· El cambio en la seguridad del gobernador, tema polémico.
La columna
POR CARLOS JARAMILLO VELA
· La mesa de seguridad, en medio de la discordia política AMLO-Corral
· El cambio en la seguridad del gobernador, tema polémico.
El asunto del distanciamiento del Gobierno Federal respecto al Gobierno del Estado de Chihuahua, en materia de seguridad, ha dado mucho de qué hablar desde fines del año 2020. A raíz de las diferencias políticas existentes entre el gobernador Javier Corral y el presidente Andrés Manuel López Obrador, este último ordenó a los representantes de las fuerzas federales su retiro de la mesa de seguridad permanente, en la cual participaban semanalmente reuniéndose con el mandatario chihuahuense y otros funcionarios del gobierno estatal, para colaborar en el rubro de seguridad pública. Así, queda demostrada la preferencia que el gobierno de México da a riñas de índole político –electoral-, desdeñando el interés superior de la colectividad, en este caso, el relativo a la seguridad de los habitantes de Chihuahua.
Esta disputa ha afectado, sin duda, a la comunidad chihuahuense, pues el mensaje que se emite con tal distanciamiento, es el de indiferencia y desdén por el delicado asunto de la seguridad pública, lo cual no puede ser interpretado de otra manera. Además, el vacío de poder que genera la reyerta AMLO-Corral, es aprovechado por las organizaciones delictivas, cuya incesante actividad continúa trastocando el orden, la seguridad y la paz en Chihuahua. Tal confrontación entre ambos niveles de gobierno derivó en la interposición de una controversia constitucional, misma que el gobernador chihuahuense planteó ante el Poder Judicial Federal, resultando favorable el fallo a Chihuahua, pues el 24 de febrero de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a las autoridades federales regresar a la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Chihuahua, sin embargo, hasta el momento ha sido imprecisa e insuficiente –por no decir negativa- la respuesta o acatamiento del Gobierno Federal ante dicha resolución judicial.
Así, la buena marcha de la mesa de seguridad y de los asuntos relacionados con ésta, se encuentra a la deriva debido a la discordia suscitada entre ambos niveles gubernamentales. Lo recomendable es que por encima de enconos, animadversiones y rencores personales, el presidente López Obrador adopte una postura sensata, y asuma su compromiso constitucional y su obligación judicial, para coadyuvar con la autoridad local en las acciones destinadas a garantizar la seguridad de los chihuahuenses.
En relación a este conflicto Estado (Javier Corral) – Federación (AMLO), el líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana, en Chihuahua, Jorge Cruz Camberos, ha señalado que son preocupantes para el empresariado el avance de la inseguridad y la violencia, mientras continúa la pugna pública existente entre los niveles de gobierno referidos, y también ha dicho, con razón, que mientras políticos van y vienen la sociedad y los empresarios se quedan.
Durante los recientes días circuló la noticia en el sentido de que los escoltas del gobernador de Chihuahua han sido desplazados por elementos militares, asimismo, se ha sabido que el Palacio de Gobierno ya no se halla resguardado por agentes de seguridad estatales, sino por miembros de las fuerzas castrenses, lo cual ha suscitado ciertas sospechas y comentarios por parte de algunos medios de comunicación, en virtud del repentino e inesperado cambio y reforzamiento del cuerpo de seguridad del mandatario.
No se sabe con certeza cuál es la razón de este cambio en la estructura de protección del gobernador y la sede del gobierno, sin embargo, es probable que dicha decisión se derive del eventual incremento del riesgo de inseguridad en el que podría encontrarse el mandatario, ante el evidente distanciamiento que desde hace meses éste protagoniza con el presidente de México y con las fuerzas federales bajo su mando.
