La columna
POR CARLOS JARAMILLO VELA
· La SCJN y la inconstitucionalidad del gobierno de AMLO.
En los próximos días el pleno de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) habrá de analizar y decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las reformas a leyes en materia electoral efectuadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. Más adelante, en el momento pertinente el mismo alto órgano jurisdiccional entrará a debatir y resolver respecto a otras reformas legales recientemente aprobadas durante la noche del viernes 28 de abril de 2023. Tanto unas como otras modificaciones a la ley han sido seriamente cuestionadas por actores políticos opositores al partido del presidente así como por medios de comunicación, la razón de tales cuestionamientos radica en los modos y las formas que durante la gestión lopezobradorista se han venido empleando repetidamente para aprobar al vapor y sin acato a las normas y procedimientos parlamentarios las iniciativas presidenciales.
No obstante los desaseados mecanismos a través de los cuales el presidente López Obrador, sus legisladores y partidos aliados han logrado efectuar reformas legales a modo para favorecer los intereses político-electorales del presidente y su partido, la última palabra la tendrá la SCJN, ya que es en esta instancia donde se determinará si las controvertidas reformas ordenadas por el presidente han sido o no apegadas al derecho y la Constitución, y por consecuencia si son o no constitucionales. El día 8 de mayo el pleno de ministros de la SCJN dará inicio al análisis del proyecto de resolución respecto a las acciones de inconstitucionalidad que se promovieron contra el llamado Plan B de la reforma electoral impulsada por López Obrador; la determinación que llegue a adoptar ese alto tribunal en este asunto tiene especial trascendencia porque el proceso electoral del año 2024 se encuentra próximo a iniciar, de manera que una eventual declaración de inconstitucionalidad significaría un revés jurídico y político para el presidente López Obrador.
Luego de la decisión que la SCJN emita sobre el controversial Plan B del mandatario vendrán las resoluciones que en su oportunidad ese órgano jurisdiccional deberá emitir respecto a las reformas aprobadas en la sesión de la llamada “noche negra” del 28 de abril de 2023, cuando en forma atropellada así como mediante inobservancias y omisiones a los procedimientos parlamentarios los senadores afines al presidente López Obrador aprobaron apresuradamente una veintena de reformas, entre las que sobre salieron la desaparición de la Financiera Rural, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). Además, en dicha sesión los senadores oficialistas incumplieron el compromiso que habían hecho para designar a un comisionado del Instituto de Transparencia (INAI) y permitir así que este instituto, actualmente incompleto, pueda sesionar y resolver los asuntos de su
competencia. Resulta claro que el presidente López Obrador se opone a transparentar su ejercicio de gobierno.
Recientemente la SCJN protagonizó un episodio digno de su papel como garante del respeto a la Constitución, al declarar inconstitucional la transferencia y subordinación de la Guardia Nacional al mando de Ejército, maniobra esta última que por instrucciones del presidente López Obrador habían efectuado sus legisladores afines haciendo caso omiso tanto de la Constitución como de los protocolos y directrices que norman el proceso legislativo, generando enorme controversia jurídico-política.
Las resoluciones que adopte la SCJN sobre las acciones de inconstitucionalidad que han sido interpuestas ante ese órgano respecto al llamado Plan B de la reforma electoral, así como respecto a las otras reformas indebidamente aprobadas, podrían constituir la más clara e inobjetable evidencia de la proclividad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a violar de manera reiterada y sistemática la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Frente al actual escenario de transgresiones a la Constitución y a las normas parlamentarias, originado por la ciega obediencia de los legisladores sometidos a la voluntad del presidente López Obrador, hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra en una etapa crucial para hacer valer la supremacía Constitucional, y para confirmar de una vez por todas la independencia del Poder Judicial respecto a los otros dos poderes del Estado.
