Después del escándalo judicial sobre la posible imputación de cargos por desvío de recursos en contra de Jorge Luis Issa Gonzalez y Manuel Soledad, los panistas que tenían chamba en el área administrativa del Congreso del Estado durante el régimen del ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, la Fiscalía Anticorrupción se reservó la información del caso y el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) señaló que oficialmente no existe solicitud de audiencia inicial.
Pero el ‘golpanazo’ mediático que circuló por todos los rincones de Chihuahua en contra de los panistas aliados al gobierno del antecesor de la gobernadora María Eugenia Campos se le ‘factura’, a la recién renunciada Fiscal Anticorrupción de la entidad, Gema Guadalupe Chávez;
A quien le cuelgan la ‘medallita’ por su oficiosa participación en la búsqueda de los responsables del sonado escándalo de corrupción en el Congreso de Chihuahua, presuntamente vinculado al homicidio de Luis René Villarreal y a la participación de su esposa (ahora viuda), Alejandra Montañez Olivier, involucrada también en el presunto saqueo de las finanzas del Congreso.
Supone este columnista, que la filtración de la información en la capital, con todas las aristas de ‘veracidad’, tuvo como fin proyectar a los responsables de las irregularidades financieras en el Poder Legislativo que serán, tarde o temprano, llamados a cuentas por la justicia.
Y que la tardía intervención del TSJE para señalar que no existe ninguna solicitud para la audiencia inicial y la investigación formal de los políticos señalados, son mera forma para ‘lavarse las manos’, o quitarse la barra, para que la “justicia” a secas, en el gobierno de Maru Campos, vaya sobre la cabeza de dos alfiles corralistas que están identificados como presuntos culpables del desaseo financiero y administrativo del Poder Legislativo en la capital.
La Auditoría detectó varias transacciones ilegales a diversas instituciones bancarias en Chihuahua, donde salió a flote la participación del finado ex jefe de la Junta Municipal de Agua, de su esposa y de otras personas que también fueron involucradas, para el ‘huachicoleo’ de dinero a través de “préstamos personales”.
De acuerdo con la información y presuntos documentos que fueron filtrados, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, creada en la administración del ex gobernador Javier Corral, solicitó una audiencia inicial en contra de Jorge Luis Issa González, ex director de Contabilidad y Finanzas del Poder Legislativo y en contra de Manuel Soledad Villanueva, quien era jefe Atención Comunitaria de la JMAS en la ciudad de Chihuahua.
Sobre estos dos personajes, la fuerza de la ‘Caballería’ de la justicia de la gobernadora Maru Campos.
Todo esto derivado, como ya lo sabe usted carísimo lector de Torre Fuerte, de la revelación hecha por la Auditoría Superior del Estado (ASE) el pasado 17 de diciembre de 2021, a través del oficio DAS/453/2021, donde se dieron a conocer una serie de movimientos y transacciones ilegales de un fondo del Poder Legislativo.
El escandalito nada menor, que también presume la vinculación y responsabilidad del ex presidente estatal del PAN de Chihuahua, el ex diputado Fernando Álvarez Monje, como cabeza política de lo que sucedía al interior de la Torre Legislativa, es el comienzo de la justicia en los expedientes que tiene preparados el gobierno de Chihuahua.
A Maru Campos le urge poner en prisión a políticos corruptos para mantener a flote su gobierno, especialmente ahora que la mandataria estatal, le han brincado asuntos que tienen feo ‘tufo’ relacionados con la donación de terrenos a favor de American Industries, propiedad del empresario Luis ‘Tito’ Lara, un viejo conocido y aliado del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.
El ‘show’ debe comenzar, y todo apunta a que será sobre la humanidad de los panistas identificados con el gobierno de Javier Corral. Sobre ellos no habrá justicia y gracia, sino justicia a secas.
No se sabe la fecha, mucho menos la hora, pero todo apunta que habrá formulación de cargos en contra de Issa y Soledad, y eso es lo que señala el expediente girado por parte de la ex Fiscal Anticorrupción, Guadalupe Gema Chávez.
Judicializarán el caso, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Superior de Justicia lo nieguen todo, y digan que ese espinoso caso, es por ahora, “información reservada”.
Esos dos ‘angelitos’ del Corralato en el Congreso del Estado de Chihuahua, fueron acusados de malversar los ahorros de los diputados locales por más de 18 millones de pesos.
Retuvieron recursos, incluso fondos ‘etiquetados’ a los 33 diputados durante los últimos dos años del gobierno de Javier Corral, que fueron utilizados para realizar préstamos y obtener ‘jugosos’ intereses.’
