La columna
POR CARLOS JARAMILLO VELA
· La incongruente queja de López Obrador contra Ecuador.
· Arturo Zaldívar: infundadas y contradictorias acusaciones contra Norma Piña.
En cierto modo es contradictoria la postura asumida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando afirma que Ecuador debe respetar el tratado internacional denominado Protocolo de Viena, que constriñe a los Estados firmantes a respetar la inviolabilidad de las embajadas de los países participantes en ese pacto. Es indiscutible que resulta censurable lo hecho por las fuerzas ecuatorianas al irrumpir sin autorización en la embajada mexicana en Quito, para aprehender al ex vicepresidente Jorge Glas, sentenciado por delitos relacionados con corrupción.
Sin embargo, no menos cierto es que también el mandatario mexicano ha violado en varias ocasiones disposiciones de índole internacional, que obligan al Estado mexicano al cumplimiento de acuerdos y contratos comerciales pactados con empresas nacionales y extranjeras, en materia de inversión para generación de energías limpias (éolicas y solares). Asimismo, es una verdad conocida por todos la sistemática transgresión al esatuto constitucional y al principio de división de poderes, que durante su ejercicio de gobierno ha sido una constante en el comportamiento de López Obrador.
Ejemplos de esto último son la permanente intervención ilegal del presidente en el proceso electoral; así como los reitertados desacatos al procedimiento legislativo, cometidos por las bancadas de diputados afines al mandatario, bajo la consigna de aprobar las iniciativas de reforma en materias energética, y electoral promovidas por el titular del Ejecutivo; y la abierta y constante diatriba que en forma desaseada ha lanzado el Presidente contra el Poder Judicial. Es evidente la incongruencia del contradictorio discurso que maneja López Obrador, pues en el actual conflicto contra Ecuador pretende erigirse en adalid de la legalidad y el orden, mientras los hechos de su gestión demuestran la arbitrariedad y el autoritarismo que caracterizan a su estilo personal de gobernar.
Otro asunto en el que se ha revelado una clara contradicción es el relativo a la postura de Arturo Zaldívar, ministro en retiro y ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), frente a las acusaciones e investigación surgidas en su contra por presuntas conductas irregulares durante su ejercicio al frente del Poder Judicial. En reacción a la denuncia anónima y el correspondiente proceso investigatorio iniciados en la SCJN contra Zaldívar, por supuestos actos de coacción cometidos por éste contra jueces, para obligarlos a dictar sentencias “a modo” cuando presidió a dicha institución, el ministro en retiro ha intentado acusar a la ministra Norma Piña, actual presidenta de la SCJN, señalando que ésta no solo carece de facultades para investigar el caso, sino que busca politizar el asunto con la finalidad de favorecer a intereses partidistas.
El senador Germán Martínez ha confirmado públicamente la solidez de las acusaciones de corrupción contra Zaldívar por coerción y hostigamiento ejercidos contra jueces y magistrados, pues durante su reciente participación en el programa del conocido periodista Ciro Gómez Leyva, afirmó que existen evidencias fotográficas de reuniones secretas en las cuales altos funcionarios del gabinete de AMLO, tales como los Secretarios de Denfensa, Marina, Relaciones Exteriores y Seguridad, se entrevistaban con el enviado especial de Zaldívar, Carlos Alpízar, para acordar con éste la forma y el sentido en que “debían” emitirse las resoluciones de ciertos asuntos (expedientes judiciales) que le “interesaban” al presidente López Obrador.
La reacción de Zaldívar resulta falsa e ineficaz, pues carece de sustento técnico lógico y moral. La falsedad de los argumentos de Zaldívar, así como la ineficacia que de ello se deriva, se deben a que de manera contraria a lo que él afirma, la ministra Piña sí tiene atribuciones para investigar la denuncia presentada, pues como presidenta de la SCJN y del Consejo de la Judicatura, tiene el deber jurídico y ético de investigar y corregir las conductas anómalas o irregulares en que eventualmente hayan incurrido durante su desempeño los integrantes del Poder Judicial.
Además, es incongruente la acusación de politización que Zaldívar lanza contra su sucesora Norma Piña, pues aunadas a las evidencias periodísticas que fortalecen la hipótesis de que aquél verdaderamente se plegó a los intereses políticos del presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, las reuniones secretas reveladas por Germán Martínez confirman la forma en que Zaldívar sometió su investidura de presidente de la SCJN a los designios políticos e ideológicos del titular del Poder Ejecutivo. En adición a lo ya expresado, otro hecho indiscutible que demuestra la afinidad política del ministro Zaldívar al mandatario nacional y MORENA, es su renuncia a la SCJN para incorporarse a la campaña electoral de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial morenista. Resulta claro que no es la ministra Norma Piña, sino el ministro en retiro, Arturo Zaldívar, quien como presidente de la SCJN actuó con parcalidad, bajo influencia político-partidista
