El teniente al mando del operativo rindió una declaración ante el Ministerio Público que resulta inconsistente con los hechos captados por una cámara de seguridad
La noche del 6 de junio, diversos medios nacionales e internacionales difundieron un video en el que se reveló la ejecución extrajudicial de cinco civiles a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El material mostró que los sujetos, presuntos sicarios del Cártel del Noreste, no opusieron resistencia luego de ser alcanzados por los miembros del Ejército. A pesar de ello, los militares se extralimitaron en el uso de la fuerza y, en lugar de sólo detenerlos, los sometieron, apilaron junto a una barda, y dispararon en su contra para asesinarlos.
De acuerdo con la grabación, los hechos ocurrieron el 18 de mayo sobre la avenida Prolongación Monterrey, aproximadamente a las 14:36 horas. Y aunque las imágenes exhibieron la agresión perpetrada por los elementos castrenses, estos aseguraron que habían sido atacados primero.
Como parte de su declaración ministerial —recuperada por Proceso—, el teniente de Infantería José Luis Nava Martínez, quien estaba al mando de dicha operación, aseguró que los hombres bajo su mando fueron agredidos cuando inspeccionaban la camioneta de los presuntos sicarios.
Los civiles asesinados, según documentos ministeriales, serían sicarios del Cártel del Noreste. (REUTERS/Jasiel Rubio)Según su versión, incluida en el Informe Policial Homologado (IPH) de aquella fecha, el dispositivo de seguridad estaba conformado por tres unidades de reconocimiento y 17 agentes uniformados.
Supuestamente, iban tras una camioneta tipo pick up (la que se aprecia en el video), misma que perdió el control y se estrelló contra el muro de contención de una tienda comercial.
El teniente Nava mencionó que los militares le habrían pedido a los civiles armados que descendieran del vehículo con las manos a la vista. En ese momento se percataron del arsenal que llevaban consigo y vieron que uno de ellos tenía una herida en la cabeza provocada por el choque.
“Se les estaban proporcionando las atenciones médicas de primeros auxilios cuando el personal que integra mi base de operaciones fue agredido con armas de fuego por personas de la delincuencia organizada en un intento de rescatar al personal que teníamos en el lugar”, dijo el mando militar en su declaración.
Acorde con la versión de la Sedena, los uniformados dispararon para repeler una agresión que “venía de todas las direcciones”, incluyendo la maleza que había en la zona.
El teniente a cargo del operativo aseguró que los militares habían sido atacados antes de detonar sus armas. (REUTERS/Jasiel Rubio)Las imágenes captadas por una cámara de seguridad mostraron que, a la par que los agentes dispararon hacia los civiles detenidos, algunos elementos detonaron sus armas en otras direcciones, de manera azarosa e inconstante, presuntamente para simular que se defendían de algún ataque.
Sobre la muerte de los civiles, Nava Martínez argumentó que simplemente habrían fallecido a consecuencia del intercambio de balas por querer recuperar sus armas.
“Al personal civil que teníamos inspeccionado le hicimos la indicación que se cubriera, que se tirara al piso […] Haciendo ellos caso omiso y tratando de volver a tomar sus armas y evadirse del lugar. Un civil estaba cubierto con una venda y lo iban empujando en dirección a la parte trasera de la tienda antes mencionada. Al repeler la agresión y detenerse las detonaciones de las armas de fuego fuimos a ver a las personas civiles que teníamos inspeccionando en primer momento, percatándonos que cuatro de ellos no tenían signos vitales y uno más estaba en estado crítico de salud”, fue la testificación del teniente.
Acorde con esta línea narrativa, fue a las 15:45 cuando los elementos de Protección Civil Municipal arribaron al sitio para llevarse al civil lesionado, quien posteriormente murió. Por parte de los castrenses, resultaron heridos el teniente MC Jesús Alberto Navarro Hernández y el sargento segundo de Infantería, Ángel Mario Herrera Aguilar.
Derivado de estos acontecimientos, tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) iniciaron una investigación de oficio, pues podría tratarse de un caso de ejecución extrajudicial y violaciones graves a los derechos humanos.