Pura ‘carnita’ para la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que prepara el nuevo ‘performance’ de justicia en su gobierno.
Caso Honeywell: ‘sociedad’ que genera ruido
A ‘rajatabla’, por mayoría de votos en el Congreso del Estado, los diputados autorizaron a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, enajenar a título oneroso a favor de Parques American Industries, S.A de C.V. el inmueble con una superficie de 159 mil 823 metros cuadrados dentro del Parque Industrial Chihuahua Sur que beneficiará a la empresa maquiladora Honeywell, cliente del presidente del Consejo de Administración de American Industries, Luis ‘Tito’ Lara.
Luis Lara, de los llamados ‘peces gordos’ de los negocios en la capital, y viejo ‘amigo’ y aliado del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, a quien le operó el famoso y ‘manoseado’ Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC), como lo hizo también en Ciudad Juárez, Jorge Contreras Fornelli, ‘alfil’ de la millonaria empresaria Alejandra de la Vega Arizpe, es el beneficiado de la política ‘caritativa’ de la gobernadora.
Cuyo caso prende ‘alarmas’ sobre la presunta opacidad existente de muchos favores que han hecho políticos a la clase empresarial durante los ultimos sexenios.
Especialmente a la ‘élite’ empresarial de los amigos de los gobernadores en turno en el estado de Chihuahua.
Oficialmente, y por información vertida por el propio Congreso, el inmueble objeto de dicho decreto será utilizado para el desarrollo del proyecto de expansión de operaciones de la empresa Honeywell.
La empresa que, de acuerdo a declaraciones recientes del secretario general de gobierno, César Jáuregui Moreno, tiene proyectada una inversión de muchos millones de dólares y la generación de empleos, que le permitirá a Chihuahua mantener su estándar de competitividad frente a otras entidades en la dinámica de la atracción de la inversión.
El proyecto de expansión de operaciones estima una inversión de 85.8 millones de dólares y una generación de poco más de dos mil nuevos empleos.
Y quizá el fondo de incentivo a las empresas en lo específico no sea malo, pero el problema que ha generado el malestar de los detractores del gobierno de Maru Campos se llama Luis Lara, como mediador a favor de la expansión y desarrollo de esa empresa, en terrenos que coincidentemente, forman parte de su compañía. Ese es el ‘meollo del asunto’.
Esa ‘sociedad’ con el viejo millonario de la capital, dedicado a la promoción y desarrollo de naves y parques industriales en todo el país, es lo que ha generado ruido a los morenistas en el Congreso.
Hay una cláusula de reversión para caso de incumplimiento con el objeto de la enajenación, y se dijo que Honeywell o la empresa subsidiaria, otorgara una garantía financiera de cumplimiento de las obligaciones incentivadas por el monto del valor del inmueble.
Ni como evitarlo.
Se genera mucha controversia y suspicacia política por la resolución del caso de la demanda de empresas constructoras y de proveedores que participaron en la construcción de la Ciudad Judicial que no pagó el gobierno del priísta César Duarte, que omitió el gobierno del panista, Javier Corral, y que toca la ‘perra suerte’ de pagar a la panista María Eugenia Campos Galván.
Pero no le cayo la ‘yuca’ a Maru Campos como muchos creen, simplemente la gobernadora ha sido la facilitadora de la justicia en una deuda generada por Duarte y no pagada por Corral y ganada en un juicio que hace tiempo promovió el abogado y ex procurador de la República, Antonio Lozano Gracia, en el equipo en el que también participan Francisco Molina Ruiz, defensor de Maru Campos, Arturo Chávez Chávez y César Jáuregui Robles, ex colaborador del gobierno de Javier Corral.
Lo dijimos en Torre Fuerte el pasado 19 de mayo, fue de ‘fabula’, la decisión del Poder Judicial para cumplir con las empresas constructoras “Ingeniería y Diseño Van”, “Desarrollos Alianza’, Afirma Inmobiliaria”, “Arve Constructora” y el particular Jorge Moreno Torres, que demandaron por 513 millones de pesos.
A quienes finalmente se les pagará en una negociación pactada, la cantidad de 330 millones de pesos, en una “reducción” de 150 millones que presume el gobierno de Maru Campos.
La gobernadora de Chihuahua no se complica, pero genera eso sí, ruido y suspicacia, dentro y fuera de los mentideros políticos de Ciudad Juárez y de la capital del estado.
Mario Héctor Silva
Periodista y Analista Político.
Prestigiado periodista, autor de la reconocida columna La Torre Fuerte.
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