN invalidó en sesión del jueves 18 el decreto que catalogaba a las obras prioritarias de este gobierno como de seguridad nacional, el presidente López Obrador emitió un nuevo decreto clasificando al Tren Maya, al Tren Interoceánico y a los Aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum como de seguridad nacional e interés público.
El INAI, presentó una acción de inconstitucionalidad, en contra del decreto emitido por el presidente a finales del 2021, donde clasifica como de seguridad nacional las 5 obras prioritarias de su gobierno, oficializando su completa opacidad y el no rendir cuentas.
Con 8 votos a favor y 3 en contra, la corte consideró el decreto contrario a la constitución en sus artículos 6 y 73, porque implicaba ampliar el supuesto de reserva de información, mediante un acto administrativo y no por ley, además de afectar la facultad del INAI de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
En el mismo decreto, se ordenaba que las entidades gubernamentales debían contestar requerimientos de autorizaciones en un plazo máximo de 6 días y que en caso de no hacerlo, se tenían por concedidas para evitar retrasos en la construcción de las obras.
Ante la falta de un cuarto integrante del Consejo del INAI, hace imposible que se presente nuevamente una acción de inconstitucionalidad, porque el consejo es el único facultado para hacerlo ante la SCJN.
Este nuevo decreto expedido por el presidente López Obrador, está también firmado por los titulares de las fuerzas armadas, ejército y marina, además del secretario de gobernación.
Al margen de considerar si la emisión del decreto del jueves, constituye o no un desacato, lo cierto es que en este caso, técnicamente no puede ser considerado así, ya que será hasta el lunes 22 cuando la Corte determine los efectos de su resolución, además de que formalmente aún no ha sido notificado el ejecutivo federal y sus dependencias involucradas.
Si se considera que hay repetición del acto reclamado, la SCJN, de conformidad con los artículos 105, 107 fracción XVI, en teoría, podría ordenar la separación del cargo al presidente y darle vista al Ministerio Público de la federación.
Sin embargo, estamos ante un caso inédito, porque la misma constitución en sus artículos 108, 111, le dota al presidente de una amplia inmunidad que en las actuales condiciones de control del Congreso de la Unión, hace imposible que el presidente pueda ser juzgado penalmente, pero además tampoco puede ser sujeto de juicio político.
Lo que sí se puede afirmar es que el presidente construyó una chicanada, tomando una actitud totalmente contraria a la constitución, de falta de respeto a la división de poderes, a la SCJN, a una democracia constitucional, por ser un acto autoritario e indefendible.
La expresión emitida por el presidente de que “no me vengan con el cuento de que la Ley es la Ley”, cobra vigencia en esta acción, porque siendo el primer obligado en respetar y hacer respetar la constitución, es el primero que la pone de tapete para pasar sobre ella, anteponiendo sus intereses personales y de grupo, olvidando su compromiso constitucional.
En las actuales condiciones de inseguridad, violencia desbordada, intromisión de los poderes ejecutivos en los poderes judiciales, fiscalías que no logran bajar los niveles del 98% de impunidad, ministerios públicos con sueldos bajísimos e injustos, con prestaciones mínimas y policías a merced de la capacidad de fuerza y poder económico de los grupos delincuenciales, la parte más débil de esta cadena, la constituye toda la ciudadanía, mayormente los que menos tienen y en forma particular, los más vulnerables entre los vulnerables como son los menores de edad.
ELECCIONES DE MAGISTRADOS EN PUERTA
En Chihuahua, lo importante es que la justicia no se politice, porque cuando eso pasa automáticamente se compromete la imparcialidad. Formar parte de un partido político implica contar con intereses de grupo, lo que es contrario a la independencia de las personas juzgadoras.
Bajo ambos modelos pasa lo mismo, se eligen personas con base en su fuerza política y por lo tanto quien llega así a ser magistrad@ usará en favor de los suyos el sistema de justicia. Simplemente para garantizar que no pierdan el poder.
Esto, sin contar con que cada vez el sistema jurídico es más robusto y requiere de más conocimientos y competencias para impartir justicia, por lo que no elegir a los mejores, sino a los más populares sería catastrófico en términos de respeto a los derechos humanos, de adecuada fundamentación y motivación, de razonamiento probatorio, adecuada argumentación, etc…
*ABOGADO, INTEGRANTE DE LA FECHCA Y DE LA AECHIH
—
